La Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene por delante tres años de arduo trabajo, pues deberá ocuparse de negociaciones inmediatas en una nueva ronda ministerial y también mantener el difícil equilibrio político interno.
La cuarta conferencia ministerial realizada en noviembre en Doha, la capital de Qatar, otorgó mandato a la OMC para que negocie acuerdos de mayor apertura comercial y en asuntos relacionados con ambiente, aranceles industriales y aplicación de cuestiones pendientes.
Las tratativas, en el plano de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, comprenderán también a un sistema de protección de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, como reclaman los países europeos.
La cuestión de las indicaciones geográficas se debate también en el comité de agricultura de la OMC, pues los europeos pretenden extender esa protección a otros productos agrícolas, en particular a los quesos, a lo cual se oponen el Grupo de Cairns y Estados Unidos.
El Grupo de Cairns está formado por Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay, países de agricultura eficiente que exigen un comercio sin subsidios ni barreras paraarancelarias.
El mandato para sostener negociaciones abarca además a las subvenciones y medidas compensatorias, con la aclaración de que se deberán tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados.
En ese capítulo de subvenciones y medidas compensatorias, denominado Normas de la OMC, se incluyó una variante novedosa con el llamado a negociar fórmulas para aclarar y mejorar las disciplinas del comercio multilateral respecto de las subvenciones a la pesca.
La referencia a las subvenciones a la pesca constituía una antigua reivindicación del Fondo para la Conservación de la Naturaleza (WWF), que consiguió su incorporación al proyecto de resolución presentado a la fracasada conferencia ministerial de 1999, realizada en la ciudad noroccidental de Seattle.
El paquete de negociaciones para los tres años venideros se completa con los asuntos vinculados a los acuerdos regionales, el entendimiento sobre solución de diferencias, como se conoce al tribunal de la OMC, y la prosecución de las negociaciones sobre agricultura y servicios, iniciadas en enero de 2000.
En el capítulo de agricultura sobresale el compromiso asumido por los ministros de negociar reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva.
La Unión Europea, que destina recursos cuantiosos a subvencionar sus exportaciones agrícolas, logró aclarar en el texto que el compromiso se concertaba «sin prejuzgar el resultado de las negociaciones».
Pero los países agrícolas que no subvencionan su producción ni sus exportaciones restaron importancia a ese agregado y afirmaron que el texto favorece su posición negociadora.
Respecto de los aranceles industriales, que la OMC denomina acceso a los mercados para productos no agrícolas, la conferencia decidió convocar a negociaciones inmediatas pese a la presión de los países en desarrollo, que agitan el fantasma de una nueva desindustrialización.
Los asuntos de mayor contenido polémico, como inversiones y competencia, se comenzarán a estudiar a partir de enero, pero sólo se celebrarán negociaciones al respecto después de la quinta conferencia ministerial, que se realizará en 2003 en México.
De todas maneras, la convocatoria a negociaciones sobre esos puntos y también sobre transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio deberán ser ratificadas en una decisión que los miembros de la OMC tomarán por consenso explícito.
La marcha de las tratativas y de los trabajos preparatorios encomendados en Doha dependerá del clima en que se desenvuelvan las relaciones entre los estados miembros de la OMC, que al comenzar 2002 sumarán 143.
No es ninguna novedad que existen discrepancias entre esos países, a veces profundas, sobre los tiempos y las modalidades para alcanzar las metas, aunque en su gran mayoría coinciden con el objetivo de eliminar las barreras al comercio internacional y de fortalecer el sistema multilateral.
Las diferencias se reflejan en la preparación de los mecanismos de negociación mandatados por la conferencia de Doha.
Un grupo de países, integrado por Cuba, Egipto, Honduras, Kenia, Pakistán, República Dominicana, Tanzania, Uganda y Zimbabwe, propuso modalidades para la conformación de esos organismos, que son cuestionadas por las naciones industrializadas.
Pakistán, que presentó la iniciativa, opinó que las reuniones de los distintos cuerpos de negociación no deberán sobreponerse para así favorecer a los países en desarrollo, que no tienen en Ginebra un número de representantes suficientes para atender reuniones simultáneas.
En cambio, Australia y Canadá, se opusieron a esa pretensión.
Por lo general, las grandes potencias comerciales (Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Canadá) tienen peso decisivo en la OMC a la hora de tomar esa clase de decisiones.
Un representante latinoamericano dijo que los siete delegados que actuaron de facilitadores en los grupos de negociaciones en Doha fueron elegidos por ese bloque de potencias, conocido como el Cuadrilátero.
Rubens Ricupero, un veterano negociador brasileño que actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), reconoció que el resultado de las negociaciones dependerá básicamente de la voluntad de los países industrializados.
Los problemas para la apertura de los mercados no provienen de los países en desarrollo sino de la resistencia de algunos sectores proteccionistas del Norte, estimó Ricupero.
El ánimo de las partes comenzará vislumbrarse a partir del 28 de enero, cuando la OMC abra el debate sobre las bases y la integración del Comité de Negociaciones Comerciales, el organismo que deberá llevar adelante todo el proceso encomendado por Doha. (FIN/IPS/pc/dm/if/01
