Japón ha gastado casi 320 millones de dólares para comprar votos en la Comisión Ballenera Internacional en busca de que se levante la prohibición de captura a gran escala de ballenas, aseguró este miércoles en la capital española la organización Greenpeace.
«El gobierno japonés está decido a restablecer la caza de ballenas a cualquier precio», dijo a IPS María José Caballero, responsable de la campaña del grupo ambientalista internacional Greenpeace para preservar esos cetáceos.
Los activistas de la organización ambientalista se manifestaron frustrados después de realizar una expedición por la Antártida y perseguir por seis semanas a la flota japonesa, a bordo del barco MV Arctic Sunrise.
Caballero explicó que, pese a todos los esfuerzos realizados para asegurar la supervivencia de esos grandes mamíferos, el dinero puede ser el factor decisivo para su futuro.
Una investigación realizada por Greenpeace ha sacado a luz el monto utilizado por Japón, que el grupo califica de «asombroso», para tratar de levantar la prohibición de capturar ballenas, aprobada en 1986 por la Comisión, que fuera establecida en 1949 por la Convención Internacional para Regular la Caza Ballenera.
Aseguraron que sólo el año pasado emplearon más de 50 millones de euros (44 millones de dólares) para comprar los votos de seis países.
Los ambientalistas agregaron que ese dinero aparece justificado en la Agencia de Pesca de Japón como ayuda pesquera, pero el primer ministro de Antigua y Barbuda, Lester Bird, admitió que la asistencia era concedida a cambio de votos en la Comisión Ballenera Internacional.
Hasta ahora nadie había explicado a los contribuyentes japoneses que debían asumir este coste, puntualizó Caballero.
Datos oficiales del Instituto de Investigación de Cetáceos indican que la ayuda pesquera supera los 236 millones de euros (208 millones de dólares), mientras que los subsidios para investigación científica son de 127 millones de euros (112 millones de dólares).
La cantidad total utilizada desde el comienzo de la moratoria sobre la caza de ballenas en 1987 es, por lo tanto, superior a los 360 millones de euros (317 millones de dólares).
Pero el estudio de Greenpeace señala que a esa cifra hay que sumarle las campañas publicitarias realizadas por el gobierno japonés, contratando a grupos de presión internacionales y a una firma de relaciones públicas para sostener su posición ante la opinión pública mundial.
«Mientras la economía japonesa está en recesión, nuestro gobierno está malgastando billones de yenes (moneda local) para forzar al mundo a reanudar la caza de ballenas», declaró Yuko Hirono, responsable de la campaña de Greenpeace en ese país.
El ambientalista añadió que «Japón no debería utilizar estos métodos poco limpios para conseguir sus propósitos» y precisó que «cada japonés paga por ello, incluso sin saberlo».
Yuko es uno de los 30 activistas de Greenpeace que a bordo del MV Arctic Sunrise han tenido que sufrir las duras condiciones de la Antártida para intentar detener la captura de cetáceos.
Todos ellos han sido testigos de cómo los arpones alcanzaban a las ballenas y han intentado impedirlo, quedando expuestos a los potentes cañones de agua disparados desde el barco ballenero factoría japonés Nisshin Maru.
Fuentes de Greenpeace admitieron con pesar que el programa de compra de votos de la Agencia de Pesca está dando sus frutos.
Así, recuerdan que en la reunión de 1993 de la Comisión Ballenera Internacional eran sólo cuatro los países a favor de levantar la prohibición, en 1999 se sumaron tres, luego Japón consiguió el apoyo de un octavo país y el año pasado fueron «otros dos las naciones que aceptaron soborno», indicó Caballero.
La Agencia de Pesca de Japón disfruta actualmente del apoyo de 10 naciones que han recibido subsidios: Antigua y Barbuda, Dominica, Guinea, Granada, Marruecos, Panamá, San Cristóbal-Nevis, San Vicente, Santa Lucía y Salomón.
Todos ellos, excepto Marruecos, votan junto con Japón en cada sesión de la Comisión Ballenera Internacional.
Los votos de esos países y los de Corea del Sur, China, Noruega y Rusia, que siguen a Japón por otras razones, significan que el gobierno japonés necesita ganar tan sólo cuatro votos más para conseguir la mayoría en la Comisión Ballenera Internacional y lograr la liberalización de la caza de ballenas.
En la reunión que la Comisión realizada en julio en Londres, los países que se oponen a la caza, entre ellos Estados Unidos, volvieron a condenar a Japón.
En esa oportunidad, aunque Japón y Noruega no alcanzaron su objetivo de levantar la prohibición, se anotaron un triunfo, pues lograron detener la creación de dos santuarios balleneros, uno en el sur del océano Atlántico y otro en el Pacífico, propuesta apoyada por varios países latinoamericanos como México, Brasil y Argentina. (FIN/IPS/af/dm/en/02
