Una medida judicial en contra de la opinión del fiscal y del juez Baltasar Garzón facilitó en España la fuga de un narcotraficante, dos semanas antes de la formalización del juicio en el que se pediría para él una condena a 60 años de cárcel y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares.
Carlos Ruiz Santamaría, acusado de ser intermediario entre los carteles de la droga colombianos y los traficantes españoles, fue detenido en 1999 en la noroccidental región de Galicia.
La detención se produjo tras decomisar la policía 12 toneladas de cocaína y 208 kilos de heroína en el buque con bandera panameña «Trammsaare» y en el sótano de una vivienda de la provincia gallega de La Coruña, en una investigación dirigida por Garzón.
ste, uno de los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional, decretó la prisión incondicional del detenido. Luego de tres años de instrucción, el juicio estaba fijado para el 14 de enero, pero no se celebrará, a menos que el fugitivo sea apresado, ya que la legislación española impide realizarlo con el acusado ausente.
La Audiencia Nacional, un tribunal de segunda instancia, dictó este viernes una orden de búsqueda y captura de Ruiz Santamaría, al constatar que el domicilio dado por éste no era verdadero. El acusado fue puesto en libertad el sábado 22 bajo fianza de 27.000 dólares por la Sección Cuarta de ese mismo tribunal, pese a las advertencias de la Fiscalía sobre el riesgo de fuga.
El Fiscal Antidroga alertó entonces sobre el riesgo de fuga y, al no poder evitar que se cumpliera el auto por el que se lo ponía en libertad bajo fianza, reclamó las máximas medidas de seguridad para controlar al procesado e impedir que se fugara o tomara represalias contra personas citadas para declarar como testigos en la causa.
La no gubernamental Plataforma Gallega contra el Narcotráfico dirigió un escrito al presidente de la Audiencia Nacional y al Fiscal General del Estado, pidiendo garantías y calificando de «burla» a la justicia esa puesta en libertad.
Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron a IPS que no se presenta fácil la búsqueda del acusado, ya que incluso se tienen dudas sobre su identidad y su nacionalidad.
En el momento de su detención se le intervinieron varios pasaportes falsos y aunque él dijo ser mexicano, la policía cree que es colombiano, extremo que no pudo ser documentado.
Ruiz Santamaría, conocido como «el Negro» y «el Pelopincho» dentro de la organización hispanocolombiana que dirigía desde España, ha amenazado desde la cárcel a otros procesados que decidieron colaborar con la justicia a cambio de ventajas procesales.
Así lo aseguraron el colombiano Alfonso León, delegado del cartel de Cali en Madrid, y el gallego José Manuel Vila Sieira, quienes proporcionaron datos importantes que facilitaron la investigación a Garzón y que permitieron a éste evaluar la magnitud del narcotráfico comandado por aquél.
La Sala Cuarta, famosa por dejar sin efecto órdenes de prisión dictadas por Garzón contra colaboradores del grupo terrorista ETA, decidió a últimas horas del sábado 22 la libertad condicional de Ruiz Santamaría.
Que el momento de su puesta en libertad fuera un sábado de noche es considerado un factor adicional que facilitó la fuga durante el fin de semana, según las mismas fuentes de la Audiencia Nacional.
Pero los magistrados que decidieron la puesta en libertad de Ruiz Santamaría afirmaron que no existía riesgo de fuga, en contra de la opinión de la Fiscalía, y fundamentaron su decisión en un informe médico que señaló que aquél padecía problemas de salud.
La libertad condicional, añadieron, le permitiría a Ruiz Santamaría someterse a tratamiento médico y sus trastornos, además, le impedirían fugarse.
En principio, la Sala Cuarta había desestimado el pedido de libertad condicional pero, después de recibir la visita de los abogados del acusado revisó su posición y dispuso su salida de la prisión.
Fuentes de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional no dudaron en calificar de «desacertada» esa decisión, máxime cuando faltaban apenas tres semanas para que se ventilase el juicio.
«Si pudo estar tres años en prisión, «por qué no podía estar otras tres semanas?», se preguntaron las fuentes, sin encontrar una respuesta clara.
Tampoco encontraron respuesta a la gran diferencia entre la indemnización solicitada por la Fiscalía, equivalente a cuarenta millones de dólares, con los 27.000 impuestos de fianza.
Por todo ello, la Plataforma de Madres contra la Droga pidió este viernes una investigación para que se deslinden responsabilidades ante un hecho que no dudó en calificar de «gravísimo» y que pone en duda la actuación de los jueces. (FIN/IPS/td/ff/ip/01
