Masacres en Ruanda, Somalia y los Balcanes se debieron al fracaso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la prevención y manejo de conflictos, afirmaron expertos en un informe al secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por sus siglas en inglés) entregó esta semana a Annan, recomendaciones para implementar futuras intervenciones militares que busquen evitar catástrofes humanitarias.
Esa comisión, creada por el gobierno de Canadá, se propuso dar respuesta a un desafío a la comunidad internacional lanzado por Annan en la Cumbre del Milenio, organizada por la ONU en Nueva York en septiembre de 2000.
En esa ocasión, el secretario general instó a debatir dilemas éticos, políticos y operativos de intervenciones internacionales con fines humanitarios, en el marco del fin de la Guerra Fría y del avance hacia un orden internacional basado en la democracia, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno.
El informe de la ICISS, titulado «La responsabilidad de protección», es el resultado de 12 meses de investigaciones y amplias consultas, y sus autores arguyen que es posible que la comunidad internacional proteja a la población de un Estado soberano sin minar su soberanía.
«Los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de catástrofes evitables, pero cuando no pueden o no quieren hacerlo, esa responsabilidad recae en la comunidad de naciones», afirmó el presidente de la ICISS, Gareth Evans, ex ministro de Asuntos Exteriores de Australia.
La comisión sostuvo que el Consejo de Seguridad de la ONU es la única autoridad internacional con legitimidad para decidir ese tipo de intervenciones.
El informe puede leerse en el sitio http://www.iciss.gc.ca/report-e.asp de Internet, la red mundial de computadoras, y no es «un nuevo estudio analítico sobre el derecho de intervención, sino una guía práctica para llevar a cabo intervenciones basadas en principios», indicó Evans.
La intención declarada de los autores fue proponer una base sólida para el consenso internacional acerca de las circunstancias que pueden justificar una intervención, quiénes deberían llevarla a cabo y bajo qué autoridad.
Ese tipo de operaciones sólo se justifica ante «pérdida de vidas en gran escala» e intentos de genocidio o limpieza étnica, y aun en esas circunstancias debe ser el último recurso, tras el fracaso de medidas de prevención o pacificación, enfatizaron.
La escala, duración e intensidad de la intervención deberían ser las mínimas necesarias, para evitar costos humanos e institucionales, apuntaron.
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia, deberían adoptar un código de conducta para no bloquear operaciones apoyadas por clara mayoría de la comunidad internacional, si no afectan intereses vitales de esos países, señalaron.
Los países involucrados en «situaciones alarmantes» pueden explorar alternativas a la intervención de la ONU, si el Consejo de Seguridad no decide proteger a la población afectada, pero eso dañaría en forma grave la credibilidad del foro mundial, sostuvo Evans.
El informe de la ICISS fue redactado antes de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y por lo tanto no aborda cuestiones relacionadas con la respuesta estadounidense a ellos, y se basa en la hipótesis de demandas de que la comunidad internacional proteja a la población de un Estado.
El único pasaje que puede vincularse con la respuesta a un atentado terrorista contra una nación es el que reafirma el «derecho a la autodefensa individual o colectiva, si se produce un ataque armado contra un Estado miembro» del foro mundial, establecido en la Carta de la ONU.
Los autores señalaron que los países que decidan ejercer ese derecho deben informar de inmediato al Consejo de Seguridad, como lo hizo Estados Unidos al lanzar su campaña internacional antiterrorista tras los atentados de septiembre.
Los gobiernos de varios países se han opuesto a toda intervención internacional en un Estado soberano, a menudo para proteger sus propios intereses.
Beijing, por ejemplo, rechaza con firmeza la posibilidad de que la comunidad internacional intervenga para proteger a la población de las campañas represivas chinas contra insurgentes separatistas en Tibet y en la sudoccidental provincia de Xianjiang.
India se opone a cualquier mediación internacional en la disputa por el territorio de Cachemira que mantiene desde hace más demedio siglo con Pakistán, y Rusia no acepta que otros países intervengan para buscar soluciones a la cuestión del separatismo en Chechenia.
Hay importantes discrepancias internacionales sobre las circunstancias que justifican una intervención humanitaria, aunque una amplia mayoría de los integrantes de la ONU coincide en que tales operaciones sólo pueden ser autorizadas por el Consejo de Seguridad, afirmó el copresidente de la ICISS, Mohamed Sahnoun, asesor especial de Annan.
«Nos complace que la comisión haya logrado avanzar en el debate y ampliar las bases de consenso. Como ha dicho el secretario general, no queremos más episodios como el de Ruanda, y creo que aceptar las propuestas de la ICISS es la mejor forma de evitarlos», añadió.
Integran la comisión, además de Evans y Sahnoun, Gisele Cote- Harper, de Canadá, Lee Hamilton, de Estados Unidos, Michael Ignatieff, de Canadá, Vladimir Lukin, de Rusia, Klaus Nauman, de Alemania, Cyrill Ramaphosa, de Sudáfrica, Fidel Ramos, de Filipinas, Cornelio Sommaruga, de Suiza, Eduardo Stein, de Guatemala, y Ramesh Thakur, de India. (FIN/IPS/tra-eng/au/cr/dc- mp/ip/01
