El problema de más de 22 millones de refugiados dispersos por el mundo ya mostraba las desigualdades entre el Norte y el Sur, pero ahora las resalta con más nitidez después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Por lo menos tres países industrializados, Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, violan las normas internacionales de protección a las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen e identidad en procura de seguridad para sus vidas.
Los gobiernos de esos tres países y de otros, miembros de la Unión Europea, han devuelto refugiados a lugares donde sus vidas o su libertad están amenazadas, denunció Human Rights Watch (HRW), una institución humanitaria internacional con sede en Estados Unidos.
En contraste, numerosos países en desarrollo, algunos muy escasos de recursos, acogen generosamente a millones de refugiados, sin recibir en cambio la cooperación suficiente para esos fines de parte de los donantes internacionales.
Sólo Irán y Pakistán alojaban a mediados de 2001 a unos 3,5 millones de refugiados afganos, en muchos casos desde hace más de 20 años.
La asistencia prestada por la comunidad internacional al gobierno iraní para financiar los costos de atención a los refugiados ha sido «muy limitada», lamentó el viceministro de Interior de Irán, M. R. Behzadian.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un tratado internacional ratificado por 141 estados, establece la obligación de los países de participar de la «repartición de la carga» ocasionada por los refugiados en los lugares de acogida.
Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el holandés Ruud Lubbers, admitió que los dos países que hospedan el mayor número de refugiados en el mundo, Pakistán e Irán, le transmitieron su desilusión por la falta de cooperación.
Acnur calculó que Armenia figura a la cabeza de los 50 primeros países clasificados según el número de refugiados que acogen por cada millón de dólares de su producto interno bruto (PIB).
A Armenia le siguen Guinea, Zambia, Tanzania, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Congo, Yibuti, Uganda y Sudán.
El primero y único país industrializado de la lista es Suecia, que aparece en la posición 50.
También Armenia se ubica en el primer lugar en otra clasificación de países, determinada por el número de refugiados que hospedan en proporción a cada millar de sus habitantes.
Detrás se colocan Guinea, la República Federal de Yugoslavia, Congo, Yibuti, Irán, Zambia, Liberia y Tanzania. Pero esta vez Suecia se presenta en el décimo lugar.
Los representantes de los países africanos que asistieron el 12 y 13 de diciembre en Ginebra a una reunión de ministros, que conmemoró los 50 años de la Convención, criticaron la ausencia de solidaridad internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Sule Lamido, observó que la Convención obliga a las partes a respetar los principios de solidaridad internacional, de cooperación y de reparto de las responsabilidades a la hora de afrontar el problema de los refugiados.
La organización humanitaria Amnistía Internacional opinó que la actitud de Australia, de rechazar en octubre pasado un barco con refugiados, en su mayoría afganos, y derivarlo hacia países insulares del océano Pacífico, es un desconocimiento del principio de «carga compartida».
Los países industrializados han defraudado en el suministro de apoyo adecuado, en términos financieros y técnicos, a las naciones que hospedan a los refugiados, dijo Rachael Reilly, de HRW.
El panorama se agravó después de los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, porque las disposiciones antiterroristas adoptadas por los países occidentales perjudicaran seriamente las normas de protección de los refugiados.
HRW cuestionó las leyes antiterroristas dictadas en Estados Unidos y el proyecto de ley sobre el mismo asunto que se debate en Gran Bretaña.
Reilly sostuvo que, en los dos países, las nuevas disposiciones contienen definiciones amplias y vagas del terrorismo, que incluyen a las personas con vínculos con una organización terrorista, sin perjuicio de la levedad de esa relación y de su lejanía en el tiempo.
Luubers lamentó que, con frecuencia, las políticas de los gobiernos respecto de los refugiados y de los solicitantes de asilo se basan en el miedo y la desconfianza.
Los políticos dejan de ser líderes cuando alimentan los sentimientos contra los extranjeros y contra los refugiados, pues contribuyen a ese ciclo de miedo y desconfianza, insistió.
El Acnur, que atiende a más de 22 millones de personas, incluidos refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, ha visto mermado su presupuesto en casi 30 por ciento en los últimos dos años.
El cálculo de sus gastos para el 2002 se elevan a 828 millones de dólares. El ministro nigeriano reclamó un aumento de los recursos para el Acnur, con fondos provenientes del presupuesto regular de la Organización de las Naciones Unidas. (FIN/IPS/pc/dm/hd/01
