El gobierno de Francia incrementa el salario de los funcionarios públicos en un intento por ganar su apoyo en las elecciones presidenciales y legislativos de abril y mayo de 2002.
La administración de Lionel Jospin autorizó desde septiembre aumentos a sus trabajadores que ascienden a 15.000 millones de francos, más de 2.000 millones de dólares estadounidenses.
Así mismo, aprobó mejoras en las condiciones laborales de médicos, enfermeros, maestros, funcionarios de policía, soldados y personal de aeropuertos.
El aumento salarial se produjo después de una serie de huelgas que casi paralizaron los servicios públicos.
«El gobierno centroizquierdista de Lionel Jospin no puede arriesgar perder los votos de los funcionarios públicos, aunque el primer ministro (Jospin) y sus asesores saben que incluso con los aumentos salariales será difícil comprar la lealtad de los votantes», dijo el reconocido comentarista político francés Alain Duhamel.
Integrantes de la policía militar francesa, «la gendarmerie», se sumaron a las medidas de protesta, desafiando las leyes que les inhiben el derecho de huelga, del que gozan todos los trabajadores de entes públicos.
En un acto sin precedentes, cientos de funcionarios de la policía militar se presentaron este mes en clínicas y hospitales, quejándose de que sus condiciones laborales los enfermaban. El resultado fue que el Ministerio de Defensa aceptó sus demandas salariales y de aumento del número de efectivos.
La disposición del gobierno a aceptar las exigencias de los trabajadores del sector público hizo que el partido opositor Unión por la República (RPR, según sus siglas en francés), se lanzara contra Jospin.
Michelle Alliot-Marie, presidenta del RPR, dijo que «el gobierno desmanteló la autoridad del Estado al caer en esta forma de chantaje electoral».
Jospin y su Partido Socialista (PSF) competirán con el presidente Jacques Chirac y el RPR en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril y mayo de 2002.
Analistas políticos afirman que el «chantaje electoral» ha caracterizado la tradición política francesa tanto en filas políticas de la izquierda como de la derecha.
Durante los dos comicios presidenciales anteriores, candidatos cercanos a la izquierda y la derecha intentaron sin éxito ganar el apoyo político de los funcionarios públicos y otros grupos de presión con subvenciones extraordinarias previas al acto electoral.
En 1988, el entonces primer ministro Chirac destinó unos 6.000 millones de dólares en subsidios a agricultores y aumentos salariales para trabajadores del Estado.
En 1994, el primer ministro Edouard Balladur imitó los esfuerzos de Chirac, y entregó 5.000 millones de dólares en pagos para granjeros, soldados y familias con muchos hijos.
Ivan Best, comentarista económico del semanario Challenges, dijo que «hasta septiembre Jospin administró el presupuesto estatal con un rigor sorprendente para un socialista».
En comparación, destacó Best, Jospin gastó menos de un tercio de las asignaciones extraordinarias de Chirac y Balladur en 1988 y 1994.
«En menos de 12 semanas, Jospin repartió unos 300 millones de dólares a hospitales públicos, 250 millones a clínicas privadas, más de 200 millones a la policía, y más de 400 millones a la policía militar. Entre estos y otros sectores, los gastos suman más de 2.000 millones de dólares», agregó el analista.
El gobierno sostiene que las asignaciones no engrosarán el déficit estatal, ya que los nuevos gastos se financiaron internamente, sin recurrir a nuevos impuestos.
Henry Emmanuelli, presidente de la bancada parlamentaria socialista, justificó la entrega de fondos diciendo que «al incrementar los salarios, el gobierno estimula el consumo interno, y previene la recesión».
La economía francesa goza de buena salud, en relación con el promedio europeo. Este año, se estima un crecimiento de 2,1 por ciento, más del doble del que experimentará, según estimaciones, la economía de Alemania. Francia sigue a España, Irlanda y Gran Bretaña en la lista de desempeño económico.
Los trabajadores parecen saber cómo sacar el mejor partido del período preelectoral. Los empleados de clínicas privadas exigieron nuevas mejoras a las ya obtenidas del gobierno semanas atrás.
Así mismo, los empleados bancarios amenazaron con una huelga general durante la primera semana de enero próximo, que coincidirá con la introducción del euro, la nueva moneda europea.
El ministro de Finanzas, Laurent Fabius, exhortó a los bancarios a «ser conscientes de su responsabilidad en la transición al euro». En respuesta, los dirigentes sindicales dijeron que, además de su responsabilidad, también son conscientes de sus propias necesidades. (FIN/IPS/tra-en/jg/mn/lp/mlm/ip lb/01
