La no aplicación de la pena de muerte en Cuba desde hace dos años fue considerada un indicio de apertura por los cancilleres de la Unión Europea (UE), reunidos este lunes en Bruselas, pero manifestaron su esperanza en que se disponga la moratoria o abolición definitiva del castigo.
La UE reiteró su posición común en torno de Cuba, a cuyo gobierno pidió el fomento «de un proceso de transición a la democracia plural y del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales». La declaración coincidió este lunes con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El bloque europeo aspira a que La Habana libere a todos los presos por motivos políticos, calculados en 260, y disponga la moratoria o abolición de la pena de muerte.
La legislación vigente contempla un centenar de causales de pena de muerte, aplicada de manera «excepcional» y jamás en caso de condenados menores de 20 años o mujeres, indicaron expertos cubanos.
«Al parecer, hay moratoria en la aplicación de la pena de muerte, pero no se modifica el Código Penal» para eliminar ese castigo de manera definitiva, dijo Gerardo Sánchez, de la no gubernamental Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Una reforma del Código Penal incluyó en febrero de 1999 el narcotráfico, el robo con violencia y la corrupción de menores, en todos esos casos con agravantes, entre los delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte.
Sin embargo, el presidente Fidel Castro alimentó a mediados de noviembre conjeturas al admitir en público que un grupo de juristas analiza alternativas a esa condena.
«Tenemos otras ideas que nos permitirán un día, y por nuestra propia decisión, abolir la pena capital. Y no por tener más amigos o menos amigos, sino porque queremos conocer a los seres humanos», dijo Castro.
Sánchez calificó de «favorable» ese anuncio de Castro, aunque consideró lamentable «que demore tanto» en llevarse a la práctica.
Una medida de esa naturaleza podría beneficiar a los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena, sentenciados a principios de 1999 a morir frente al pelotón de fusilamiento.
Ambos condenados se reconocieron culpables de una serie de atentados cometidos en 1997 contra instalaciones de la industria turística cubana, organizados por el exiliado cubano Luis Posada Carriles, a su vez preso en Panamá acusado de preparar un atentado contra Castro.
La Habana dio un primer indicio de flexibilidad cuando a principios de año ofreció al gobierno de Mireya Moscoso garantías de que no aplicará la pena máxima —no contemplada en la legislación panameña— contra Posada Carriles en caso de que fuera extraditado a Cuba.
No obstante, las autoridades de Panamá negaron la extradición de Posada Carriles, involucrado también en la detonación de un avión de la compañía Cubana de Aviación en que murieron 73 personas en 1976.
El gobierno cubano ha defendido la vigencia de la pena de muerte como disuasión «ante el recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos y de la existencia de grupos terroristas que operan contra Cuba».
La Ley de Procedimiento Penal prevé la apelación de oficio (sin necesidad de pedido de la defensa) de las sentencias a muerte ante el Tribunal Supremo Popular. En caso de confirmación de la condena, los 31 miembros del Consejo de Estado deben decidir si procede la ejecución.
El caso de mayor conmoción ocurrió el 13 de julio de 1989, cuando fueron fusilados el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez, tras un juicio por tráfico de drogas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 92 países mantienen y aplican la pena de muerte y 56 no la prevén ni para delitos comunes ni militares. Unos 30 estados conservan la pena capital en sus leyes, pero no la han impuesto en los últimos años.
La nueva evaluación de la Unión Europea sobre la situación de Cuba, emitida cada seis meses desde 1996, se registróuna semana después de una ronda de contactos en La Habana entre representantes del bloque y del gobierno de Castro.
En un comunicado conjunto emitido al cabo de esas conversaciones celebradas el 1 y 2 de este mes, ambas partes se congratularon por la reanudación del diálogo, en cuya agenda figuraron las ejecuciones.
«La Unión Europea recordó su oposición general a la aplicación de la pena de muerte. La parte cubana expuso sus consideraciones al respecto», especificó la nota.
Al emitir su nueva evaluación semestral sobre la situación en Cuba, la UE constataron «insuficiencias graves en lo relativo al reconocimiento y a la aplicación de las libertades civiles y políticas».
En las primeras horas del día, medios oficiales guardaron reserva sobre la reiteración europea de su posición común, en tanto sectores de la oposición interna, sin reconocimiento legal en el país, dijeron compartirla.
«El gobierno de Cuba siempre se prestó a negociar, pero para recibir hay que dar», comentó Marcelo López, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, para quien, de todos modos, no se justifica una eventual ruptura del diálogo.
Las periódicas evaluaciones críticas de la UE mantuvieron en un plano de discreción las relaciones políticas del bloque con Cuba, que, sin embargo, sostiene buenas relaciones a nivel bilateral con la mayoría de los países que lo integran. (FIN/IPS/pg/mj/hd/01
