– Los buenos resultados de la política exterior de España marcaron la diferencia este año, dejando en buena posición al gobierno para asumir en enero la presidencia semestral de la Unión Europea (UE) y organizar la segunda cumbre entre ese bloque y América Latina y el Caribe.
En esa línea resaltan un compromiso internacional en su lucha contra ETA, la protección agrícola, sus duras fricciones con Marruecos y la designación del jefe del gobierno, José María Aznar, como presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, renovada con el nombre de Internacional de Centro Democrático.
Desde que España recuperó la democracia, en un proceso iniciado tras la muerte el 20 de noviembre de 1975 del dictador Francisco Franco, los gobiernos que se sucedieron intentaron sin éxito que otros países europeos, en especial Francia, detuvieran a terroristas de ETA para entregarlos a la justicia española.
Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en lengua vasca) ubicó desde su creación en los años 60 a la dirección de sus grupos de tareas en la vecina Francia, desde donde preparan los atentados que realizan en el País Vasco y el resto de España.
La práctica habitual de ETA es el ataque con explosivos detonados a distancia o el asesinato a balazos disparados por la espalda a personas desarmadas.
Francia mantuvo hasta septiembre una política de rechazo a los pedidos de extradición, amparándose en que sus tribunales debían decidir primero.
Por esa razón, los etarras que se movilizaban en territorio francés siempre portaban un arma, que no la utilizaban en ese país sino que les servía para que, en caso de ser detenidos, fueran enjuiciados en largos trámites.
Ese proceso impedía su extradición a España y, por lo general, los detenidos por porte ilícito de armas gozaban de libertad provisional mientras se sustanciaba el juicio y, llegado el caso, pasaban a la clandestinidad.
Pero la postura de París cambió tras los atentados del 11 de septiembre, que destruyeron las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y parte del Pentágono (sede del Departamento de Defensa) en Washington.
Aznar, apoyado con matices por la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se alineó sin vacilaciones junto al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair.
Al mismo tiempo, exigió a sus socios de la UE una posición conjunta y unánime contra el terrorismo y específicamente contra ETA.
Francia atendió el llamado de Aznar y a los pocos días comenzó a aceptar los pedidos de extradición de España, mientras que los etarras interceptados por la policía de ese país pasaron a la acción y a usar sus armas de fuego.
En diciembre fueron detenidos en Francia 20 etarras, entre ellos dos dirigentes de importancia, Juan Ramón Karasaratorre y Juan Ramón Lete Alberdi, quienes serán puestos en poco tiempo a disposición de la justicia española.
Además, los países de la UE, excepto Italia en un principio, apoyaron rápidamente una disposición de detención en cualquier lugar de ese bloque de acusados de delitos contra la humanidad, genocidio, narcotráfico, terrorismo y tortura, entre otros, que permitirá la entrega inmediata al país que los reclame.
El gobierno italiano de Silvio Berlusconi se resistió hasta último momento, pero el día 12 cambió su postura y se logró la unanimidad de los 15 países de la UE, gracias a las gestiones de la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, y de Bélgica, en su carácter de presidente rotativo del bloque.
Aznar también logró el compromiso en esta materia, aunque no tan explícito, de México y de Estados Unidos, que siguen subordinando la entrega de los requeridos por España a lo que decidan sus respectivos sistemas judiciales.
No obstante, Bush dispuso la cooperación de sus servicios de inteligencia con los de España, incluyendo la vigilancia desde el espacio a través de sus más modernos sistemas satelitales.
Por otra parte, la prevista ampliación de la UE, con el ingreso de una decena de países de Europa oriental, motivó que Aznar planteara este año limitaciones sobre el ritmo y contenido de las incorporaciones, para defender a los agroganaderos de su país, que hoy reciben fuertes subsidios proteccionistas.
Tanto insistió el presidente del gobierno español en esa postura, que motivó la crítica del líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que ese partido tiene su mayor caudal de votos en regiones con gran cantidad de agricultores, como Andalucía y Extremadura.
Algo parecido ocurre respecto de Marruecos, con el que España mantiene un litigio de soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, enclavadas en la costa sur del mar Mediterráneo, así como sobre los permisos de pesca en la costa atlántica marroquí y la ola inmigratoria permanente desde ese país.
También en este punto se produjo un enfrentamiento con el PSOE, al anunciar Rodríguez Zapatero que antes de finalizar el año realizará una visita a Marruecos.
El canciller Josep Piqué, atendiendo que a principios de diciembre se produjo una llamada del embajador marroquí en España a su país y a los duros intercambios verbales, se apresuró a aclarar que el socialista «no lleva ningún mensaje del gobierno».
Con estos antecedentes sobre la mesa, España asumirá el primero de enero la rotativa presidencia semestral de la UE.
Madrid también tiene en su agenda la organización de la Segunda Conferencia Europa, América Latina y el Caribe, en la que se examinarán las relaciones entre las dos regiones, se buscarán nuevos acuerdos y se acordarán las grandes líneas de actividades comunes. (FIN/IPS/af-td/dm/ip/01
