El presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, decidió convocar a todos los sectores del país a un gran acuerdo nacional en torno de políticas de Estado para superar la crisis y evitar un nuevo estallido social.
El diálogo, que comenzará este martes al amparo de la Iglesia Católica, incluirá a los partidos políticos, empresarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales y profesionales, y la meta es lograr en 60 días un consenso básico, que luego sería traducido en medidas de acción concreta avaladas por el Congreso.
Duhalde se proponía realizar su llamado mediante cadena nacional de radio y televisión, según información confirmada por la secretaría general de la presidencia.
La convocatoria es similar a la que la Iglesia Católica solicitó sin éxito en los últimos momentos del gobierno de Fernando de la Rúa, que renunció el 20 de diciembre.
Ahora, Duhalde se propone concretarla, cuando aumenta la tensión social por la falta de solución a una de las más graves crisis económica, social y política de la historia de este país.
La tensión social sigue latente y se suceden actos de violencia, como este lunes, cuando trabajadores desocupados pertenecientes a la organización izquierdista Corriente Clasista Combativa se enfrentaron con vendedores del Mercado Central de Frutas y Verduras que se negaban a entregarles alimentos.
Mientras, el viceministro de Economía, Jorge Todesca, comparó el descalabro económico argentino con lo que sucede en un país en guerra, y señaló que resolver el problema del dinero de los ahorristas retenido en los bancos sería como desactivar una bomba. «Si cortamos mal un cable, la bomba estalla», dijo.
«Si esa bomba se desactiva antes de mediados de año y la economía se estabiliza, entonces el producto dejará de caer y habrá una recuperación muy suave hacia fin de año, pero no crecimiento», anunció el funcionario en un mensaje similar en dramatismo al que había hecho Duhalde en la víspera.
Todesca dijo que el gobierno procura flexibilizar las restricciones al movimiento de depósitos dispuestas el jueves, que provocaron una nueva protesta de miles de personas, quienes se lanzaron a las calles la noche de ese mismo día golpeando cacerolas en unos 60 barrios de la capital.
«La destrucción económica ocurre a mucha mayor velocidad que la reconstrucción. Nosotros no estamos convencidos de que vamos a desactivar la bomba, sólo estamos convencidos de estar haciendo el máximo esfuerzo para lograrlo», apuntó.
Por eso «necesitamos un amplio consenso», aclaró Todesca, antes del llamado presidencial a la concertación, que contará con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Obispos católicos anticiparon que los puntos a tratar en el diálogo no serán de coyuntura, pero sí «los que la sociedad reclama», como independencia de la justicia, atención a los más débiles y renuncia de los políticos a sus privilegios, entre otros.
La convocatoria a un diálogo plural había sido reclamada por la Iglesia Católica en los últimos tramos de la presidencia de De la Rúa, quien llegó a reunirse con obispos, políticos, delegados del PNUD, empresarios y sindicatos en la víspera de su dimisión y cuando ya se había desatado una ola de saqueos.
En esa oportunidad, los participantes le recomendaron a De la Rúa remover al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Pero el mandatario elegido en 1999 se negó y abandonó esa reunión argumentando que tenía «otros compromisos».
Al salir del edificio en el que se realizaba el encuentro el 19 de diciembre, un grupo de manifestantes lo insultó y le arrojó una piedra.
De la Rúa tenía por entonces las horas contadas y el diálogo multisectorial también. Poco después, el saqueo de comercios y las manifestaciones de protesta, a las que se incorporó la clase media, causaban la renuncia de Cavallo y del propio De la Rúa.
La Iglesia Católica busca desde entonces relanzar un diálogo nacional, pero ahora propone que Duhalde se coloque a la cabeza de la convocatoria para tejer una red de sustento amplio a su gobierno, al que accedió designado por el Congreso el 1 de este mes para gobernar hasta diciembre de 2003.
Con fuerte predicamento en los sectores pobres y una amplia red de ayuda social que en estos días está siendo superada por la demanda, la Iglesia quiere desactivar un conflicto social latente, que se expresa en cotidianos episodios de violencia.
Uno de esos actos violentos fue protagonizado este lunes por miles de trabajadores desocupados y vendedores del Mercado Central de La Matanza, localidad ubicada en el área metropolitana de Buenos Aires, que distribuye 40 por ciento de las frutas y verduras a los comercios del país.
Los desempleados, nucleados en la Corriente Clasista Combativa, exigieron alimentos para 8.600 familias tras rechazar una oferta de ayuda para 1.800. Luego de unas horas de tensión, los trabajadores del mercado salieron munidos de palos y se enfrentaron con los manifestantes, quienes les arrojaron piedras.
«Acá va a haber un baño de sangre, pues si nos atacan podemos ser muy violentos», declaró el presidente de la Asociación de Frutas y Verduras de la provincia de Buenos Aires, Jorge Basile. Los desocupados se replegaron luego de que uno de ellos fuera herido de gravedad, pero amenazan volver.
En tanto, empleados de la empresa petrolera hispano-argentina Repsol-YPF reclamaron el pago de sus salarios de diciembre y de aguinaldo, con el corte del tránsito en la autopista que pasa frente a la destilería ubicada en La Plata, la capital de la centrooriental provincia de Buenos Aires.
Una protesta similar por atraso en sus sueldos llevaron a cabo maestros de esa misma provincia ante la sede de la gobernación, mientras amas de casa de los suburbios de la capital argentina amenazan con manifestar al son de cacerolas frente a las puertas de supermercados si éstos siguen aumentando el precio de los alimentos.
Así, aunque con menos atención, ocurren todo tipo de episodios de violencia relacionados con la crisis. El domingo fue abatido por la policía un joven de 18 años que había robado monedas de la máquina expendedora de boletos de un autobús en Ingeniero Budge, una localidad cercana a la capital del país.
En La Matanza, cerca del lugar de este hecho, el dueño de un almacén, de 83 años y quien aseguró que dormía en su local con una pistola bajo la almohada desde la ola de saqueos de diciembre, mató a un hombre de 28 años que intentó entrar al comercio para robar comestibles. (FIN/IPS/mv/dm/ip/02
