Legisladores de India opusieron resistencia física este martes a la introducción en el parlamento de un proyecto de ley antiterrorista en respuesta a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Miembros del partido del Congreso, el partido regional Samajwadi (socialista), el Rashtriya Janata Dal (Partido Nacional del Pueblo) y partidos comunistas, todos opositores, obligaron a postergar la introducción de la propuesta legislativa en la cámara baja o Lok Sabha.
Así mismo, distribuyeron copias de la Ordenanza para la Prevención del Terrorismo, una de cuyas versiones promulgará el gobierno, y en la que se basa el proyecto de ley.
En la nueva versión del proyecto, el gobierno intentó complacer a la opinión popular eliminando una cláusula que obligaba a los periodistas a pasar a las autoridades información que pudiera ayudar a prevenir actividades terroristas.
El gobierno sólo intenta cumplir la resolución de las Naciones Unidas que exige a los países miembros aprobar leyes contra el terrorismo, arguyó el portavoz del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Nacionalista Hindú) tras las postergación de la introducción del proyecto para este miércoles.
Pero líderes opositores creen que las autoridades tienen otros motivos y advirtieron que se opondrán a la propuesta de ley.
«Hay muchas cláusulas violatorias de los derechos humanos y el Estado de derecho. Esta ordenanza coloca la carga de la prueba de la inocencia sobre el propio acusado», afirmó Pranab Mujerjee, un líder veterano del partido del Congreso.
D. Raja, secretario del Partido Comunista de India, advirtió que «es muy posible que la nueva ley dé lugar a abusos, en especial cuando no se hace nada por reformar la policía y la justicia».
«Nos oponemos totalmente a la nueva ley. No fuimos consultados antes de su redacción», declaró Sonia Gandhi, líder del partido del Congreso.
Todos esos partidos son seculares y defienden los derechos de las minorías, en particular de la gran comunidad musulmana, a la que no consideran segura bajo el gobierno del hinduista BJP.
Mulayam Singh Yadav, líder del Partido Samajwadi y ex ministro jefe del norteño estado de Uttar Pradesh, aseguró que el proyecto tiene por finalidad amedrentar a los opositores del gobierno en ese estado, que a comienzos del año próximo celebrará elecciones.
En Uttar Pradesh, gobernado actualmente por el BJP, se encuentra la ciudad de Ayodhya, donde fundamentalistas hindúes demolieron en 1992 una mezquita medieval, generando enfrentamientos sectarios que dejaron miles de muertos.
Si bien el BJP y sus aliados de la gobernante Alianza Nacional Democrática pueden lograr la aprobación del proyecto en la Lok Sabha, la cámara alta o Rajya Sabha está dominada por partidos opositores que lo rechazarán.
Arun Jaitley, ministro de Ley, arguyó que la nueva norma es necesaria para que India pueda acabar con el terrorismo en lugares como Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana, donde hay una insurgencia separatista respaldada por Pakistán.
«Este país ha pedido a otros que repriman el terrorismo, y ahora nosotros debemos aprobar leyes similares a las aprobadas en Estados Unidos y Gran Bretaña», declaró.
El proyecto se concentra en la confiscación de bienes y fondos de grupos terroristas, así como en su proscripción e intercepción, pero los partidos opositores quieren transformarlo en un tema político, sostuvo Jaitley.
El ministro opinó que los partidos de oposición exageran las probabilidades de abuso de la ley y señaló varias disposiciones destinadas a responsabilizar a los funcionarios policiales por sus acciones.
La Ordenanza para la Prevención del Terrorismo establece que aquellos policías «que ejerzan el poder con corrupción o malicia, a sabiendas de que no existen motivos razonables para proceder según la Ordenanza, serán castigados con multa, prisión de hasta dos años o ambas penas», recordó Jaitley.
El jurista Madhava Menon atribuyó la oposición al proyecto a «la gran insatisfacción popular con el manejo de los poderes de policía del Estado».
«Aun cuando varias comisiones designadas por sucesivos gobiernos recomendaron reformas urgentes en la policía y la justicia penal, todos los partidos políticos conspiraron para mantener a la policía bajo su control, desmoralizándola al punto de la irrelevancia», afirmó Menon.
«Ninguna persona sensata podría aceptar ahora que se otorguen más y más poderes a esa policía, mientras los políticos que la controlan pretenden usarla con fines nefarios», concluyó el jurista. (FIN/IPS/tra-en/rdr/js/mlm/hd-ip/01
