Los sindicatos italianos pusieron en marcha un cronograma de huelgas en todo el país, en contra de un proyecto del gobierno del centroderechista Silvio Berlusconi que facilita el despido de trabajadores.
Las protestas comenzaron el lunes con la detención de tareas en el transporte público y seguirán este viernes con la huelga de funcionarios públicos, bancarios y de los trabajadores del agua y del gas, mientras que el 17 de este mes le tocará el turno a los empleados aeronáuticos.
El cronograma se completa con una huelga de controladores aéreos el día 28.
Los sindicalistas del transporte aéreo protestan también por el silencio del gobierno ante la crisis que afronta el sector, agravada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, que ha provocado una reducción de casi 30 por ciento del tráfico aéreo en los últimos tres meses.
Las líneas aéreas italianas han programado despidos masivos a causa de la merma de pasajeros, al punto que sólo Alitalia tiene previsto despedir unos 3.500 trabajadores.
La huelgas, iniciadas por la protesta de los 400.000 empleados del transporte público, tratan de detener la modificación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que no permite el despido sin una justa causa, por un texto que prevé en cambio sólo una indemnización económica.
El secretario de la Central General de Trabajadores (CGIL), Sergio Cofferati, amenazó con intensificar las movilizaciones si el gobierno de Berlusconi no retira ese cambio del Estatuto, que «nos significó tantos esfuerzos y luchas del movimiento sindical».
Savino Pezzotta, secretario de la Confederación Italiana Sindical de los Trabajadores (CISL), coincidió con Cofferati, al señalar que el gobierno «debe tener en cuenta la respuesta maciza de los trabajadores y no aceptar las presiones de los patrones, pues sino terminará por acentuar el conflicto social».
A su vez, Luigi Angeletti, de la Unión Italiana de Trabajadores (UIL), invitó al gobierno e industriales a dar marcha atrás en su idea de dividir y debilitar a los sindicatos».
La CGIL, de tendencia de izquierda, es la mayor central italiana y representa a la mayoría de los 20,5 millones de trabajadores de la actividad formal, seguida de la UIL y la CISL, ambas de centro.
En Italia también hay unos seis millones de trabajadores independientes y otros cuatro millones lo hacen en la economía informal, sin contratos de trabajos y, por lo tanto, sin ningún tipo de derechos laborales y sociales. Todos ellos no están sindicalizados.
Una parte de esos trabajadores son inmigrantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea, que no tienen permiso laboral y que reciben una paga menor a la que les corresponde.
Por otra parte, los accidentes laborales provocan la muerte de mil trabajadores y heridas a casi un millón. Cofferati calificó esta estadística de «datos del tercer mundo, producto de un menor control, menos fondos destinados a la seguridad, más ganancias».
Cofferati dijo que es siempre más clara la relación que existe entre este gobierno de derecha con la Confindustria, que reúne a los empresarios privados del país.
El presidente de la Confindustria, Antonio D'Amato, sostuvo que el artículo que se quiere modificar representa un impedimento al crecimiento del número de ocupados.
El ministro del Trabajo, Roberto Maroni, de la xenófoba Liga Norte, una de las fuerzas de la coalición de gobierno, explicó que el nuevo texto del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores estará en vigor en forma experimental por cuatro años.
El subsecretario de Trabajo, Maurizio Sacconi, autor del proyecto de ley, dijo que se trata de una medida para aumentar la ocupación.
El porcentaje de ocupación es 53,5 por ciento de la fuerza laboral de Italia «y nosotros queremos acercarnos al menos a 63 por ciento, que es el promedio del resto de Europa, sin olvidarnos que en Estados Unidos y Gran Bretaña es de 74 por ciento», comentó.
La desocupación alcanza a 10 por ciento de la población económicamente activa.
Mientras, el vicepresidente del gobierno, Gianfranco Fini, de la derechista Alianza Nacional, manifestó que las confederaciones sindicales están solo actuando políticamente.
La coalición opositora de centro izquierda calificó la medida del gobierno como un atentado a los derechos conquistados por la lucha de los trabajadores y como una forma de acentuar el conflicto social.
La obligación de reintegrar a un trabajador despedido injustamente, como mandata el artículo 18 del Estatuto, no existe en ningún otro país de Europa.
En Gran Bretaña, Bélgica y Dinamarca, el empleado despedido sin razón alguna sólo es indemnizado económicamente, mientras que en Finlandia, además de la indemnización, se les otorga el beneficio de cursos de formación a cargo de la empresa a la que perteneció.
En tanto, en Francia, un colegio arbitral puede ordenar la readmisión, pero las empresas pueden evitarlo si pagan una indemnización que, en algunos casos, puede alcanzar al máximo de 39 salarios semanales.
También en España es necesario una «causa justa» para despedir a un trabajador. En tal caso, debe pagar una indemnización máxima de 15 días por cada año de trabajo, con un máximo de 12 sueldos.
En cambio, en Suecia, existe la indemnización de entre 16 y 48 meses, según la edad y el tiempo del trabajo realizado. (FIN/IPS/jp/dm/lb//01