El gobierno de Indonesia está bajo presión nacional e internacional para que se haga responsable de una creciente lista de denuncias no aclaradas de violación de los derechos humanos.
A fines del mes pasado, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura, reunida en Ginebra, pidió a Yakarta respuestas sobre el avance de las investigaciones acerca de la violencia masiva en Timor Oriental de enero a octubre de 1999, los últimos meses de dominación indonesia en el territorio timorense.
También demandó que se aclaren denuncias de violaciones de los derechos humanos en la región noroccidental de Aceh y las orientales de Irian Jaya (Papúa) y Maluku (Molucas).
Tras la reunión de ese organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), periódicos de Yakarta aseguraron que la presidenta Megawati Sukarnoputri, quien se esfuerza en la actualidad por resolver graves problemas económicos y sociales, se proponía investigar abusos cometidos por militares.
Entre esos abusos estarían los casos de muerte de estudiantes universitarios de Trisakti y Semanggi, durante represión estatal de manifestaciones por reformas en 1998, y los asesinatos de indonesios de origen étnico chino, cometidos por turbas en ese año.
Una comisión investigadora especial citaría a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Policía, según los informes de prensa.
La reunión de Ginebra se realizó mientras el asesinato no aclarado de Theys Hiyo Iluay, dirigente del movimiento independentista de Papúa, conmovía a la opinión pública local y a la comunidad internacional.
Theys fue hallado muerto en su automóvil el 11 de noviembre, y tanto la población de Papúa como algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos suponen que los militares pueden haber sido responsables del crimen, cuyo esclarecimiento han demandado la Unión Europea y otras organizaciones.
Rizal Panggabean, del Centro de Estudios por la Paz y la Seguridad de la Universidad de Gadja Madah, de Yakarta, dijo que la población carece de información adecuada sobre actos ilegales de militares y policías, y que la presión internacional es necesaria para que el país avance en materia de derechos humanos.
«Civiles son asesinados, pero nadie es juzgado y la gente ignora qué pasó», sostuvo.
«Es indudable que necesitamos más presión internacional para aclarar asuntos relacionados con los derechos humanos, poner a los militares bajo control civil y asegurar que se comporten en forma correcta y profesional, en especial en áreas en conflicto», alegó.
Indonesia informó a la Comisión contra la Tortura sobre reformas institucionales para mejorar el respeto de los derechos humanos, y ese organismo recomendó a Yakarta crear un sistema independiente para investigar denuncias de abusos militares y policiales, en especial cuando se refieran a torturas.
También criticó el desempeño general del país en materia de respeto a los derechos humanos, y objetó el informe sobre implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, por considerar que contenía datos escasos y parciales sobre asuntos prácticos.
El representante permanente indonesio ante la ONU en Ginebra, Nugroho Wisnumurti, sostuvo que el respeto a los derechos humanos en el país mejora debido a reformas legales, la inclusión de un artículo sobre el asunto en la Constitución, la creación de un tribunal de derechos humanos y la separación institucional de las fuerzas militares y policiales.
Sin embargo, los integrantes de la comisión señalaron que pocas denuncias de violación de los derechos humanos han sido juzgadas, y que en algunos de ellas las condenas fueron leves, como en el caso del asesinato de tres funcionarios de la ONU por parte de una turba en un campo de refugiados timorense, en septiembre de 2000.
Tras una investigación de esos homicidios por parte del gobierno indonesio, seis hombres fueron hallados culpables y condenados a penas de entre 10 y 20 meses de prisión.
La comisión deploró que Yakarta no hubiera brindado a funcionarios designados por ese organismo de la ONU suficiente cooperación para realizar investigaciones en el país, y destacó que el gobierno ni siquiera ha respondido a mensajes del relator especial sobre Tortura.
Ese relator «no ha sido invitado a visitar el país, pese a pedidos que se reiteran desde 1993», enfatizó.
Observadores internacionales y población local sospechan que muchos actos de violencia en áreas de conflicto son responsabilidad de grupos militares o paramilitares, y sostienen que es preciso adoptar medidas para mejorar las relaciones entre militares y civiles, distorsionadas por muchos años de dictadura.
Algunas comunidades temen que las ciolaciones de los derechos humanos continúen pese al presunto avance del país hacia un sistema más denmocrático.
Organizaciones no gubernamentales humanitarias de Papúa afirman que hay fuertes indicios de que el número de víctimas de la violencia en esa región puede superar al de las registradas en Timor Oriental.
Timor Oriental fue ocupado por tropas indonesias en 1975 y anexado por Yakarta tres años después, hasta que la población optó por la independencia en un plebiscito de autodeterminación organizado por la ONU en 1999.
Se calcula que unos 200.000 timorenses murieron debido a conflictos armados, escasez de alimentos y crisis sanitarias asociadas con la violencia durante la dominación indonesia.
Grupos religiosos y tribus de la etnia Paniai de Papúa han denunciado a integrantes de las Fuerzas Armadas Indonesias como responsables de 614 muertes y 94 violaciones de 1960 a 1998.
Según esas denuncias, casi todas las víctimas de violación han sido estudiantes, algunas de ellas de escuela primaria, y una de ellas, de sólo cinco años de edad, fue agredida porque los militares pensaban que era hija de un integrante del insurgente Movimiento Papúa Libre.
La violencia militar en Irian Jaya aumenta el resentimiento de la población contra el gobierno central, indicó Panggabean.
«En Papúa, al igual que en otras áreas de conflicto, la población local víctima de robos y de violaciones de sus derechos tiende a sentir cada vez más que es papuana en oposición a los indonesios», explicó. (FIN/IPS/tra-eng/ma/js/mp/hd ip/01
