Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una inspección a Colombia, donde organizaciones no gubernamentales señalan que hay poco para celebrar este lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos.
El desplazamiento de sus hogares de miles de familias, el sistema judicial ordinario y militar, la violencia de los paramilitares y la política humanitaria del gobierno de Andrés Pastrana son los asuntos centrales que inspeccionará la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el viernes.
Colombia es uno de los países con mayor cantidad de violaciones de los derechos fundamentales, según distintos organismos internacionales y entidades humanitarias.
Un informe divulgado en octubre por Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, cuestionó el gobierno de Pastrana por su «dramático y constante» fracaso en el combate contra las fuerzas paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia.
El documento de esa organización humanitaria, que desde hace años denuncia vínculos de esos grupos de extrema derecha con las Fuerzas Armadas, incluyó en esta ocasión informes y testimonios que implican en concreto a tres brigadas militares.
Los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen previsto entrevistarse con autoridades nacionales y municipales y con varias organizaciones de la sociedad civil.
También visitarán la occidental ciudad de Medellín, la segunda del país después de Bogotá, y el puerto de Barrancabermeja, eje de la rica región del Magdalena medio, en el centro de Colombia, dos de las zonas más azotadas por el conflicto armado interno.
La presencia de esta misión humanitaria de la OEA fue pedida por el propio gobierno y coincide con la celebración este lunes del Día Internacional de los Derechos Humanos, que motivó la realización de varios actos, como una manifestación simbólica en la plaza del Renacimiento, en Bogotá.
Paz Colombia, que nuclea grupos humanitarios y sociales que luchan por una salida política del conflicto, señaló en el acto que «hay poco que celebrar» este año en Colombia.
«Fue un acto lúdico y artístico para mostrar a los colombianos cómo se sigue degradando la situación, que se continúa matando, desapareciendo y secuestrando, y para convencer a la sociedad que algo hay que hacer», dijo a IPS Jorge Rojas coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Datos del Centro de Investigación y Cultura Popular (Cinep) y de Justicia y Paz señalan que entre enero y agosto se registraron miles de violaciones de los derechos fundamentales contra la población civil que dejaron un saldo de 9.092 víctimas.
El estudio detalla que en ese lapso hubo 2.349 hechos de violencia político-social, 1060 casos de infracciones al derecho internacional humanitario y 792 acciones bélicas y 719 violaciones a los derechos humanos.
La modalidad más frecuente de violación de los derechos humanos por persecución política fueron las ejecuciones extrajudiciales.
Las estadísticas indican que octubre la cifra de muertos llegaba a 1.232 lo que significa cuatro asesinatos diarios, de los cuales 93 por ciento son perpetrados por los paramilitares.
Los más afectados por la violencia política en el país son los sindicalistas, 152 de los cuales fueron asesinados en lo que va del año.
El último dirigente muerto por los paramilitares fue Aury Sará, presidente del sindicato de trabajadores de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos, de la septentrional ciudad de Cartagena.
Sará fue secuestrados el 30 de noviembre y su cuerpo fue encontrado cinco días después en un paraje cercano de Cartagena, sede de la principal refinería de petróleos de Colombia.
La oficina en el país del delegado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno de Pastrana a concertar esfuerzos con los empresarios para facilitar medidas en resguardo de la seguridad de los sindicalistas.
Pero las guerrillas también comenten violaciones de los derechos humanos y atentan contra el Derecho Internacional Humanitario en su accionar en el conflicto armado interno.
«La industria del secuestro y de la extorsión de civiles que practican es condenada de manera firme y uniforme por la ONU y la comunidad internacional en general», señalaron en varias oportunidades los delegados del foro mundial en el país.
País Libre, una fundación que lucha contra el secuestro, señaló que hasta octubre se registraron 2.459 casos de secuestro, 794 de los cuales fueron realizados por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 633 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Unión Europea (UE) anunció el viernes pasado que no dará más visas ni permisos de residencia a los representantes de los grupos armados irregulares colombianos que secuestren y extorsionen a la población civil.
La UE pidió a las guerrillas renunciar a esas prácticas, que «son una violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario».
El coordinador de Codhes no duda en señalar a 2001 como uno de los años «más críticos» de las últimas dos décadas. La cantidad de personas desplazadas de sus hogares por la violencia llegaba a 277.000 hasta octubre, más de 1.000 personas por día en promedio.
«Con los datos que tenemos de noviembre podemos afirmar que se superó la cifra de 360.000 personas, lo cual resulta muy grave», comentó Rojas. El año pasado, la cantidad de desplazados de sus hogares alcanzó a 270.000.
Pero el panorama para el próximo año no es mejor. La nueva ley de Seguridad Nacional y la ley antiterrorista a estudio en el Congreso, que fortalece las facultades de las Fuerzas Militares, puede intensificar la guerra civil y restringir las libertades públicas, advirtieron las organizaciones humanitarias.
«Vamos hacia mayores niveles de confrontación en medio del desprecio por la población civil de parte de todas las fuerzas comprometidas en el conflicto», sostuvo Rojas.
El conflicto armado se expande hacia departamentos estratégicos para el desarrollo de las operaciones insurgentes o contrainsurgentes», en una dinámica que, paradójicamente, se acentúa en medio de un desgastado proceso de diálogo y negociación», precisó el coordinador de Codhes. (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
