El gobierno de la capital de México se apresta a reemplazar a 94 por ciento de los guardias de las ocho cárceles locales para acabar con la corrupción, uno de los grandes males del sistema penitenciario nacional.
El plan de modernización carcelaria de la ciudad de México contempla para 2002 mantener en sus cargos a apenas 150 de los 2.600 agentes que custodian las penintenciarías locales.
La corrupción predominante en las cárceles promueve la existencia de «gobiernos ilegales» a cargo de internos o de carceleros, sostuvo la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El hacinamiento, la deficiente alimentación, la falta de espacio de recreación y el escaso personal favorecen la ingobernabilidad de las cárceles, agregó la CNDH.
«El autogobierno (en las cárceles), coludido con personal administrativo y de custodia, establece redes de narcotráfico y de comercio sexual, siendo presumible que estos grupos formen parte de organizaciones mayores e implica que la delincuencia organizada actúe en los centros penitenciarios», sostuvo el organismo.
A partir de enero, la Subsecretaría de Gobierno capitalina comenzará a cesar, trasladar a otras funciones o acelerar la jubilación de casi todo el personal de custodia de las ocho cárceles, como parte medular del programa de combate a la corrupción que tendrá un costo de 7,6 millones de dólares.
La reestructuración del área de vigilancia será respaldada por un programa de información y seguridad que utilizará tecnología de avanzada.
En las 446 penitenciarías mexicanas, escenario común de motines, fugas y delitos graves como el asesinato, se hacinan 159.719 internos, si bien la capacidad máxima es de 120.344, lo cual origina disputas entre presos por el espacio, sostuvo la CNDH.
En las cárceles capitalinas, la población pasó de 17.155 presos en 1999 a 22.147 este año, con una sobrepoblación de 6.789, según la Subsecretaría de Gobierno, que prevé el traslado de más de 3.300 internos que corresponden al fuero federal.
La sobrepoblación es además obstáculo para una adecuada separación de internos por sus diversos grados de peligrosidad y situación jurídica.
«Tanto las autoridades como los internos con poder se aprovechan de la situación y le ponen precio a todo», según la CNDH.
El círculo de la corrupción parte de los grupos de presidiarios que gozan de privilegios y hasta imponen y aplican sanciones asistidos por personal administrativo y de custodia.
Los internos sometidos al control de esos grupos de poder deben pagar por espacio en celdas, seguridad personal, derecho de tránsito y servicio médico, de acuerdo con el informe.
A la sobrepoblación y corrupción se suma el problema de las adicciones entre los reclusos.
Organizaciones no gubernamentales aseguraron que en las dos cárceles de alta seguridad de México se cometen medio centenar de tipos de violación de derechos humanos, el de Almoloya de Juárez, en el central estado de México, y el de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco.
Un estudio elevado por las organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Parlamento Europeo enumera, entre otras violaciones, el uso de camisas de fuerza, la segregación y tratos crueles, como obligar a presos a dormir en una sola posición durante toda la noche. (FIN/IPS/pf/mj/hd/01
