Representantes del gobierno de Colombia y del ELN, la segunda organización insurgente del país, buscarán desde este martes en La Habana la ruta para una negociación de paz que incluya la protección de los civiles no combatientes.
En la reunión que se prologará hasta este jueves participarán también representantes de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional, con los que, según el embajador de Colombia en Cuba, Julio Londoño, se abordarán «los asuntos fundamentales de la agenda prevista».
Tanto el gobierno como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) consideran entre los «asuntos fundamentales de la agenda» la participación de la sociedad civil y de la comunidad internacional en el proceso de negociación.
El gobierno espera «poder concertar parámetros para que el diálogo sea efectivo y para que se vayan dando pasos evidentes hacia la concertación la paz y de la tranquilidad», dijo Londoño a la radioemisora colombiana Caracol.
La participación de la sociedad civil y de la comunidad internacional permitiría, según algunos analistas, orientar el diálogo en corto tiempo hacia la búsqueda de acuerdos para proteger a la población no combatiente, principal víctima del conflicto armado.
Jorge Rojas, coordinador de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codees), dijo a IPS que la sociedad colombiana está «convencida de que el diálogo es la única vía para salir de la guerra».
Rojas demandó el «pleno acatamiento del derecho internacional humanitario», que garantiza el bienestar de los civiles no combatientes en conflictos armados.
«Seguir actuando contra la población civil no sólo degrada el conflicto de más de cuatro décadas que vive el país sino que mina la credibilidad que las partes se abrogan cuando intentan justificar su estéril lucha», afirmó el activista.
El ELN descongeló las conversaciones con el gobierno el 25 de noviembre en Cuba, al acordar «una agenda de transición hasta la terminación del actual gobierno», el 7 de agosto próximo, con miras a iniciar un diálogo formal con el siguiente.
La agenda, en cuyo marco se realiza la reunión en La Habana, contempla la realización de reuniones y foros con distintos sectores de la sociedad para «propiciar iniciativas y propuestas sobre temas específicos de interés nacional, como el derecho internacional humanitario, los recursos energéticos».
En esas instancias también se establecerán otros puntos, «que serán decididos de común acuerdo entre las partes».
Según el documento, las conclusiones de los foros serán llevadas a una convención nacional en la que se definiría la agenda de negociación con el gobierno entrante.
No obstante, para el ex guerrillero León Valencia, de una fracción disidente del ELN legalizada durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1989), el acuerdo que se alcanzó en La Habana «apunta más a restablecer la confianza perdida que a avanzar en una negociación».
Más allá de las deliberaciones acordadas, el diálogo entre el gobierno y el ELN queda rezagado a los ojos de la sociedad respecto del cronograma de negociaciones entre el gobierno y la principal organización insurgente del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo Valencia.
Ese cronograma, acordado entre el gobierno y las FARC la semana pasada, establece el 7 de abril como plazo para un acuerdo de cese del fuego y de hostilidades.
Valencia sostuvo que el ELN debería aprovechar «en un acto de audacia» las instancias de diálogo programadas con organizaciones de la sociedad civil y representantes de países extranjeros y de la comunidad nternacional «para llegar a acuerdos en temas clave como la tregua y el derecho internacional humanitario».
Tras la firma de la agenda acordada en La Habana, el ELN declaró una una tregua unilateral del 18 de diciembre hasta el 6 de enero para demostrar su voluntad de paz.
Así, se suspendió la detonación de torres de transmisión de electricidad, de puentes y de oleoductos, así como los secuestros, el bloqueo de carreteras, los ataques a poblaciones y las operaciones militares.
Alejo Vargas, miembro de la comisión de civiles que facilitó el acercamiento del ELN con el gobierno, dijo que «si las cosas evolucionan positivamente», la tregua podría ser el inicio de un cese de hostilidades de mayor duración.
La guerra civil entre las autoridades y el ELN le costó al país en 2001 cerca de 13 millones de dólares. Además, la organización secuestró a más de 300 personas.
Entre los ataques figuraron 170 atentados con explosivos a oleoductos, que causaron el derrame de 400.000 barriles de petróleo, y la destrucción de 250 torres de transmisión de energía.
Cada día mueren en Colombia 20 personas a causa de la guerra civil, cinco de ellas en combates directos.
La no celebración de la convención nacional solicitada por el ELN con representantes de la sociedad civli ha sido el principal obstáculo para el inicio formal de las negociaciones de paz entre el gobierno y esta organización insurgente.
Para algunos analistas, la tregua podría facilitar la realización de la convención.
El ELN anunció su propósito de iniciar un proceso formal de paz en julio de 1998, para lo que pidió al gobierno la desmilitarización de una zona del septentrional departamento de Bolivar para realizar la convención nacional.
El presidente Andrés Pastrana anunció que estaba dispuesto a ordenar la desmilitarización del área, que no se realizó por la oposición de pobladores de la zona, presionados por paramilitares de derecha.
El portavoz de los opositores a la desmilitarización, Celso Martínez, afirmó que si el ELN decreta la tregua dejarán de lado sus pretensiones para permitir la realización de la convención nacional. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
