Altos funcionarios de Sudáfrica irán a juicio acusados de corrupción en un negocio de compra de armas por casi 4.300 millones de dólares, pero tres organismos del Estado declararon que el Poder Ejecutivo como tal no es culpable.
La fiscalía y los departamentos de Auditoría y Protección Pública presentaron informes en los cuales afirman que no hubo corrupción ni fraude por responsabilidad estatal en el negocio, iniciado en diciembre de 1999.
Representantes de la opositora Alianza Democrática revisaron en forma detallada esos documentos sin hallar bases para objetar sus conclusiones, que fueron confirmadas por observadores independientes.
Una comisión parlamentaria encargada de supervisar la investigación entregará al Parlamento un informe y recomendaciones sobre el caso.
El ex jefe del grupo de parlamentarios del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), Tony Yengeni, fue acusado de soborno y fraude relacionados con la operación, al igual que Michael Woerfel, director en Sudáfrica de la compañía europea de venta de armas European Aerospace and Defence Systems (EADS).
Al parecer, Woerfel vendió a Yengeni con gran descuento un vehículo de lujo, a cambio de que el parlamentario influyera en la licitación a favor de EADS, que obtuvo un contrato para la venta de parte del arsenal adquirido.
Ambos deberán comparecer ante un tribunal a comienzos del año próximo, y autoridades de Alemania investigan si Woerfel incurrió en algún delito según las leyes de ese país.
A su vez, el director de la firma europea fabricante de armas Thomson's Group, Schabir Sheik, fue detenido en posesión de documentos confidenciales del Parlamento, los cuales se describen las necesidades de armas de Sudáfrica.
Su hermano, Shamin «Chippy» Sheik, fue separado de su cargo como director del Departamento de Defensa de Sudáfrica, pero el gobierno insiste en que esa medida no estuvo vinculada con las acusaciones contra Schabir Sheik.
De todos modos, los investigadores estatales concluyeron que la actuación del gobierno como tal y los contratos firmados con los fabricantes de armas están limpios.
«En un caso en el cual las políticas y los procedimientos están definidos con claridad, pero algún funcionario viola las reglas, sostener que todo el gobierno es responsable no es una forma práctica de salir adelante», dijo el auditor general, Shauket Fakie.
Las autoridades intentan poner fin a las polémicas sobre el asunto, con el argumento de que perjudican su esfuerzo por atraer inversiones a Sudáfrica, y calificaron las continuas críticas a la compra de armas de racistas.
«En la base de todo esto subyace la convicción racista de que los africanos, que ahora gobiernan nuestro país, tienen una inclinación natural a la corrupción y la mala administración», afirmó el presidente Thabo Mbeki.
Las compañías que vendieron armas a Sudáfrica se comprometieron a hacer grandes inversiones en industrias del país como parte de los acuerdos alcanzados. Según los informes estatales, esas empresas están al día en las inversiones acordadas.
La Alianza Democrática pidió el miércoles al gobierno que redujera el volumen de la compra de armas, y con ello el costo de la operación, que debe pagarse en 20 años y subió con rapidez debido a la depreciación de la moneda sudafricana.
Cuando se firmó el acuerdo, el precio del dólar era 6,25 rands, y este mes llegó a 11,50 rands.
La organización Economistas Aliados para la Reducción de Armas llevó al gobierno a juicio con la intención de evitar que llevara adelante la operación, con el argumento de que las autoridades no tienen derecho a gastar dinero en armas cuando tienen el mandato constitucional de erradicar la pobreza en el país. (FIN/IPS/tra- en/ps/sm/lp-mp/ip/01
