Estados Unidos se propone ampliar sus facultades para investigar y registrar puertos, buques mercantes y cargas de países extranjeros, en el marco de su guerra contra el terrorismo.
Las leyes de seguridad consideradas en el Congreso y las propuestas formuladas por la Guardia Costera y otros organismos gubernamentales estadounidenses ampliarán el límite territorial nacional de tres a 12 millas.
Además, las nuevas normas otorgarán poderes adicionales a las autoridades para actuar en puertos y buques extranjeros con sistemas de seguridad inadecuados, y permitirán colocar mariscales armados en barcos extranjeros que lleguen a puertos nacionales.
Mientras, Washington persuadió a la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia internacional para los países marineros reconocidos por las Naciones Unidas, de convocar una sesión extraordinaria en febrero de 2002 para discutir formas de mejorar la seguridad marítima en todo el mundo.
Muchas de las propuestas fueron incorporadas a un proyecto sobre seguridad portuaria que el Senado votará esta semana.
Las medidas están destinadas a proteger al público de ataques como los del 11 de septiembre, cuando terroristas suicidas secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono, provocando la muerte de más de 3.000 personas.
Expertos en transporte marítimo temen que buques cisterna puedan ser secuestrados con fines similares.
Grupos terroristas como Al Qaeda, del saudí Osama bin Laden (el principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre), podrían tomar un barco con material explosivo, como gas natural líquido, y hacerlo estallar cerca de una gran ciudad como Boston, advirtieron.
El puerto de Boston recibe grandes cantidades de gas natural líquido.
Las autoridades también ven una amenaza en los 45.000 contenedores que se mueven en los puertos nacionales cada día, de los cuales el Servicio de Aduanas inspecciona apenas dos por ciento.
Un grupo terrorista podría usar esos contenedores para «crear trastornos sociales y económicos», alertó Stephen Flynn, comandante de la Guardia Costera y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa ofrecida el día 14.
El principal peligro radica en los nuevos buques procedentes de Asia y Europa que cargan entre 5.000 y 7.000 contenedores, agregó.
«La facilidad con que un terrorista podría cargar armas químicas, biológicas y aun nucleares en un contenedor sin ser detectadas es espeluznante», advirtió el senador Joseph Lieberman, un demócrata del estado de Connecticut, en una audiencia del Senado el día 5.
El peligro es mayor porque los contenedores que llegan son inmediatamente colocados en camiones y enviados a sus destinos dentro del país, explicó el secretario de Transporte, Norman Mineta.
«Un contenedor que hoy llega a un puerto de Estados Unidos puede llegar mañana a cualquier parte del interior del país, por camión o por tren», dijo al Senado.
El problema es que «confiamos en la palabra de los embaladores originales. Pero luego del 11 de septiembre comenzamos a preguntarnos: ¿cómo podría entrar a Estados Unidos un misil portátil sin ser detectado? Sólo en un contenedor. Por eso debemos revisarlos», declaró Mineta.
Con las nuevas normas, la Guardia Costera, el Servicio de Aduanas y la Administración Marítima del Departamento de Transporte obtendrán nuevas facultades para determinar qué cargas entran al país e información detallada sobre los marineros que trabajan en los buques entrantes.
El proyecto de ley que se discutirá esta semana fue redactado por el senador Ernest Hollings, presidente de la Comisión de Comercio del Senado, y por el senador John Kerry de Massachusetts, ambos del opositor Partido Demócrata.
La ley proveerá importantes fondos para la protección de los puertos, en un esfuerzo encabezado por la Guardia Costera.
Una cláusula dispone la creación de un programa del Departamento de Transporte para colocar mariscales marinos en todos los barcos extranjeros que entren a puertos estadounidenses cuyo registro sea considerado insuficiente o que «no ejerzan un control adecuado de seguridad».
La propuesta legislativa amplía significativamente la jurisdicción internacional del Departamento de Transporte y le exige al organismo estudiar la seguridad en puertos extranjeros e identificar públicamente a aquellos puertos que no cumplan con las normas de la OMI sobre seguridad portuaria.
Si un puerto extranjero recibe una evaluación negativa, el Departamento de Transporte, en consulta con el Departamento de Estado y el presidente, podrían prohibir el transporte marítimo entre Estados Unidos y ese puerto.
Además, el Departamento de Transporte debería ofrecer al Congreso un informe anual sobre todos los barcos de bandera extranjera que entren a aguas territoriales estadounidenses.
Mineta propuso también otorgar a la Guardia Costera autoridad para abordar buques extranjeros hasta a 12 millas de las costas de Estados Unidos, una medida que cuadruplicaría el actual límite territorial.
Desde el 11 de septiembre, la Guardia Costera utiliza el límite de 12 millas en algunos puertos, como Newport News en el estado de Virginia, cercano a la mayor base naval del mundo. La propuesta de Mineta volvería permanente ese límite.
En la reunión de la OMI, en febrero, la delegación estadounidense propondrá varias medidas, entre ellas normas internacionales para inspeccionar contenedores y la exigencia de manifiestos más detallados sobre la carga y la tripulación.
Washington también pretende que otros países instituyan controles de antecedentes penales sobre todos los marineros, controles que entrarán en vigencia en Estados Unidos una vez que el proyecto de Hollings se transforme en ley.
Paradojalmente, Estados Unidos pide a la OMI que se ajuste a su línea sobre seguridad marítima y portuaria mientras se opone a la propuesta de Noruega y otros países para discutir formas de reducción de las emisiones de gases de invernadero de buques comerciales.
Noruega también propuso que los miembros de la OMI realicen un inventario de sus emisiones en la industria marítima.
El gobierno de George W. Bush ordenó a la delegación estadounidense ante la OMI objetar esa propuesta, de acuerdo con su negativa a suscribir el Protocolo de Kyoto para la reducción de gases de invernadero, señaló en una reunión de la industria marítima Joe Angelo, director de normas de la Guardia Costera.
«Estados Unidos se opuso, pero discutiremos los pros y los contras de la propuesta en la IMO. Básicamente, lo que hicimos fue ganar tiempo», declaró Angelo. (FIN/IPS/tra- en/ts/cr/mlm/ip tr/01
