España asumirá el 1 de enero la presidencia semestral de la Unión Europea (UE), lapso en el cual se definirán aspectos decisivos para el futuro de ese bloque, que incluye el ingreso de otros países antes de 2004.
También el próximo 1 de enero, en 12 de los 15 países miembros de la UE comenzará a circular la moneda común, el euro, y en dos meses más dejarán de tener valor las monedas locales de esos estados.
El euro circulará en Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal, mientras que aún permanecen fuera de la zona monetaria común Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia.
En el primer mes de 2002 comenzarán, además, los trabajos preparatorios para convocar una convención, encabezada por el ex presidente francés Valéry Giscard d' Estaing, con el objetivo de elaborar una Constitución del bloque.
Esta ley fundamental sustituirá los tratados que rigen en la UE desde que se creó su núcleo inicial, con el nombre de Comunidad Europea del Carbón y del Acero, al término de la segunda guerra mundial.
La elaboración del texto constitucional coincidirá con el proceso de negociación para la incorporación de nuevos países antes de finalizar 2004.
Entre los candidatos formalmente considerados para ingresar están Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Rumania y Turquía, aunque es probable que dos o tres no lleguen a cumplir los requisitos en ese plazo.
Las carencias que deberán subsanar las naciones aspirantes van desde cuestiones legales internas hasta equilibrios económicos y el respeto de los derechos humanos y las libertades.
Un informe estratégico presentado en noviembre por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, enumeró esos requisitos, demostrando que Turquía es el país que menos posibilidades tiene de ser aceptado, pese a ser miembro pleno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El documento señala que Turquía no respeta los derechos humanos, al mantener la pena de muerte, registrar muertes constantes en las prisiones, violar la libertad de expresión, prohibir el uso de otras lenguas que no sea la turca, tener tribunales militares que juzgan a civiles y monopolios en la producción de alcohol y tabaco.
Polonia es el mayor país de la lista de aspirantes y el que cuenta con más posibilidades de ser aceptado a corto plazo, pues las observaciones realizadas se refieren sólo a cuestiones económicas.
El alto desempleo en Polonia, que llega a 19 por ciento de la población económicamente activa, la inflación de 10 por ciento y la subsistencia de sectores agrícolas e industriales de propiedad pública, son anotados como asuntos que deben ser encarados de inmediato en ese país.
En otros países, como Bulgaria, Hungría, Letonia, República Checa y Rumania, se objeta el grado de corrupción, la discriminación étnica (el caso de los gitanos en Hungría) o el sistema judicial incompatible con el de la UE, como ocurre en Bulgaria y Estonia.
Las negociaciones en este campo se darán en forma simultánea con la elaboración de la constitución europea y el avance hacia una política de seguridad y defensa común, que puede llevar a conformar un euroejército y una europolicía.
En la actualidad, un centenar de oficiales militares de los 15 estados diseñan en la capital de la UE, Bruselas, una estrategia para enviar hasta 60.000 efectivos a zonas de conflicto, en carácter de Fuerza de Acción Rápida. Esa fuerza es considerada el germen de un euroejército.
La seguridad común es el mayor problema para la UE, en especial después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
A pesar de las declaraciones de la mayoría de los gobiernos sobre la necesidad de impulsar una acción común basada en el respeto de las leyes internacionales, en la práctica se impuso el eje Washington-Londres.
El presidente estadounidense, George W. Bush, junto al primer ministro británico, Tony Blair, marcaron y decidieron las operaciones militares en Afganistán, mientras los demás miembros de la UE condenaron con firmeza el terrorismo, pero no secundaron activamente esas acciones de guerra.
José María Aznar, en su carácter de jefe del gobierno español y de presidente de la UE, deberá intervenir en estos asuntos.
Pero también pesará en su cartera el cargo de presidente de la Internacional de Centro Democrático, como pasó a denominarse en enero la renovada Internacional Demócrata Cristiana y cuyos partidos miembros gobiernan en la mayoría de los países del bloque.
De cómo marchen los acontecimientos, al término de su presidencia europea a mediados de año, se verá si la UE se consolida como un proyecto que supere su «despolitización» actual y pasa a tener una presencia más sólida en el escenario internacional.
Algunos analistas piensan en la Constitución de los Estados Unidos de Europa, a los que aludió Víctor Hugo a mediados del siglo XIX, a quien siguieron los socialistas alemanes a principios del XX, el español José Ortega y Gasset en 1930 y británico Winston Churchil al término de la segunda guerra mundial, en 1945.
Además de la circulación de la moneda común, del naciente euroejército y de otras medidas, la gran incógnita es saber si el Parlamento Europeo pasará a tener un papel más decisivo en la conducción de la UE.
Uno de los puntos básicos que deberá dirimir la convención constituyente es si el presidente del poder ejecutivo de la UE (en la actualidad denominado Comisión Europea) seguirá siendo designado por acuerdo de los gobiernos nacionales o si lo será por el Parlamento Europeo.
Todas estas cuestiones estarán en debate en el primer semestre de 2002. Aznar, como presidente de la UE y de la Internacional de Centro Democrático tendrá un papel destacado. A mediados de ese año se verá si esa actuación depara un saldo positivo. (FIN/IPS/td/dm/ip/01
