El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró haber llevado a cabo una «revolución» en transparencia y apertura interna, pero el acceso a más información no impide que siga siendo un organismo cerrado, advirtieron activistas.
«En los últimos años se produjo una revolución, con cambios esenciales en transparencia y apertura acerca de nuestras actividades y nuestra obligación de rendir cuentas», sostuvo Ydahlia Metzgen, integrante del departamento de revisión y desarrollo de políticas de la agencia financiera multilateral.
Hasta 1997, se publicaban muy pocos documentos internos del organismo integrado por 183 naciones, y el acceso del público a la información era casi imposible, recordó Metzgen.
En cambio ahora, el FMI publica los resultados de sus recomendaciones y consultas, en acuerdo con el gobierno en cuestión, lo cual constituye un aumento de 86 por ciento en la publicación de tal documentación.
Casi 96 por ciento de los documentos nacionales —como las cartas de intención firmadas por el Fondo y los gobiernos prestatarios— se publican o se colocan en el sitio del organismo en la red de informática Internet, en la dirección www.imf.org, agregó Metzgen.
La agencia creó la Oficina de Evaluación Independiente, un mecanismo de control interno, y ha iniciado consultas informales con activistas, grupos de la sociedad civil y otros actores que propugnan reformas al sistema de instituciones multilaterales, conformado por el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y el propio FMI.
«La información disponible en Internet es realmente impresionante. La página contiene suficientes datos como para permitir estudios serios sobre nuestras actividades», afirmó Thomas Dawson, director del departamento de asuntos externos.
«El informe sobre prácticas de rendición de cuentas y situación financiera ha mejorado a tal punto que inclusive yo puedo entenderlo», bromeó Dawson.
«La documentación guardada alguna vez como secreto de Estado, se hace pública ahora en forma rutinaria», agregó Dawson.
«En el contexto del Fondo, los esfuerzos por mayor transparencia son realmente grandes, pero en un contexto mundial, no los consideraría revolucionarios», opinó la analista Angela Wood, de la organización no gubernamental Proyecto Bretton Woods, con sede en Londres.
«Han dado pasos que debieron tomar hace años, si bien avanzaron más que el Banco Mundial en la materia», estimó Wood.
En opinión de Wood, la sociedad civil demanda cambios más veloces y mejor acceso a la información, en particular a proyectos de evaluación interna e informes técnicos de la agencia.
El acceso a ese material puede alimentar el debate público y democratizar la planificación económica de los países y, en ese proceso, ayudar a evitar algunos de los daños que las reformas económicas provocan a los sectores sociales más vulnerables, consideró Wood.
La mayor parte de los documentos se hacen públicos cuando alcanzaron su redacción definitiva y se adoptaron resoluciones, mientras las versiones provisorias y la información sobre decisiones pendientes rara vez llega a los parlamentos nacionales, mucho menos al público, sostuvo Wood.
«Mucho más revolucionario sería publicar los borradores», opinó.
Po otra parte, «la transparencia no se refiere sólo al secreto de la información, sino a la forma en que las instituciones toman decisiones y conducen sus operaciones», apuntó Daniel Bradlow, profesor de derecho de la American University.
Pese a algunos avances en su relación con actores públicos, las consultas con la sociedad civil y con grupos que no forman parte del proceso tradicional de toma de decisiones siguen siendo informales, por tanto no está claro si se llevan a cabo en todas las instancias relevantes, estimó Bradlow.
El Fondo aún debe pronunciarse explícitamente sobre cómo decide qué información publica y cuándo. «La falta de certeza mina la confianza en esta política de apertura», consideró.
El universitario sospecha inclusive que la agencia y los gobiernos miembros publican un volumen creciente de documentación relativamente «liviana», y trasladan la información sensible o relevante a acuerdos laterales confidenciales, orales o escritos.
«Mientras no se pruebe lo contrario, parece prudente considerar que esta práctica está en uso», sostuvo Bradlow.
El movimiento reformista reclama que se publiquen minutas sobre las reuniones de los órganos directivos del Fondo, con el fin de conocer qué deciden los 24 directores ejecutivos, que representan a igual número de gobiernos accionistas.
Esa información debería incluir el resultado y detalle de las votaciones, para que la población y los legisladores se aseguren que los representantes ante el FMI votan de acuerdo a sus manifestaciones públicas.
Desde hace tiempo, críticos e informantes internos de la agencia aseguran que miembros de los consejos de dirección dan una opinión destinada a satisfacer al público y luego hacen lo contrario en reservado.
«El Fondo, como todas las burocracias, aún sigue siendo más cerrado de lo que muchos desearían. Estoy seguro que la presión por mayor apertura continuará, y está bien. Pero también creo que existen límites», afirmó Dawson, funcionario del FMI.
Por otra parte, Dawson descartó cualquier posibilidad de aceptar reclamos de reparación por supuestos daños sociales, económicos o ambientales, ocasionados por los programas o recomendaciones del Fondo.
Algunas organizaciones, como la francesa Agir Ici, reclaman un mecanismo de apelación que reciba denuncias de poblaciones afectadas por las políticas de la agencia.
Al igual que la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial, el FMI es una organización surgida de un tratado internacional, inmune a los litigios judiciales, estimó Dawson.
«Aún es evidente el principio de no mostrar nuestra ropa sucia en público. Pero eso no significa que nuestras decisiones no deban ser revisadas más tarde, en forma honesta, independiente y abierta. Sin eso no tendremos bases para aprender de nuestra experiencia», reconoció. (FIN/IPS/tra-eng/em/aa/dc/if/01
