Un proyecto de ley que permitirá al gobierno de Canadá declarar zonas bajo control militar impedirá protestas de activistas contra la globalización durante la próxima Cumbre del Grupo de los Ocho, en junio de 2002.
El gobierno del Partido Liberal incluyó la medida el viernes en su mayor proyecto de ley antiterrorista desde los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Si se aprueba, la nueva ley dará al Ministro de Defensa, Art Eggleton, la potestad de crear «zonas militares de seguridad». Así mismo, las fuerzas militares colaborarán con la policía para retirar a personas no autorizadas del área designada.
Según el derecho vigente, los gobiernos provinciales o ciudadanos deben invitar a los militares a áreas determinadas cuando autoridades policiales y locales no pueden hacer frente a desastres o actividades delictivas.
Activistas contrarios a la globalización afirmaron que el gobierno federal hubiera querido tener poderes similares para alejar a manifestantes de la sede la Cumbre de las Américas celebrada en abril en la ciudad de Québec, cuando se enfrentaron a la policía antidisturbios.
«Funcionarios federales dijeron al gobierno de Québec que habrían apelado a estos poderes en la cumbre de libre comercio si hubieran estado disponibles. Esto demuestra que planifican usar esta ley para reprimir el disenso, y no el terrorismo», sostuvo Bill Moore-Kilgannon, del Consejo de Canadienses, la mayor organización contra la globalización en Canadá.
«Estamos extremadamente preocupados sobre la naturaleza de este proyecto y sobre la forma en que será aplicado», agregó el activista.
El primer ministro Jean Chretien decidió trasladar la sede de la Cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), que congrega a las siete potencias industrializadas más Rusia, desde Ottawa a una aislada zona montañosa al oeste de Calgary, en la provincia de Alberta, para impedir que protestas multitudinarias alteraran el curso de la reunión.
Desde entonces, grupos de manifestantes de comunidades nativas cerca del sitio de la cumbre discutieron la posibilidad de utilizar tierras indígenas como un escenario seguro para los activistas.
Según Eggleton, el proyecto de ley se propone permitir a las Fuerzas Armadas aislar áreas para la protección de vehículos militares canadienses y visitantes, como por ejemplo un barco de guerra estadounidense atracado en un puerto civil.
El gobierno anunció que el proyecto permitirá convocar a las fuerzas militares para proteger plantas de energía nuclear y otros potenciales blancos terroristas.
Pero el parlamento también considera otorgar a los funcionarios visitantes un estatuto cuasi-diplomático que permitiría al gobierno adoptar medidas extraordinarias para protegerlos.
Además, cualquier intento por alterar el curso de las reuniones o amenaza de violencia contra dignatarios extranjeros serán considerados delitos graves.
Eggleton admitió ante opositores y grupos de la sociedad civil que la nueva ley podría utilizarse para reprimir activistas en Kananaskis, el sitio de la próxima cumbre del G-8.
«Puede haber casos en que intervenga la policía para fines federales y precise asistencia. Ese podría ser el caso de Kananaskis», reconoció.
El legislador Bill Blaikie, vicepresidente del Nuevo Partido Democrático, advirtió que las últimas propuestas forman parte de una tendencia hacia la represión del disentimiento legítimo en Canadá.
Recordó que numerosos manifestantes de la conferencia de ministros de Finanzas del Grupo de los 20, en noviembre, fueron arrestados apenas bajaron de los ómnibus y mantenidos bajo custodia hasta que terminaron las reuniones.
Una comisión multipartidaria estudiará el proyecto en el parlamento. Fuentes legislativas dijeron que partes de la propuesta podrían ser aprobadas apresuradamente antes de fin de año debido a la presión de Estados Unidos para implementar normas relativas a seguridad aérea.
Washington ya solicitó a Ottawa que le proporcione las listas de pasajeros de líneas aéreas canadienses que volarán sobre el espacio aéreo estadounidense.
Desde el 11 de septiembre, Canadá restringió las normas de inmigración y asilo, permitió la detención preventiva de personas acusadas de terrorismo sin habeas corpus, y facultó a los tribunales a interrogar a sospechosos en forma secreta.
También introdujo normas de seguridad más estrictas en los aeropuertos y obligó a los abogados a revelar transacciones financieras sospechosas de sus clientes. (FIN/IPS/tra-en/mb/aa/mlm/ip-hd/01
