Ambientalistas y pueblos indígenas de la Amazonia pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exhorten a Estados Unidos y a Colombia a suspender el rociado de cultivos ilícitos de drogas con herbicidas en ese país latinoamericano.
La aplicación aérea de herbicidas forma parte del Plan Colombia contra el narcotráfico, puesto en marcha en 2000 por el presidente colombiano Andrés Pastrana y financiado parcialmente por Washington.
La estrategia incluye 7.500 millones de dólares para desarrollo económico y social. Estados Unidos prometió 1.300 millones de dólares, principalmente para equipos y entrenamiento militares y el rociamiento aéreo de cultivos de coca, marihuana y adormidera.
Earthjustice, un estudio jurídico estadounidense, presentó la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en representación de Amazon Alliance, una red de comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas.
El empleo de herbicidas en vastos territorios de Colombia y el vecino Ecuador priva a agricultores pobres y comunidades indígenas de su derecho a un ambiente limpio y saludable, a la salud, al sustento y a la propiedad, dice el documento.
«La mezcla en aerosol y su forma de aplicación causaron numerosos problemas de salud a los residentes, destruyeron sus alimentos, contaminaron su agua y dañaron las áreas silvestres circundantes, provocando una gran desforestación», agrega.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia afirmaron que el herbicida utilizado en la fumigación (glifosato, comercializado en Estados Unidos por la compañía Monsanto bajo el nombre comercial de Roundup) es tan seguro como la sal.
Sin embargo, la etiqueta del producto advierte que los seres humanos y las fuentes de agua no deben exponerse a él, observaron los críticos.
Aun más tóxicos que el propio herbicida son dos aditivos, conocidos como surfactantes, para aumentar su efecto sobre las plantas, dice la queja presentada a la Comisión.
Los dos gobiernos involucrados intentaron ocultar esta información sosteniendo simplemente que el glifosato es inocuo, afirmó Scott Pasternack, abogado miembro del programa internacional de Earthjustice.
«El Departamento de Estado ocultó información sobre el verdadero grado de toxicidad de la mezcla y no realizó los debidos estudios ambientales», acusó Pasternack.
IPS no pudo obtener declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado.
Además, señala la solicitud, aunque Monsanto recomienda la aplicación aérea a no más de tres metros sobre la parte superior de las plantas más altas, la policía colombiana antinarcóticos vuela a 10 o 15 metros sobre la vegetación.
«Esa diferencia de altitud aumenta el alcance de la mezcla a áreas que no son objetivos y a comunidades como las de Ecuador», observa el documento.
La solicitud a la Comisión de Derechos Humanos es el último de una serie de esfuerzos de organizaciones ambientalistas e indígenas para detener el rociamiento aéreo con herbicidas.
En septiembre de 2001, abogados de Estados Unidos presentaron una demanda colectiva en representación de 10.000 indígenas ecuatorianos que acusaron a DynCorp, una empresa estadounidense, de rociar sus viviendas y granjas, causarles enfermedades y muertes y destruir sus cultivos de alimentos.
El año pasado, legisladores y gobernadores de Colombia viajaron a Washington para protestar por los rociamientos. En sus declaraciones a la prensa, señalaron que la práctica no daña al narcotráfico sino a las familias pobres de agricultores.
Entre agosto de 2000 y mayo de 2000, el ombudsman de Colombia recibió 1.158 quejas por daños a la salud, el ambiente y cultivos de alimentos supuestamente causados por los herbicidas.
Líderes indígenas de Colombia también expresaron su oposición a los rociamientos.
Emperatriz Cahuache, presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, visitó Washington el año pasado y mostró a la prensa un mapa que demostraba la superposición de tierras indígenas con áreas rociadas con herbicidas.
«Esas fumigaciones contaminan la Amazonia y destruyen los bosques», denunció Cahuache.
En respuesta, varios legisladores estadounidenses solicitaron una investigación del impacto de los rociamientos.
En julio de 2001, el representante demócrata Steve Rothman logró incorporar a una ley de asignación presupuestal la exigencia al Departamento de Estado de informar al Congreso sobre el efecto de la aplicación de herbicidas en Colombia sobre la salud y el ambiente.
La norma también exige al Departamento de Estado establecer pautas y métodos de verificación para asegurar que los futuros rociamientos no dañen la salud de los colombianos, su agua ni sus cultivos legales. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/mlm/en he/02
