El gobierno de España enviará este viernes al parlamento el pedido de ratificación del Protocolo de Kyoto, convenio internacional para reducir la emisión de los gases invernadero que causan el recalentamiento planetario.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros «previsiblemente» aprobará el pedido de ratificación del Protocolo, mientras fuentes próximas a la cartera indicaron que la decisión está asegurada.
El presidente del gobierno José María Aznar manifestó su deseo de que los 15 países de la Unión Europea ratifiquen el Protocolo en este semestre, durante el cual el mandatario español ejerce la presidencia rotativa del bloque.
Una vez que lo decida el Consejo de Ministros de España, el Protocolo pasará al parlamento, donde no se prevé ninguna oposición. Existe consenso entre todos los partidos políticos para ratificar el convenio. No obstante, el proceso podría demorarse por la acumulación de asuntos a tratar.
La organización ambientalista Greenpeace Internacional manifestó su satisfacción por el anuncio de Matas.
«Nos parece una excelente noticia que, como venía reclamando Greenpeace, el gobierno tome el viernes la decisión de ratificar el Protocolo de Kyoto», dijo Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.
López de Uralde agregó que España es el quinto país de la Unión Europea que ratificará el convenio, luego de Francia, Dinamarca, Luxemburgo y Portugal.
El dirigente añadió que el Protocolo de Kyoto «es el primer peldaño de una larga escalera. Es una herramienta necesaria y es el resultado de la presión ejercida por el movimiento ecologista a lo largo de años».
Desde principio de la década del 90, Greenpeace ha advertido sobre las graves consecuencias del recalentamiento planetario atribuido a los gases invernadero, el principal de los cuales es el dióxido de carbono, liberados a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón.
La organización también destaca la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energías renovables y por un manejo eficiente de los recursos naturales.
España es el país europeo donde se registra el mayor aumento de las emisiones de gases invernadero respecto de las de 1990, y el que más incumple los límites previstos en el Protocolo de Kyoto, según el informe «Señales Medioambientales 2001», de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Las emisiones aumentaron 23,2 por ciento entre 1990 y 1998, según los datos oficiales contenidos en el informe. «Tras este anuncio consideramos que el gobierno debe establecer una estrategia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, ya que hasta el momento no han dejado de aumentar», dijo López de Uralde.
Los ministros de ambiente de la Unión Europea deberán comprometerse a promover la ratificación del Protocolo de Kyoto en su próxima reunión, el 4 de marzo, advierten activistas.
La intención es que el convenio internacional entre en vigor antes de septiembre, cuando se celebre la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Johannesburgo, Sudáfrica.
El recalentamiento planetario se manifiesta en perturbaciones del régimen de lluvias y en el derretimiento de los hielos polares, que eleva el nivel de los mares.
Según «la evidencia científica, el cambio climático es el problema socioeconómico y ambiental más grave de la humanidad en el siglo XXI», dijo el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Klaus Toepfer.
El principal problema para la aplicación del Protocolo, firmado en 1997 en Kyoto, Japón, es la oposición expresa del gobierno de Estados Unidos a ratificarlo y, por lo tanto a cumplir con lo que establece.
A fines de julio de 2001, al celebrarse en Bonn la última sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las reglas de ratificación del Protocolo se aprobaron con 179 votos a favor y uno solo en contra, el de Estados Unidos.
El Protocolo lleva la firma de 84 países, pero al realizarse la conferencia en Bonn sólo lo habían ratificado 35, la mayoría del Sur en desarrollo.
Si al finalizar el primer semestre de 2002 los 15 países de la Unión Europea ratificaron el Protocolo, aumentan las posibilidades de que el convenio entre en vigor antes de la Cumbre de Johannesburgo.
La moción aprobada en Bonn establece que, para entrar en vigor, el Protocolo deberá ser ratificado por al menos 55 países y que entre ellos deberán sumar, como mínimo, 55 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono del Norte industrial según las mediciones efectuadas de 1990.
Estados Unidos produce 36 por ciento de los gases invernadero de los países industrializados y 25 por ciento del total mundial, por lo que la ratificación europea y la de Japón son decisivas. (FIN/IPS/af/mj/en/01
