El Tribunal de Casación de Egipto rechazó el pedido de liberación del activista de derechos humanos Saad Eddin Ibrahim, y pospuso hasta el 16 de enero el fallo sobre la solicitud de un nuevo juicio.
El pedido desestimado el miércoles por el máximo órgano judicial había sido presentado por organizaciones de derechos humanos en defensa de Ibrahim, que cumple una condena de siete años de prisión en la cárcel de El-Tora, al sur de la capital.
Ibrahim, un sociólogo egipcio-estadounidense de 63 años, fue condenado por el Supremo Tribunal de Seguridad del Estado en mayo, junto con 27 colaboradores, por malversación de fondos, aceptar donaciones no autorizadas y dañar la imagen del país.
Las sentencias del Supremo Tribunal de Seguridad pueden apelarse por «cuestiones de derecho», referidas a la aplicación errónea o mala interpretación de las leyes.
Para la organización Amnistía Internacional, Ibrahim es «un prisionero de conciencia» y los cargos en su contra son «un intento de dar cobertura legal a los crecientes esfuerzos del gobierno por amordazar a la sociedad civil».
Ibrahim, profesor de la American University de El Cairo, fundó en 1988 el independiente Centro para Estudios sobre Desarrollo Ibn Khaldun, cuya dirección ejerció hasta junio de 2000, cuando el gobierno clausuró la institución.
El centro propugnaba la defensa de los derechos de las minorías y el empoderamiento civil, impulsando el registro de los votantes, la conciencia electoral y la inspección de actos de votación.
Cuando se efectuaron las detenciones, el centro preparaba una campaña educativa para las elecciones legislativas. Ibrahim también se ocupaba de denunciar la dicriminación contra la minoría cristiana copta.
Unas semanas más tarde la policía detuvo a Ibrahim y a 27 empleados del centro y de una filial —la Asociación Hoda, dedicada a promover los derechos electorales de las mujeres—, y los mantuvo detenidos sin acusaciones durante un mes y medio.
Los cargos formales se efectuaron el 24 de septiembre del año pasado, un día después que Ibrahim anunciara la decisión de fiscalizar las elecciones parlamentarias.
En un documento de 20 páginas, la organización Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, cuestionó los cargos, el proceso judicial y el tratamiento de los detenidos.
«Identificamos serias irregularidades antes y durante el juicio, que contravienen las normas internacionales del debido proceso y la legislación de Egipto. Algunas de ellas se deben al incumplimiento de los procedimientos previstos, y otras a las carencias de la ley específica aplicada en el caso», afirma el documento.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Ibrahim conspiró con cuatro de los acusados para sobornar a funcionarios públicos con el fin de lograr mayor cobertura de la prensa sobre las actividades del centro y lograr así más recursos de donantes internacionales. Sin embargo, los cinco acusados fueron absueltos de ese cargo.
El tribunal sí los condenó por recibir donaciones no autorizadas, un delito según un decreto militar de 1992.
La defensa arguyó que los fondos, recibidos de la Unión Europea, eran «subvenciones» otorgadas sobre la base de responsabilidades contractuales entre las partes, y por tanto fuera del alcance de la ley.
Pero los tres jueces del tribunal consideraron el decreto aplicable tanto a donaciones como a subvenciones con obligaciones implícitas y fallaron la culpabilidad de los activistas.
La fiscalía también acusó al grupo de falsificar registros de gastos y más de 60.000 boletas de registro de votantes, con el fin de convencer en forma fraudulenta a los donantes de la Unión Europea del éxito de la campaña de conocimiento electoral.
Sin embargo, la Unión Europea no halló irregularidades en las actividades del centro y tampoco cuestionó el uso que éste había dado a los recursos. Pese a todo, Ibrahim y sus colaboradores también fueron condenados por este cargo.
La tercera acusación, de «propagar en el exterior información falsa y dañina a los intereses de Egipto», es la cobertura jurídica que el gobierno aplica para limitar la libertad de expresión y la oposición política, sostienen las organizaciones de derechos humanos.
«La condena de Ibrahim se debe en parte a sus declaraciones sobre el fraude electoral. La acusación apareció justamente cuando su organización se aprestaba a controlar las elecciones parlamentarias de 2000», sostuvo Human Rights Watch.
El proceso es un claro mensaje de advertencia a las organizaciones no gubernamentales que actúan en Egipto, acerca de sus críticas a las falencias democráticas del país, de acuerdo a analistas.
«Se pretende silenciar a Ibrahim, castigar a sus colaboradores e intimidar a cualquiera que disienta en cuestiones políticas sensibles. La condena de Ibrahim por cargos falsos y sin un real derecho de apelación, no muestra otra cosa que la vergüenza del gobierno de Hosni Mubarak», dijo a la prensa Joe Stork, director de la división Medio Oriente y Africa Septentrional de HRW.
«Es tiempo de que las autoridades hagan lo correcto: liberen a Ibrahim y restauren sus derechos civiles», concluyó Stork. (FIN/IPS/tra-eng/cm/mn/dc/hd ip/01
