La Iglesia católica logró en Chile una «victoria valórica» al bloquear, por lo menos hasta marzo, la ratificación en el Senado del protocolo facultativo de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer.
El ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, confirmó el martes pasado que el presidente Ricardo Lagos retiró de la cámara alta el protocolo, duramente cuestionado hace dos semanas por el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.
El gobierno de Lagos optó por el retiro ante el inminente rechazo del texto en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aunque la explicación oficial de Muñoz fue que se buscará «una discusión más prolongada y profunda» a partir de marzo, cuando sea presentado otra vez.
La jerarquía católica, encabezada por el cardenal Errázuriz, sostuvo que el protocolo facultativo de la convención podría dar pie para que en Chile se legalice el aborto, por la vía de la interpretación de sus disposiciones.
La Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue promulgada como ley en Chile en 1989, en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 1990).
El posterior protocolo facultativo, con que se busca cubrir falencias operativas de la Convención, fue suscrito en 1999 por el entonces presidente demócrata cristiano Eduardo Frei.
Chile fue el primer país miembro de la ONU en firmar el protocolo, cuya ratificación legislativa dio su primer paso en la Cámara de Diputados en agosto de 2000, cuando Lagos ya había asumido el gobierno.
El mandatario, con el fin de completar la ratificación, incluyó el respectivo proyecto de ley en la convocatoria de la legislatura extraordinaria, que el Senado debe despachar en enero.
Tras el retiro del protocolo, corresponde ahora que sea sometido al Senado el 11 de marzo, cuando se inicia la llamada legislatura ordinaria con la instalación de un nuevo parlamento.
El 16 de diciembre se realizaron los comicios para renovar los 120 escaños de la Cámara de Diputados y 18 de los 38 cargos del Senado de elección popular.
El gobierno espera que con los nuevos senadores se produzca un cierto giro hacia el progresismo en esa cámara, que permitiría la ratificación del controvertido protocolo.
La decisión de Lagos de posponer la votación fue criticada por el senador derechista Sergio Romero, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, quien dijo que «el gobierno está más preocupado por evitar una votación contraria que por resolver un tema de fondo».
En cambio, los senadores Gabriel Valdés, de la Democracia Cristiana, y Carlos Ominami, socialista, ambos de la coalición gobernante, calificaron de razonable la estrategia del gobierno, que arriesgaba una derrota si insistía en la aprobación inmediata del protocolo.
Valdés era partidario de ratificar el protocolo con reservas, para impedir que el país cediera eventualmente su soberanía ante el comité de 23 expertos que supervigila su cumplimiento en cada país.
Las facultades del comité fueron el aspecto mas polémico de la presentación del cardenal Errázuriz, quien fue escuchado en una sesión especial de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
En rigor, el protocolo no menciona los conceptos de «género» y «derechos reproductivos», que han sido permanentemente objetados por el Vaticano y organizaciones conservadoras que se proclaman antiabortistas.
Errázuriz y otros prelados sostuvieron que el protocolo abre, sin embargo, una vía para legalizar el aborto al señalar la obligación de los Estados de proporcionar a la mujer los medios para el cuidado de su salud, incluyendo la planificación familiar.
Con esos preceptos, si una mujer estima que la práctica de un aborto terapéutico es necesaria para la preservación de su salud, podría invocar el protocolo y es probable que el comité le dé la razón, argumentó la Iglesia Católica.
La dictadura de Pinochet proscribió el aborto terapéutico en 1988, con lo cual provocó un aumento de esas prácticas clandestinas, que ascienden entre 150.000 y 200.000 al año, según sostienen organizaciones femeninas.
Las aprensiones de los grupos conservadores y de la jerarquía católica contra el comité hacen pie en el informe que sus expertos emitieron sobre Chile en 1999.
En ese estudio se «recomienda al gobierno (chileno) que promueva el cambio de aptitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto».
Otra recomendación al gobierno fue que «apoye enérgicamente leyes que autoricen el divorcio» y que modifique la legislación vigente «con el objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, incluida la salud mental».
El obispo Javier Prado, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile, opinó que las recomendaciones del comité constituyen una forma de colonialismo cultural, a partir de «una única visión limitada, reductiva, sobre la familia y la dignidad y los derechos de la mujer».
Jorge Carvajal, líder de la masonería chilena, sostuvo que la Iglesia Católica intenta imponer sus particulares concepciones a creyentes y no creyentes y sostuvo que «los peores colonialismos son los religiosos e ideológicos, que se arrogan de modo paternalista la custodia moral de toda la sociedad y, en particular, de la familia».
Enrique Palet, portavoz de la Conferencia Episcopal, declinó calificar como un triunfo de Errázuriz el retiro del protocolo del Senado.
«El cardenal no está en una batalla con victorias y derrotas para nadie», dijo Palet, quien consideró la decisión de Lagos como prudente, ya que «busca conciliar los compromisos internacionales de Chile con el respeto por la cultura y los valores del pueblo chileno».
Ximena Zabala, directora del Instituto de la Mujer, se declaró contraria «a los poderes fácticos que todavía intervienen en democracia» y opinó que la Iglesia Católica «tiene un peso desmesurado en este debate». (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
