Más de 300 personas detenidas en Egipto desde el 11 de septiembre se enfrentarán con tribunales militares, en lo que organizaciones de derechos humanos consideran una campaña del gobierno contra la oposición política.
Entre esos casos, el juicio de 94 musulmanes acusados de terrorismo responde a una estrategia del gobierno de Hosni Mubarak para apaciguar a Estados Unidos y silenciar a la oposición política, según activistas.
La mayoría de los acusados de integrar la red Al Waad (La Promesa), a la que se atribuye la intención de derrocar al gobierno, fueron detenidos en mayo y mantenidos en prisión bajo la Ley de Emergencia vigente desde el asesinato del presidente Anwar el Sadat en 1981.
Pero las acusaciones de terrorismo no fueron hechas hasta después de los atentados contra Nueva York y Washington el 11 de septiembre. La derivación del caso a un tribunal militar, decisidida por el presidente Mubarak a mediados de octubre, despertó sospechas.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional condenó el procedimiento, violatorio del artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Egipto es signatario.
Ese artículo prohíbe a los gobiernos procesar a civiles en cortes militares cuyos veredictos sean inapelables. Egipto ignoró la petición, y el destino de los 94 acusados está ahora en manos de un juez militar designado por el gobierno.
En octubre también comenzaron a manejarse en público supuestos vínculos entre Al Waad y la red terrorista Al-Qaeda que conduce Osama bin Laden, responsabilizado por Estados Unidos de los atentados de septiembre y busca capturar desde que inició su campaña militar en Afganistán el 7 de octubre.
Las autoridades acusan ahora a los detenidos de participar en un complot para asesinar a políticos, militares y religiosos egipcias.
El abogado de uno de los acusados y secretario general de la Organización Egipcia por los Derechos Humanos, Hafez Abu Sa'ada, aseguró que el gobierno manipuló los cargos y las evidencias.
Al Waad «no procura derrocar al gobierno ni asesinar personas. Quería ayudar a sus hermanos musulmanes, recaudando fondos para Palestina y Chechenia», dijo el abogado.
«El mundo entero se está lanzando contra el terrorismo, así que es un buen momento (para el gobierno) para juzgar sospechosos sin ser mal visto en el resto del mundo», sostuvo Abu Sa'ada.
El abogado, presente en los interrogatorios inciales de mayo, dijo que los detenidos fueron acusados entonces de recaudar ilegalmente fondos y donaciones para damnificados en Palestina y de la guerra en Chechenia.
Las autoridades dijeron en mayo que los fondos recaudados tenían como destino la compra de armas para organizaciones fundamentalistas palestinos y rebeldes chechenos.
Entre los detenidos en mayo figuran el jeque Nashaat Ibrahim, clérigo de una mezquita y supuesto líder de Al Waad, un palestino con pasaporte yemenita, tres hombres naturales de la república rusa de Daguestán y tres egipcios con doble nacionalidad.
Otros 11 sospechosos fueron arrestados después del 11 de septiembre. Dos de ellos recibieron entrenamiento como pilotos de aviación en Estados Unidos. Ambos negaron tener vínculos con organizaciones terroristas.
Abogados de los acusados dijeron que la campaña antiterrorista le dio al gobierno de Egipto luz verde para reprimir a opositores políticos. Desde los ataques contra Estados Unidos, más de 300 personas se sumaron a los miles de detenidos bajo diversos cargos que aguardan ser juzgados por cortes militares.
Los activistas dijeron que varios párrafos fueron quitados de la transcripción de los interrogatorios, y alegaron que las líneas omitidas demostraban los objetivos humanitarios de Al Waad.
Amnistía Internacional dijo que el juicio militar a varios detenidos pertenecientes a la Hermandad Musulmana constituye un intento de las autoridades egipcias de silenciar a la oposición política.
«Si, como creemos, los presos continúan detenidos sobre la única base de su supuesta afiliación a la Hermandad Musulmana — una organización que no aprueba la violencia—, los consideraremos prisioneros de conciencia y llamaremos a su liberación inmediata e incondicional», declaró AI.
La Hermandad Musulmana, fundada en 1928, fue en sus orígenes una organización religiosa, pero en los últimos años se volcó a la actividad política.
En las elecciones parlamentarias de octubre y noviembre, 12 candidatos con supuestos vínculos con la Hermandad lograron ser elegidos como miembros del parlamento.
En abril y mayo las autoridades egipcias detuvieron a cientos de candidatos y simpatizantes de la Hermandad Musulmana durante la campaña electoral para la Shura, la cámara alta del parlamento egipcio. (FIN/IPS/tra-en/cm/sm/lp mj/hd ip/01
