La propuesta del FMI para evitar que países insolventes sean llevados a juicio por tenedores privados de sus bonos de deuda puede ser insuficiente para aliviar los sacudones financieros asociados al estancamiento económico mundial, según expertos.
Analistas y funcionarios del propio FMI (Fondo Monetario Internacional) se han quejado de que el rescate de los inversores privados simplemente estimula el «riesgo moral» o la repetición de las mismas negociaciones apuradas con la esperanza de que ese organismo multilateral actúe con mano blanda la próxima vez.
El proceso esbozado por la directora adjunta del FMI, Anne Krueger, esta diseñado para aliviar la presión sobre deudores, acreedores y el propio organismo multilateral, que tradicionalmente debe ir al rescate de los gobiernos para que paguen a los accionistas privados.
La propuesta presentada a fines de noviembre por la número dos del FMI permitiría a países deudores fijar un nuevo calendario de vencimientos y un período temporario de suspensión de pagos.
El respaldo del FMI en este caso, al igual que con otros planes de asistencia, dependerá de que el país en problemas ponga en marcha un programa de ajuste fiscal y se proponga «negociar de buena fe con los acreedores», explicó Krueger.
Por su parte, el organismo multilateral se comprometería a entregar los préstamos, aun cuando el país estuviera atrasado en los pagos.
«La idea es crear incentivos para que deudores y acreedores lleguen a un acuerdo según sus propios parámetros, de modo que el mecanismo rara vez tuviera que ser usado», agregó la funcionaria.
Críticos de los planes de rescate del FMI pidieron en varias ocasiones un sistema mundial más acorde para hacer frente a casos de bancarrota.
Por otra parte, el FMI y algunos gobiernos han buscado formas para que los inversores privados compartan los costos de la estabilización financiera, en lugar de recargar sólo a los deudores.
John Williamson, del centro de investigación Institute for International Economics, con sede en Washington, dijo que respalda la propuesta del FMI como «forma de resolver las cosas cuando la deuda resulta insostenible por los términos en que se contrajo».
Por su parte, Carol Graham, investigadora de Brookings Institution, consideró positiva la propuesta, pero advirtió que «el diablo estará en los detalles».
«Es difícil predecir el impacto futuro en los mercados financieros», acotó.
Corregir el sistema financiero mundial con periodos de suspensión temporaria equivale a «aliviar un dolor de cabeza con un martillazo», sostuvo, a su vez, Gary Hufbauer, experto del Institute for International Economics y coautor del libro «Mercados Mundiales de Capital: Desafío al G-10».
Hufbauer alegó que las suspensiones temporarias deprimirán los flujos de capital a los mercados emergentes.
«Antes de que los países deudores entren en una crisis, como la que afrontan Argentina o Turquía o por la que pasó Rusia, las naciones más ricas del mundo deben tomar medidas preventivas para moderar flujos imprudentes de capitales a esos países emergentes», reflexionó el experto.
Sin embargo, Krueger intentó aliviar los temores de los acreedores privados a negociar sin la cobertura a la que están acostumbrados con los planes de rescate y con la perspectiva de la suspensión de los pagos hasta la fijación de un nuevo calendario.
Una reestructuración periódica ayudará a mantener el valor de la deuda, subrayó Krueger.
Williamson restó importancia al argumento de que la propuesta fortalecerá a los deudores contra los tenedores de bonos.
«Veo un peligro real de que la reacción inicial de los inversores sea muy negativa, pero, si el mecanismo está bien diseñado para mantener el equilibrio entre los intereses de deudores y acreedores, en el largo plazo el impacto será muy positivo», destacó.
Graham se manifestó de acuerdo y señaló que, «si está bien llevado a cabo, facilitará, en lugar de retardar, el flujo de fondos privados a los mercados emergentes y, a la vez, desalentará conductas irresponsables de los acreedores».
El plan, que aún debe ser llevado ante la Junta de Directores del FMI, requerirá un cambio de la legislación y actitud política de los países accionistas, que deberán evitar que sus ciudadanos lleven a juicio a gobiernos extranjeros, como por ejemplo hicieron inversores privados con Perú y Ecuador.
Aunque la propuesta tuviera un respaldo político total, se requieren entre dos y tres años para ponerla en práctica, con lo cual el nuevo sistema no estaría listo para Argentina o Turquía, aclaró Krueger.
El ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, trata de negociar con el FMI la liberación de casi 1.300 millones de dólares, parte del préstamo aprobado a fines del año pasado, y cuya suspensión de entrega pone en riesgo el pago de los vencimientos de este mes. (FIN/IPS/tra-en/em/aa/lp-dm/if/01
