El gobierno de Sudáfrica apelará el fallo judicial que lo obliga a suministrar medicamentos gratuitos contra el sida a mujeres embarazadas infectadas y a recién nacidos.
«Consideramos esencial apelar a la sabiduría del Tribunal Constitucional con el fin de instaurar la certeza en el ámbito de las políticas públicas y clarificar aspectos constitucionales y de jurisdicción», dijo este miércoles la ministra de Salud, Manto Tshabalala-Msimang.
Luego del fallo del viernes 14, las organizaciones no gubernamentales, religiosas y sindicales que impulsaron la demanda, en el marco de la Campaña de Acción por Tratamientos, albergaban la esperanza de que el gobierno acatara el pronunciamiento judicial.
La demanda, presentada en noviembre, procura forzar a las autoridades a suministrar tratamiento gratuito contra el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) para prevenir el contagio madre-hijo, en un país donde, según un estudio oficial, 25 por ciento de las mujeres embarazadas están infectadas.
Cada día nacen en Sudáfrica casi 200 niños y niñas con VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida.
El juez del Alto Tribunal de Pretoria, Chris Botha, ordenó al gobierno el suministro gratuito de la medicina antirretroviral Nevirapina, que logró abatir en otros países hasta en 50 por ciento la trasmisión madre-hijo.
La decisión fue recibida con manifestaciones callejeras de júbilo.
Botha agregó que las mujeres bajo tratamiento deberán ser examinadas y acceder, en forma gratuita, a consejo psicológico y a alimentos sustitutos de la leche materna, para evitar el amamantamiento, a través del cual también se contagia el VIH.
El tribunal ordenó así mismo la puesta en marcha, para fines de marzo de 2002, de un programa nacional de prevención de la trasmisión madre-hijo. Pero estos plazos no se aplican mientras esté en curso la apelación.
De acuerdo al fallo de Botha, Pretoria infringe el derecho a la salud de la ciudadanía, consagrado en la Constitución. La negativa gubernamentala generalizar los tratamientos es «una barrera injustificable al progresivo cumplimiento del derecho a la atención de la salud», sostuvo el juez.
Sin embargo, el gobierno no pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la obligatoriedad de proveer medicinas contra el sida, sino sobre los límites de la facultad de la justicia para determinar políticas públicas.
«Este fallo podría tener implicaciones de largo alcance en la definición de nuestra democracia constitucional y en la responsabilidad del Estado sobre la provisión de servicios sociales», sostuvo la ministra.
Tshabalala-Msimang negó que Pretoria pretenda «ganar tiempo». Si este fallo no se aclarara, podría «conducir al Poder Ejecutivo a un desequilibrio, y crear confusión sobre el principio de separación de poderes», estimó.
Por otra parte, las autoridades analizarán en enero su programa de prevención y consultarán a la sociedad civil sobre futuros planes, agregó Tshabalala-Msimang.
Las autoridades llevan adelante pruebas piloto en 21 localidades del país, donde suministran Nevirapina a madres gestantes y niños y niñas en sus primeras horas de vida, para determinar su eficacia y efectos colaterales.
Pero personal médico y organizaciones civiles consideran inútil la cautela oficial ante el avance de la epidemia, que ya afecta a 4,7 millones de personas en una población de 40 millones.
El gobierno arguye así mismo que no cuenta con recursos suficientes para generalizar los tratamientos, asegurar su aplicación correcta y controlar sus efectos.
Pero el juez Botha rechazó la preocupación oficial sobre el costo de los medicamentos, subrayando que el laboratorio fabricante de Nevirapina, Boehringer Ingelheim, ofreció al Ministerio de Salud un suministro gratuito de la medicina durante cinco años.
El portavoz de la Campaña de Acción por Tratamientos, Mark Heywood, sostuvo que si el gobierno acatara el fallo de inmediato, el año próximo se salvarían unas 50.000 vidas. (FIN/IPS/tra- eng/as/fk/mn/dc/he/01
