Campesinos bolivianos iniciaron este viernes una masiva protesta contra la expulsión del parlamento del diputado y líder cocalero Evo Morales, debida a la muerte de un soldado y un policía en disturbios de la semana pasada.
Cientos de campesinos realizaron varios bloqueos «relámpago» en el centro del país, y en particular, en la carretera que une a las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, donde pasa más de la mitad del comercio exterior boliviano.
El gobierno desplegó un fuerte operativo militar en la central región de Chapare, desencadenando enfrentamientos esporádicos que terminaron con varios heridos. El ejército detuvo a Filemón Escobar, de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, presidida por Morales.
La separación de Morales del parlamento, resuelta el miércoles por la Cámara de Diputados, «va a convulsionar el país. Todo el trópico (de Cochabamba) está militarizado y habrán más bloqueos. Esperamos que en las próximas horas todas las federaciones campesinas se adhieran», dijo a IPS Luis Cutipa, vicepresidente de la Coordinadora.
Familiares de un militar y un policía muertos el viernes 18 en la zona cocalera del Chapare acusaron a Morales ante la comisión de Etica de la Cámara de Diputados de ser el autor intelectual de los crímenes. En los mismos disturbios también fueron muertos otros dos militares y tres campesinos.
Los productores del Chapare exigen el libre cultivo y comercialización de la coca, su medio de subsistencia.
Los legisladores censuraron a Morales por violar el artículo 20 del reglamento de Etica, al incitar actos violentos, amenazar al gobierno e incluso promover la subversión.
Luego de siete horas de sesión, 104 diputados votaron por la expulsión, 14 se pronunciaron en contra de la propuesta y otro se abstuvo. La pérdida de su escaño y de sus fueros parlamentarios expone a Morales a la acción de la justicia penal.
Organizaciones sindicales y campesinas acusaron a los cinco partidos políticos tradicionales, que dejaron de lado sus discrepancias para acordar la destitución, de orquestar una sanción contra los productores de coca y los pobres.
Morales, un campesino de 42 años elegido en 1997 diputado por la circunscripción del Chapare, responsabilizó al gobierno de las muertes de la semana pasada y anunció una huelga de hambre en protesta por la decisión legislativa.
«No fui expulsado por corrupto, delincuente ni por ser paramilitar. Me siento orgulloso de que la clase política corrupta me expulse», afirmó.
Morales pertenece a una familia campesina aymara, originaria de la occidental ciudad de Oruro, que se instaló a fines de los 70 en el Chapare para dedicarse al cultivo de coca, luego de que el cierre de las minas de estaño dejara a 30.000 familias en la miseria.
El dirigente continuaba este viernes en huelga de hambre, cuando se presentó voluntariamente a prestar declaración ante el Fiscal de la Policía Técnica de Cochabamba.
Mientras, la Confederación de Campesinos realizaba su congreso «Encuentro Tierra y Territorio» en la central ciudad de Sucre para decidir nuevas medidas de protesta contra la decisión de la Cámara de Diputados.
«El congreso elaborará un documento político-revolucionario en apoyo al compañero Evo Morales», aseguró el presidente de la poderosa Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos Bolivianos, Felipe Quispe, conocido como «El Malku» (el cóndor, en idioma aymara).
«Estamos indignados profundamente por este último hecho. No anunciaremos nuestras medidas por seguridad. Nosotros nos caracterizamos por manejar debajo del poncho nuestras estrategias», precisó
El periódico La Prensa, de La Paz, señaló este viernes que Morales podría convertirse en el cuarto de los principales dirigentes sindicales que afrontan acusaciones en la justicia por su actividad frente a los movimientos sociales.
Los otros tres son Oscar Olivera, acusado de instigación pública a delinquir, Angel Durán, por supuesta autoría intelectual de un homicidio, y Quispe, quien tiene un proceso abierto por sus actividades en el insurgente Ejército Guerrillero Tupac Katari a principios de los años 90.
Los campesinos pretenden el libre cultivo y venta de coca, principal producto de los agricultores del Chapare, y la liberación de los dirigentes detenidos en Cochabamba, señaló Cutipa.
El gobierno boliviano lleva adelante un plan con apoyo de Estados Unidos para erradicar 17.000 hectáreas de cultivos de coca.
La amenaza de los campesinos fue rechazada por el presidente Jorge Quiroga, quien afirmó que no dialogará con los asesinos de los uniformados y que aplicará la ley contra los culpables.
Quiroga recibió el jueves la visita del presidente peruano Alejandro Toledo, quien permanecerá en Bolivia hasta este sábado.
Toledo ofreció al gobierno de Quiroga los puertos peruanos de Ilo y Matarani para la exportación del gas natural boliviano a Estados Unidos y México.
Se trata de una operación por 6.000 millones de dólares en la que también intenta participar Chile. (FIN/IPS/rp-ff/ip/02
