El asesinato del alcalde Celso Daniel, uno de los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, confirmó que está en marcha una campaña terrorista contra esa fuerza de izquierda con posibilidades de alcanzar el gobierno.
El presidente del PT, el diputado José Dirceu, señaló que es «una conspiración» contra ese partido de oposición, tras asegurar que fue «un crimen político» la muerte de Daniel, alcalde de Santo André, un municipio industrial de 650.000 habitantes cercano a la meridional ciudad de Sao Paulo.
El 10 de septiembre también fue asesinado un dirigente del PT, Antonio da Costa Santos, alcalde de Campinas, otra de las principales ciudades del país. La policía no ha identificado hasta ahora a los autores de esa muerte.
Además, en los últimos tres meses se registraron por lo menos otros cuatro atentados contra la vida de alcaldes y concejales de la misma fuerza izquierdista en el estado de Sao Paulo.
El alcalde de Embú, Geraldo Cruz, resultó ligeramente herido por un atentado con bombas contra su vivienda, mientras su secretario también fue víctima de un ataque similar.
En tanto, varios hombres armados y con el rostro cubierto por capuchas invadieron la hacienda del alcalde de Ribeirao Corrente, Airton Luiz Montagner, en momentos en que no se encontraba en el lugar. Alertado por sus empleados a través de un teléfono celular, pudo enviar a la policía.
También se informó que residencias y automóviles de otras autoridades locales del estado de Sao Paulo, pertenecientes al PT, fueron atacados a balazos.
Mientras, un denominado Frente de Acción Revolucionaria Brasileña (FARB) envió cartas por correo común y a través de la red mundial de computadoras con amenazas de muerte a decenas de alcaldes y parlamentarios del PT.
«No podemos creer en coincidencias», declaró Luis Inacio Lula da Silva, presidente honorario del PT y uno de los favoritos para ganar las elecciones de octubre, según encuestas que en promedio la otorgan 30 por ciento de la intención de voto de los consultados.
Lula coincidió con Dirceu en que el asesinado de Daniel, cuyo cadáver con 18 balazos en la espalda y en el rostro fue encontrado el domingo, tuvo carácter político y «premeditado».
Sin embargo, la mayoría de los investigadores policiales entienden que el secuestro de Daniel, ocurrido el viernes pasado por la noche, fue con intención de pedir un rescate por dinero a cargo de delincuentes comunes.
En un atentado político se ejecuta de inmediato a la víctima y no incluye por lo general el secuestro por casi 24 horas, explicaron policías con experiencia en esos delitos, como José Vicente da Silva, ex secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo y hoy investigador de una organización no gubernamental.
Daniel había cenado en un restaurante de Sao Paulo y en el camino de regreso a Santo André, a unos 20 kilómetros de local, el automóvil en el que viajaba, conducido por un empresario amigo, fue perseguido y atacado por un grupo armado que se trasladaba en dos vehículos.
Pero sólo el alcalde fue llevado por los secuestradores. El cuerpo de Daniel fue encontrado el domingo por la mañana en Juquitiba, a 70 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, cerca de una carretera que lleva al sur del país.
La tesis de crimen común no explica la ausencia de una exigencia pecuniaria o de cualquier especie por parte de los secuestradores. Además, la secuencia de atentados parece no dejar dudas de que el PT es el blanco de los atacantes.
El principal partido de la izquierda brasileña obtuvo un avance espectacular en las elecciones municipales de 2000, en especial en el estado de Sao Paulo, donde conquistó la mayor parte de las alcaldías de grandes ciudades, como la capital, que tiene 10,4 millones de habitantes, y Guarulhos y Campinas, con más de un millón cada una.
Por su parte, Daniel fue reelegido en esos comicios como alcalde de Santo André, una de las grandes ciudades industriales del país, con 70 por ciento de los votos válidos.
El dirigente del PT secuestrado el viernes se destacaba como un alcalde de muy buena gestión y su popularidad superaba los límites del partido. Contaba con el apoyo de 18 de los 21 concejales de Santo André.
La muerte de Daniel provocó un sentimiento «de orfandad» en la ciudad, dijo a IPS el secretario en ejercicio de Cultura de Santo André, Alexandre Takara.
El alcalde Daniel, además, ejercía un fuerte liderazgo en la región del ABC, un conjunto de municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Sao Paulo que concentraba en el pasado la industria metalúrgica, en especial las fábricas de automóviles.
La zona del ABC afronta en la actualidad una transformación hacia ciudades de servicios, debido a la emigración de las industrias hacia el interior de Sao Paulo u otros estados del país.
En ese marco, Daniel coordinaba el grupo de intelectuales y políticos del PT que elabora el programa a ser presentado por Lula en la campaña electoral a la presidencia.
El FARB es una organización desconocida y se duda de que efectivamente haya asesinado al alcalde de Campinas, como reivindicó en noviembre.
El grupo cuenta con un sitio en Internet en el que afirma que cuenta con más de 50 militantes dispuestos a ejecutar «crímenes sin precedentes» para penalizar a corruptos y «traidores de partidos de izquierda» que se acercan a posiciones de centroderecha sólo para alcanzar el poder, como señalan está haciendo el PT.
El manifiesto parece indicar que se trata de algún grupo de ultraizquierda, que lucha contra la moderación actual del PT. Pero el lenguaje no recuerda la retórica marxista de tales grupos.
Los atentados contra dirigentes del PT hacen recordar la serie de explosiones provocadas en 1980 por grupos radicales de derecha, descontentos con el proceso de retorno a la democracia. Una bomba colocada entonces en el Colegio de Abogados de Brasil provocó la muerte de una funcionaria.
La ola terrorista de entonces llegó a su fin cuando una bomba que explotó en un automóvil en Río de Janeiro mató a un sargento e hirió a un capitán, ambos del ejército de Brasil.
Esa explosión dejó en evidencia que los dos oficiales preparaban un atentado contra un acto en celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de Mayo, en que hubieran muerto miles de personas. Sin embargo, una investigación del ejército concluyó en que el blanco era esa fuerza militar.
El estado de Sao Paulo, el más rico e industrializado del país, es un centro tradicional de corrientes conservadoras radicales, que alimentan el liderazgo de Paulo Maluf, ex gobernador estadual durante la dictadura militar, que se inició en 1964.
Maluf aún cuenta con bastante popularidad, pese a los numerosos casos de corrupción en que está involucrado. Analistas suponen que el avance del PT pudo haber asustado a los sectores más conservadores.
Sao Paulo afronta también una severa crisis de seguridad, con un fuerte incremento de la criminalidad. En 2001 se registraron 307 secuestros, 125 por ciento más que el año anterior, dato que favorece la hipótesis de crimen común y no político en los asesinatos de los dos alcaldes del PT. (FIN/IPS/mo/dm/ip/02
