Los habitantes de 500 de los 1.059 municipios de Colombia que sufren el fuego cruzado de las guerrillas izquierdistas y de los paramilitares de derecha dividen su día entre presiones y sobresaltos, sin saber cómo protegerse.
«Medio país esta en poder de los violentos, que ejercen presión y tratan de coadministrar», advirtió el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro. La peor situación es la de 200 municipios hoy abandonados por la fuerza pública.
«Las amenazas, la presencia de combatientes armados en las reuniones comunitarias, las citaciones a funcionarios y habitantes, la imposición de contratistas y el cobro de extorsiones son pan de cada día en las poblaciones que viven en medio de la guerra», dijo Toro a IPS.
Son pocos los alcaldes que aseguran no sentirse intimidados por la presencia de guerrilleros o paramilitares.
José Antonio Bermúdez, alcalde de Aguachica, en la septentrional provincia de César, dijo a IPS que el principal problema de su comunidad es la atención de miles de personas desplazadas de sus hogares sin contar con los recursos económicos necesarios.
La población civil trata de vivir con el miedo de estar en medio del fuego cruzado de los participantes en el enfrentamiento armado interno. Huyen cuando llegan unos u otros, buscan refugio en lugares cercanos, regresan cuando las cosas se aplacan y vuelven a correr cuando de nuevo suenan los fusiles.
Todos tienen miedo. Los que viven a la sombra de la guerrilla, temen las represalias de los paramilitares, mientras que los habitantes de las localidades en que rige «la ley» paramilitar no duermen pensando en una incursión guerrillera.
La situación más grave se da en las regiones donde hay disputa territorial entre bandos irregulares.
«Para la guerrilla somos paramilitares, para los paramilitares somos guerrilleros», señaló Rosa, una campesina de San Pablo, en la conflictiva zona del curso medio del río Magdalena, que como todos los consultados por IPS pide no ser identificada por razones de seguridad.
En el pueblo de San Pablo están los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la zona rural es disputada por éstos y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), apuntó un líder comunal de la localidad.
«Aquí la gente no puede expresar los que siente, no pueden hablar, pues saben que los armados los escuchan», añadió.
Nadie quiere revelar su nombre ante la consulta de extraños. «La violencia ha convertido a Colombia en una país de protagonistas sin nombre, sin identidad», lamentó.
Para todos es difícil vivir así, «entre uno, dos, tres mandos», y tener que adaptarse a normas. «Queremos saber a qué leyes nos acogemos, queremos un solo patrón», confiesa un comerciante de Putumayo, una meridional provincia selvática en la frontera con Ecuador.
El comerciante agregó que cambian las normas con sólo cruzar un río, pasar a otro municipio u otra vereda.
Por ejemplo, Puerto Vega está a una orilla del río Putumayo y al otro lado está Puerto Asís. En un lado mandan los «farianos», como le llaman aquí a las FARC, y en la otra orilla mandan los «paras» (paramilitares).
«Los armados (combatientes) no se hacen daño entre sí, nos hacen daño a nosotros los desarmados» y, por eso, los muertos de Puerto Vega y Puerto Asís los ponen los civiles. «Al otro lado», todos son sospechosos, dijeron varios lugareños.
Analistas políticos señalan que unos 30.000 combatientes participan de la guerra civil entre las FARC, la guerrilla más poderosas del país con 14.000 miembros, el ELN, la segunda en importancia con 8.000 integrantes, y las AUC, que suman unos 9.000.
En Colombia, con 42 millones de habitantes, son asesinadas 20 personas en promedio por día en el marco el conflicto armado, según un informe divulgado a comienzos de este mes por organizaciones no gubernamentales.
En la región oriental del noroccidental departamento de Antioquia, disputada por las tres fuerzas irregulares, la vida está «completamente descompuesta», comentó a IPS un periodista de la zona.
Existen localidades donde un día entra la guerrilla y al siguiente los «paras», dejando una estela de muertos, y localidades donde las AUC dan la orden de desalojar en plazo de horas y los insurgentes de izquierda amenazan a quien se vaya.
Los bloqueos de los grupos armados de ultraderecha han dejado a los campesinos, en muchas ocasiones hasta semanas, sin poder acceder a alimentos y medicamentos.
En Antioquia se creó la Asamblea Permanente por la Humanización de la Guerra y los alcaldes han insistido en pedir la autorización del gobierno para dialogar con el ELN y las FARC, para evitar la destrucción de puentes, torres de cable de energía eléctrica y el bloqueo de carreteras.
«La situación es muy complicada, pues los tres grupos quieren dominar la región, ya que allí se produce 30 por ciento de la energía del país. La administración rinde cuentas a todos y hay familias que tienen un hijo en cada bando», explicó el periodista.
Los pobladores de los municipios acuciados por la guerra civil entienden que es más fácil vivir donde las reglas son claras, impuestas por un solo grupo, ya sea la guerrilla o los paramilitares.
Orlando Ardila, alcalde de Arauquita, en la provincia nororiental de Arauca, comentó a IPS que en esa zona operan las FARC y el ELN.
Ardila señaló que, aunque las guerrillas no querían que fuera alcalde, ha logrado apaciguar las amenazas ejerciendo un liderazgo claro, con trasparencia y en concertación con la comunidad para su gestión.
En cambio, quienes manifiestan tener «más claro a que ley atenerse» son los habitantes de la zona desmilitarizada para instalar las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, que abarca 42.000 kilómetros cuadrados en cinco municipios de las meridionales provincias de Meta y Caquetá.
«El gobierno tiene otra ley, pero ahora está la guerrilla y yo le obedezco», apuntó un campesino que espera su turno en la oficina de «quejas y reclamos», establecida por las FARC en San Vicente del Caguán, cabecera de esa área.
En las oficinas administrativas abiertas por las FARC en 1999, inicio de las conversaciones, se resuelven todos los pleitos entre los habitantes, desde conflictos por deudas, pasando por los límites de terreno y hasta disputas familiares.
«Antes teníamos a los 'paras', el ejército y a la delincuencia común, pero ahora sabemos quiénes son los culpables si pasa algo», dijo una mujer del lugar.
En algunas de las pequeñas aldeas de la zona se ven colgadas de árboles o de muros distintas tablas con la lista de multas y castigos impuestos por la guerrilla.
«Insultos: 50.000 pesos (25 dólares), chismes (cuentos): 50.000, amenaza con arma blanca: 100.000 (50 dólares), ataques con arma de fuego 200.000 (100 dólares). Estos son algunas de las multas que aparecen en la larga lista de sanciones.
Este aspecto es muy parecido lo que ocurre en las poblaciones controladas por los paramilitares y, como en el caso de la guerrilla, sus leyes son arbitrarias. También son los grupos irregulares los que imponen horarios de tránsito en carreteras, caminos y ríos.
Por ejemplo, en Barrancabermeja, puerto petrolero del curso medio del río Magdalena, los comandantes de las AUC obligaron a dos adolescentes a barrer durante días las calles del lugar, en castigo por desobedecer sus órdenes.
En Santa Rosa, también en el río Magdalena medio, la población tuvo que hacer una colecta de unos 10 mil dólares, a fines de noviembre, para salvarles la vida a 40 vecinos, condenados a muerte por haber perseguido a tres paramilitares que asesinaron a un recolector de hoja de coca.
Para Jorge Rojas, coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), este año ha sido uno de los años más críticos de las últimas décadas para la población civil.
La Codhes señala que entre enero y octubre unas 277.000 personas debieron abandonar forzosamente sus lugares de origen, debido a las amenazas de uno u otro bando, lo cual equivale a un promedio de 1.025 desplazados por día.
El año pasado debieron abandonar sus hogares 270.000 colombianos.
Rojas entiende que la única vía para superar los efectos de la guerra civil es la negociación política, pero advierte que el futuro no es muy prometedor.
El experto puntualizó que el proceso de diálogo iniciado en 1999 entre el gobierno de Pastrana y las FARC muestra hoy señales de agotamiento y aún no se llega a un solo acuerdo, en la agenda de 12 puntos que se acordó entre las partes.
Los analistas políticos también encuentran poco alentador el proceso de contactos iniciado entre las autoridades y el ELN, cuando sólo restan ocho meses para finalizar el mandato de Pastrana. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/01
