Los bancos de Argentina recibieron este lunes a clientes angustiados por las limitaciones al retiro de dinero de las cuentas, anunciadas sorpresivamente por el gobierno el fin de semana para evitar el quiebre del sistema financiero.
Sin embargo, el malhumor y el desconcierto de los ahorristas no derivaron en desbordes de público.
A pesar de que ahorristas y trabajadores formaron fila con gesto adusto frente a los bancos y cajeros automáticos, muchos otros optaron por limitarse a apelar a los medios de comunicación para comprender el impacto que tendrán las medidas en sus casos particulares.
Como las medidas prevén ampliar la proporción de la población que recibe sus ingresos y los gasta a través de la red bancaria, persistieron las dudas entre aquellos inhabilitados para operar con bancos, por quiebras o por retrasos en el pago de deudas, que ignoran si podrán abrir ahora una cuenta.
Las dudas eran la constante. «¿Cómo voy a pagarle al electricista, al jardinero que viene cada semana, al 'piletero' que viene a limpiar la piscina?», se pregunta Alejandra Ramos, una mujer de clase media alta que vive en San Isidro, zona residencial en las afueras de la capital argentina.
Ramos explicó a IPS que ahora deberá efectuar de forma mensual y mediante cheque los pagos que siempre abonó por semana, debido a las restricciones al uso de efectivo.
Eso no alterará su economía familiar de forma radical, pero sí la de quienes le prestan servicios: personal doméstico y de mantenimiento, taxistas, remises (automóviles de alquiler con chofer), jardineros y pileteros, entre otros.
Su esposo, Marcelo Fernández, productor de una agencia de publicidad, explicó su estrategia ante la escasez de efectivo que se avecina. «Voy a ir por caminos sin peaje, voy a evitar el café de la mañana con el diario, y tendré que restringirle a mis hijos el dinero que les doy cada semana», enumeró.
También se perjudicarán los pequeños establecimientos comerciales de su barrio. «Prefiero comprar todo en el supermercado con tarjeta de crédito y no gastar el poco efectivo en compras para la casa», indicó Ramos.
Además, Ramos reducirá las propinas, los aportes a instituciones de beneficencia y otros gastos de pequeña magnitud.
Las dos empleadas domésticas de Ramos están temblando. Las medidas las obligan a percibir su salario a través de cajas de ahorros. Eso forzará 95 por ciento de las empleadas, las que hoy trabajan en casas de familia sin abonar aportes previsionales ni seguro de salud, a ingresar en la economía formal.
El caso de los Fernández ilustra de qué manera se perjudicarán unos y otros con una medida que, si bien no afecta a todos por igual, causó malhumor generalizado.
Sólo los mercados financieros en general, en particular los bancos, manifestaron optimismo pues, al menos en principio, las medidas ayudarían a frenar el drenaje de fondos. Los retiros bancarios sumaron desde enero unos 15.000 millones de dólares por el temor de ahorristas e inversores a una interrupción de los pagos del gobierno.
Pero la bolsa operó este lunes al alza y los títulos de la deuda pública se recuperaron respecto del viernes, cuando se registró la peor jornada financiera de los últimos años, según la prensa.
La semana comenzó así con la resignación del público, que debió concentrarse este lunes en entender cómo deberá reorganizar su economía a partir de esta inesperada novedad.
La indignación se había hecho sentir más fuerte el fin de semana, cuando el gobierno anunció por sorpresa medidas que, según declaraciones anteriores, trató de evitar.
Por eso, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que había anunciado las medidas el sábado, debió dar explicaciones de nuevo el domingo a la noche por cadena nacional de televisión, precedido por una breve alocución del presidente Fernando de la Rúa exhortando a los argentinos a colaborar y a comprender.
Entre los economistas, políticos y sindicalistas nadie dice que las nuevas medidas sean una solución de fondo. Sólo se trata de un nuevo salvavidas para evitar la devaluación, el cese de pagos o una catástrofe mayor que incluya el cierre de bancos y la pérdida de buena parte de los depósitos de entidades pequeñas.
De la Rúa sostuvo que los atribulados argentinos están en realidad «ganando una batalla». Dijo que las medidas se tomaron «para proteger el patrimonio de los ahorristas» frente a lo que calificó de «un ataque especulativo», pidió «comprensión y buena voluntad» y confió en que «no habrá despidos masivos».
Pero políticos, economistas, empresarios, comerciantes y sindicalistas afirmaron que las medidas profundizarán la recesión iniciada en 1998 y aumentará el desempleo. En el mediano plazo se prevé, además, un incremento de la renuencia del público a confiar sus ahorros a los bancos.
El ex secretario de Hacienda Mario Vicens consideró que estas medidas constituyen «una última oportunidad» para evitar la debacle, y Martín Redrado, economista que preside la Fundación Capital, las calificó de «producto de la improvisación».
Para la Confederación General del Trabajo, principal central sindical de Argentina, las medidas benefician a «la banca usurera» y perjudican a los trabajadores, que verán profundizarse sus problemas económicos.
Los sindicalistas consideraron que el gobierno eligió proteger a los bancos y asegurarles, además, nuevos clientes.
Las restricciones fueron una respuesta a la salida masiva de depósitos registrada el viernes, calculada en 500 millones de dólares, que hizo peligrar la continuidad de algunas entidades bancarias.
Los retiros contrastaron con el cierre del tramo local del canje de bonos de la deuda pública por 50.000 millones de dólares — 45 por ciento del total de la deuda pública— dirigido a reducir 3.500 millones de dólares el costo de los vencimientos de 2002 y recuperar el crédito a tasas más razonables.
La deuda pública argentina supera los 132.000 millones de dólares, casi la mitad de la producción de un año. La vulnerabilidad de la economía argentina se debe a que los títulos de cerca de 90 por ciento de la deuda son en dólares y a que el país afronta una recesión que se arrastra hace 42 meses.
Esa situación disminuye la recaudación y el ingreso de divisas, aumenta las tasas de interés y encarece el crédito.
Cavallo había dicho que el canje con tenedores externos sería en 90 días, pero, a su juicio, los llamados «fondos buitres» estarían procurando que los papeles pierdan valor y que el país declare el cese de pagos como ocurrió en Ecuador y en Rusia.
En realidad, el Ministerio de Economía no congeló depósitos ni los declaró intangibles, pero restringió las extracciones de efectivo a apenas 250 dólares semanales. El resto del dinero que el ahorrista tenga en su cuenta podrá debitarse mediante cheques, órdenes de pago o tarjetas de débito.
Así mismo, el Minissterio se prometió a controlar severamente la salida de dinero en efectivo del país, así como las transferencias de depósitos al exterior.
A pesar de que no se trata de una confiscación, las medidas causaron indignación generalizada, en especial en las familias del cuarenta por ciento de los trabajadores argentinos, que carecen de aportes previsionales y beneficios sociales porque sus empleadores se resisten a ello como consecuencia de la crisis.
Con las nuevas medidas, esos empleados sólo podrán percibir su salario a través de una caja de ahorro. Una vez hecho el trámite, el empleado podrá extraer 250 dólares por semana o utilizar sus fondos mediante una tarjeta de débito que le otorgará el banco.
La cámara que nuclea a los comercios informó que hay casi 600.000 establecimientos que carecen de la terminal electrónica para operar con tarjetas de débito. Ante la falta de liquidez de la plaza, los pequeños comercios perderán clientela a favor de los supermercados que operan con tarjetas de crédito y de débito. (FIN/IPS/mv/mj/if/01
