Detectives cibernéticos desarrollan nuevos métodos para identificar y capturar a quienes emplean Internet, la red mundial de computadoras, para la explotación sexual internacional de niños y niñas.
«Nuestro mensaje a esa gente es: 'Vamos a encontrarlos'. Estamos ganando la guerra», dijo la policía británica Sharon Girling en el II Congreso Mundial sobre Explotación Sexual Comercial de la Infancia, convocado por la Organización Mundial del Trabajo en la centrooriental ciudad japonesa de Yokohama.
En los últimos años han aumentado la difusión de pornografía infantil mediante Internet y otros usos de la red para la explotación sexual de la infancia y el tráfico de niños y niñas, afirmaron expertos participantes en el congreso, realizada hasta este jueves.
Pero la policía aprende con rapidez a usar tecnología avanzada con habilidad similar a la de los delincuentes, quienes creían hace pocos años que podían mantener para siempre el anonimato en Internet, señaló Hamish McCulloch, oficial especializado de las oficinas en Francia de Interpol, la policía internacional.
En septiembre, la Interpol puso a disposición de sus 179 Estados miembros una base de datos de imágenes de abuso sexual contra la infancia en Internet, que puede emplearse para el rastreo internacional de quienes difunden esas imágenes.
Un programa informático de comparación de imágenes, desarrollado por un policía sueco, simplifica los esfuerzos para ubicar a delincuentes y víctimas, destacó McCulloch.
Por ejemplo, imágenes obtenidas en una habitación de hotel pueden ser comparadas con otras almacenadas en la base de datos, para averiguar de dónde provienen.
De todos modos, «muchas imágenes no proporcionan indicios sobre el lugar donde fueron obtenidas», comentó Max Taylor, de la irlandesa Universidad de Cork.
McCulloch apuntó que otra limitación del trabajo policial en la materia es que Interpol no se dedica a investigar, sino a facilitar el intercambio de información solicitada por gobiernos.
Pocos gobiernos disponen de recursos para realizar operaciones internacionales contra quienes abusan sexualmente de la infancia, admitió.
Sin embargo, las autoridades de algunos países han logrado importantes resultados al emplear recursos bastante modestos, enfatizó Girling.
Expertos y activistas pidieron en el congreso que todos los países aprueben leyes para dificultar y perseguir la explotación sexual de la infancia, y que los proveedores de servicios de conexión a Internet cooperen más con la lucha contra todas las formas de esa explotación.
En la actualidad, esos proveedores mantienen durante pocas horas su registro de los sitios de Internet visitados por sus clientes. Eso significa con frecuencia que la información haya desaparecido cuando es solicitada por las autoridades para realizar una investigación.
La policía británica dispone de programas informáticos que pueden instalarse en las computadoras de las firmas proveedoras de servicios de conexión, e impedir que brinden acceso a sitios con imágenes de abuso sexual contra la infancia, pero las leyes no permiten que se imponga su uso, indicó Girling.
Algunos proveedores sostienen que instalar esos programas perjudicaría su negocio, y otros alegan que la cuestión se vincula con el derecho a la información, agregó.
Sin embargo, activistas por los derechos civiles sostienen que permitir que la supervisión policial del uso de Internet implica graves riesgos de intromisión gubernamental en la vida privada de las personas y de controles políticos e ideológicos sobre los ciudadanos.
«El tráfico de niños y niñas va camino de adquirir dimensiones similares a las del narcotráfico, pero quienes son hallados culpables de practicarlo reciben condenas mucho más leves», sostuvo Carole Howlett, del grupo de crímenes graves de la Policía Metropolitana de Londres.
Las imágenes de pornografía infantil en Internet son sólo la punta del iceberg, ya que la mayor parte de las imágenes de ese tipo que circulan en el mundo son distribuidas por otras vías, comentó McCulloch.
Las condenas a quienes emplean Internet para delitos sexuales deberían ser más severas, afirmó John Carr, director asociado de la unidad de infancia y tecnología de la organización no gubernamental (ONG) Acción por la Infancia, quien destacó que en Gran Bretaña ni siquiera hay una ley que tipifique esos delitos.
«Hemos aprendido que estamos ante un problema mundial, y que la preocupación por asuntos de jurisdicción geográfica no ayudará a resolverlo. Necesitamos nuevas instituciones y mecanismos en gran escala que permitan intercambiar información y ayuden a la policía a entender y resolver la cuestión», dijo McCulloch. (FIN/IPS/tra- eng/hd ic/js/01
