India prepara una respuesta militar contra Pakistán, a cuyo gobierno acusa de proteger a los responsables del atentado de la semana pasada contra el parlamento indio, en el que murieron 13 personas.
Nueva Delhi alega que cinco ciudadanos pakistaníes, pertenecientes a grupos terroristas alojados y respaldados por Islamabad, dirigieron el atentado contra la sede del parlamento.
El gobierno de India llamó a su máximo representante diplomático en Islamabad este viernes, luego que Pakistán se negó a ilegalizar a los grupos islámicos Lashkar-e-Taiba (LT, Ejército de los Justos) y Jaish-e-Mohammad (JM, Soldados de Mahoma), arguyendo que Nueva Delhi no presentó pruebas suficientes.
El peligro de una escalada bélica entre los dos estados con arsenal nuclear sólo podría conjurarse mediante una decidida acción de la comunidad internacional destinada a lograr la contención de ambos gobiernos.
En los últimos días se registraron importantes movimientos de tropas, tanques y artillería pesada en la frontera septentrional del Punjab y en la llamada línea de control que divide la conflicta región de Cachemira, donde actúan grupos islámicos separatistas.
Varias aldeas fueron evacuadas en el estado indio de Jamu y Cachemira, mientras el intercambio de disparos a través de la línea de control ya causó la muerte de 35 soldados pakistaníes y la destrucción de 25 puestos fronterizos, según informó la Vigésimoquinta División de Infantería india.
El ejército de India confirmó el movimiento militar en respuesta a la «considerable concentración» de fuerzas pakistaníes del otro lado de la frontera. «Estamos haciendo lo que debemos», dijo un portavoz militar.
El primer ministro de India, Atal Bihari Vajpayee, responsabilizó el miércoles a Islamabad de conspirar para «liquidar a la dirigencia política de India», sumándose así a los sectores más duros del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), encabezados por el ministro del Interior, L. K. Advani.
Vajpayee, quien suspendió prematuramente las sesiones del parlamento ante la «crítica situación», calificó el atentado como un ataque «al honor y la existencia misma de la nación», y declaró que «todas las opciones (de represalias) están abiertas».
El gobernante aludió a Estados Unidos, al afirmar que aquellos que recomiendan contención a India deberían hacer lo mismo con Pakistán.
Nueva Delhi procura que Washington ejerza mayor presión sobre Islamabad, para que actúe contra las organizaciones sospechosas.
El jueves, el gobierno de Estados Unidos ordenó la confiscación de activos del grupo LT, al que el presidente George W. Bush calificó como «promotor del terrorismo sin patria».
Nueva Delhi procura asegurar algún resultado tangible de las acciones «antiterroristas» de Pakistán o, de lo contrario, considerará abierto el camino para «acciones» diplomáticas o militares.
Islamabad, por su parte, se niega a ceder ante la «intimidación» de Nueva Delhi. El presidente Pervez Musharraf detestaría calificar de terroristas a quienes su gobierno insiste en considerar «combatientes por la libertad».
En los últimos 12 años, Pakistán jugó un papel decisivo en la complicada Cachemira, armando y entrenando a organizaciones que hacen pocas distinciones entre objetivos militares y civiles.
Por otra parte, el gobierno militar de Musharraf ya está en problemas internos por haber perdido su influencia estratégica en Afganistán, al sumarse a la coalición militar encabezada por Rstados Unidos, y no podría afrontar una nueva claudicación, mucho menos ante su tradicional rival.
En India, no está en juego sólo el «honor» nacional, sino procesos electorales esenciales. El gobernante BJP de Vajpayee, que encabeza una difícil coalición de 26 partidos, se apresta para las elecciones legislativas en los estados del Punjab y Uttar Pradesh.
En este último, el más poblado del país y gobernado por una coalición que encabeza el BJP, todas las encuestas electorales pronostican una derrota del oficialismo.
Muchos dirigentes reconocen que el fracaso en Uttar Pradesh provocaría la ruptura de la coalición nacional. Una postura dura frente a Pakistán y el terrorismo podría revertir esa tendencia.
Esa es una de las razones por las cuales el gobierno de Vajpayee se apresuró a acusar a las organizaciones militantes, apoyándose en pruebas circunstanciales y sin haber reunido suficientes evidencias directas.
Las dos organizaciones acusadas por Nueva Delhi son muy distintas en términos de ideología y organización, y mantienen una rivalidad histórica.
LT integra la red internacional Al Qaeda (La Base), dirigida por el saudita Osama bin Laden, a quien el gobierno de Estados Unidos considera responsable de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. JM no forma parte de esa red, y no hay antecedentes de acciones conjuntas de ambos grupos.
Por lo tanto, no será fácil que el gobierno indio pruebe sus acusaciones, si no avanza en la investigación del asunto. Ese hecho, sumado a la presión estadounidense para que Nueva Delhi actúe con prudencia, puede impedir un ataque militar contra territorio pakistaní.
Otros factores que podrían contribuir a frenar planes de ataque son las advertencias de partidos opositores contra cualquier acción militar antes de agotar opciones políticas y diplomáticas, y el hecho de que el Ejército piensa que los campos de entrenamiento terrorista en la parte pakistaní de Cachemira son objetivos de poca importancia.
Según fuentes militares, esos campos «son sólo espacios abiertos para hacer ejercicio y practicar tiro», y la ubicación de varios de ellos a considerable distancia de la frontera implica riesgos de conflicto prolongado y de una escalada militar hasta el uso de las armas nucleares en poder de ambos países.
India y Pakistán intercambiaron 13 amenazas de ataque nuclear durante su conflicto en la región fronteriza cachemira de Kargil, a mediados de 1999, y los misiles con cabeza nuclear pueden tardar de tres a ocho minutos para recorrer la distancia entre ciudades de ambos países.
Una guerra nuclear tendría efectos devastadoras en Asia Meridional y más allá de ella, entre otras cosas porque rompería la restricción política y moral del uso de bombas nucleares vigente en el mundo desde los ataques estadounidenses de 1945 contra las ciudades meridionales japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Según estudios científicos, el estallido de una bomba nuclear del tipo más primitivo en ciudades como la occidental india de Mumbai (Bombay) o la sudoccidental pakistaní de Karachi causaría de 800.000 a dos millones de muertes inmediatas, y una nube radiactiva que se extendería sobre toda la región.
Se calcula que el arsenal nuclear de India y Pakistan suma de 70 a 150 bombas.
La comunidad internacional tiene razones para desactivar la crisis y no permitir que su lugar sea ocupado de hecho por Washington, cuyas acciones poco neutrales y a menudo torpes en India, Pakistán y Afganistán hacen que los pueblos de la región desconfíen de que pueda ser un mediador honesto e imparcial.
Una intervención internacional efectiva debería provenir del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con apoyo de todas las potencias mundiales, los países del Sudeste Asiático y el Movimiento de No Alineados.
Aún es posible evitar una catástrofe, si se combinan en forma adecuada factores nacionales e internacionales que no surgirán en forma espontánea, sino que deben ser creados y desarrollados. ¿Podrá el mundo afrontar con éxito ese desafío? (FIN/IPS/tra- eng/pb/rdr/ral/dc-mp/ip/01
