La Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en la capital costarricense, emitió este año una cantidad sin precedentes de sentencias, gracias a un cambio de sus reglamentos y al aumento de su presupuesto.
Este organismo, que pertenece al sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero actúa con autonomía, concluye un año histórico también por haber condenado por primera vez a un estado, Nicaragua, por violar los derechos de los indígenas, y a otro, Guatemala, por violar los derechos de los niños.
Portavoces del máximo tribunal continental y expertos coinciden en que 2001 marcó el inicio de un ciclo en que se incrementará la labor del sistema judicial interamericano, integrado, además, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
«Sí, definitivamente, este fue un año histórico tanto por el número de casos como por el tipo de sentencias que se emitieron», dijo un portavoz de la secretaría del tribunal.
La Corte Interamericana, establecida en 1979, había emitido en toda su historia p-hasta junio último— un total de 83 sentencias. Pero sólo este año, los siete magistrados del tribunal emitieron un total de 18 fallos.
El tribunal analiza denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra los estados y emite fallos de acatamiento obligatorio.
La reforma del reglamento de la Corte Interamericana, vigente desde el 1 de junio, agiliza el análisis de los casos y le permite a los demandantes participar directamente en el juicio y presentar alegatos con sus propios abogados.
Antes, los únicos que podían presentar alegatos y hacer interrogatorios a los testigos durante las audiencias eran los representantes de la Comisión Interamericana, a cargo de la primera instancia de los casos.
Además, el presupuesto de la Corte Interamericana ascendió este año a 1,35 millones de dólares, tras una asignación adicional de 70.000 dólares.
«Desde 1986, la Corte ha analizado un total acumulado de 39 casos pero se espera que a partir de 2002 se reciban anualmente entre 20 y 25 casos promedio», indicó otro portavoz del tribunal.
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la OEA estudia ahora la posibilidad de una transformación aun más ambiciosa, propuesta por el presidente del tribunal, el juez brasileño Antonio Cançado.
De aprobarse la reforma, la Corte Interamericana sesionará de forma permanente —hoy, el organismo sólo realizan cuatro sesiones ordinarias al año— y los ciudadanos podrán presentar sus demandas directamente, sin la intermediación de la Comisión Interamericana.
Esta posición es apoyada por los otros magistrados del tribunal, entre ellos su vicepresidente, el venezolano Alirio Abreu.
Los otros cinco magistrados de la Corte son el chileno Máximo Pacheco, el ecuatoriano Hernán Salgado, el barbadeño Oliver Jackman, el mexicano Sergio García y el colombiano Carlos Vicente de Roux.
«Lo que ha pasado este año con la Corte Interamericana es muy positivo», dijo a IPS el abogado salvadoreño Tomás Guerra, para quien aún resta mucho por hacer si se toma en cuenta la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometen en la región.
«Además, el acceso a esta justicia todavía es muy caro», lo cual dificulta a los pobres presentar denuncias, sostuvo Guerra, experto en derechos humanos.
Uno de los desafíos que afronta la Corte Interamericana es que no todos los 34 países de la OEA aceptan la jurisdicción de la Corte, sostuvo el abogado. Naciones sujetas a la jurisdicción del tribunal, como Estados Unidos, Canadá y algunas del Caribe, no firmaron su ingreso.
Este año, la Corte Interamericana resolvió dos casos históricos, el primero de los cuales, en junio, constituyó la primera condena contra un estado por violación de los derechos de los niños.
La Corte Interamericana ordenó a Guatemala pagar una indemnización de medio millón de dólares a los familiares de cinco niños de la calle que fueron ejecutados extrajudicialmente.
Otra sentencia histórica condenó en septiembre a Nicaragua a invertir 50.000 dólares en obras sociales en beneficio de la comunidad Mayana Awas Tingni por haber otorgado una concesión a una empresa coreana dentro de un área autónoma indígena.
El historiador y politólogo Luis Guillermo Solís, gerente de la no gubernamental Fundación Para la Paz y la Democracia, consideró que los cambios en el reglamento del tribunal son positivos.
«Durante muchos años algunos Estados de la OEA se han manifestado renuentes al poder supranacional de la Corte, pero lo sucedido este año puede reflejar un mejoramiento de la voluntad política», explicó Solís a IPS.
Ante la gran cantidad de violaciones de derechos humanos, sería una buena opción que el tribunal actúe de manera permanente pero habría que buscar un mecanismo para evitar que se burocratice. (FIN/IPS/nms/mj/hd/01
