La sentencia de tres años de prisión para el principal activista pro Talibán en Pakistán fue un claro mensaje del gobierno militar a los grupos radicales islámicos de que está decidido a combatir el extremismo religioso.
Guardias fronterizos pakistaníes arrestaron en noviembre a Sufi Mohammad, clérigo y líder del Movimiento para la Aplicación de las Leyes Islámicas, cuando regresó al país desde el vecino Afganistán, al cual había ingresado con más de 8.000 personas a quienes convocó a combatir junto con las fuerzas de Talibán.
Esa contingente, que no llegó a entrar en combate, ingresó a Afganistán luego del repliegue a la región meridional de ese país de las fuerzas de Talibán, desplazadas por la opositora Alianza del Norte y los bombardeos aéreos de Estados Unidos.
Sufi fue acusado de introducir armas pesadas en Pakistán, y sentenciado a tres años de prisión junto con 30 de sus seguidores, en un juicio que duró unas pocas horas, en virtud de la Ley de Crímenes de Frontera de 1861.
La rápida condena de Sufi estuvo de acuerdo con la nueva postura ante el radicalismo islámico del régimen militar encabezado por Pervez Musharraf, quien se alió con Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo» luego de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
El ejército pakistaní fue el principal patrocinador de los partidos fundamentalistas islámicos en Afganistán desde la resistencia en ese país contra la invasión de la Unión Soviética (1979-1989), pero ahora sostiene que no hay lugar en Pakistán para el radicalismo.
«Los elementos extremistas quedaron al descubierto, y ahora tomaré medidas concretas contra ellos para que prevalezca la voluntad de la mayoría moderada», declaró el general Musharraf el 26 de noviembre.
Sus declaraciones constituyeron una clara advertencia a los partidos religiosos que se opusieron a su decisión de apoyar a Estados Unidos y protagonizaron violentas protestas en todo el país en octubre y noviembre.
El gobierno formula políticas para erradicar el extremismo de los partidos religiosos y de Pakistán, informó el general Rashid Qureshi, secretario de prensa de Musharraf y jefe de Inter Services Public Relations, el órgano de prensa del régimen militar, un día después de las declaraciones del presidente.
La justicia ya envió a prisión o puso bajo arresto domiciliario a altos líderes del partido radical islámico Jamaat-i-Islami y de dos facciones del grupo Jamiat Ulema Islam.
«Procederemos contra los líderes religiosos arrestados de acuerdo con la ley», advirtió el general retirado Moeenuddin Haider, ministro del Interior.
Mientras, agentes de seguridad realizan redadas en todo el país contra miembros de partidos religiosos sospechosos de tener contactos con el saudí Osama bin Laden y su red terrorista Al- Qaeda, responsabilizados por los atentados del 11 de septiembre.
Hasta 50 personas fueron detenidas en la sureña ciudad portuaria de Karachi el 26 y el 27 de noviembre, en redadas contra Tehrik-i-Islam Talibán y otros grupos «jihadistas» o partidarios de la «guerra santa» islámica.
«No sabemos el número exacto de detenidos en el marco de la represión internacional contra el terrorismo, pero son varios cientos. Prevemos que habrá más arrestos», declaró un funcionario del Ministerio del Interior.
Los partidos religiosos se han mostrado cautos en sus críticas al gobierno luego del repliegue de Talibán, que actualmente apenas logra mantener su control sobre la sureña ciudad afgana de Kandahar.
En lugar de salir a las calles a protestar, esos partidos emiten declaraciones políticas de censura al régimen de Musharraf por la situación en el vecino Afganistán.
«Lanzaremos un movimiento antigubernamental luego del Eid» (la fiesta religiosa que marca el fin de los ayunos de Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes), anunció Maulana Fazlur Rehman, líder de Jamiat Ulema Islam.
Rehman hizo su anuncio desde su casa de la ciudad Dera Ismail Khan, en la Provincia de la Frontera Noroccidental, donde se encuentra bajo arresto domiciliario.
Mientras, Jamaat-i-Islami se esfuerza por recuperar su fuerza política, absteniéndose de criticar la nueva postura moderada de Islamabad.
«La actual crisis en Afganistán sólo puede resolverse mediante el establecimiento de un gobierno interino que organice nuevas elecciones», declaró Qazi Hussain Ahmed, líder de Jamaat.
Ahmed enfrenta cargos de sedición por emitir declaraciones contra el gobierno militar en el apogeo de las protestas de los partidos religiosos contra la cooperación de Pakistán con Estados Unidos contra Afganistán.
Por su parte, las fuerzas progresistas aprueban la represión de los grupos radicales.
«Nuestra campaña por la paz y contra el extremismo ha dado frutos. Hemos convocado más gente a las calles que ningún partido religioso», dijo Kaneez Zehra, de la Alianza por la Paz y la Justicia, que organizó una manifestación multitudinaria en la ciudad de Rawalpindi en noviembre. (FIN/IPS/tra- en/mr/js/mlm/ip/01
