Una coalición de organizaciones civiles y sindicales reclamó a la firma petrolera estadounidense Amerada Hess que se desprenda de sus acciones en la británica Premier Oil, que opera en Birmania, donde el gobierno militar viola derechos humanos.
Amerada Hess, con sede en Nueva York, tiene 25 por ciento de las acciones de Premier Oil, que en los últimos cinco años realizó fuertes inversiones en la explotación de petróleo y gas natural en Asia.
«Los camioneros de Amerada Hess rechazan que la empresa esté vinculada con la violación de derechos humanos», dijo James Hoffa, presidente del sindicato Hermandad Internacional de Camioneros, a la cual están afiliados cientos de transportistas de la firma.
Carl Tursi, portavoz de Amerada Hess, dijo a IPS que la inversión de esa compañía en Premier Oil no incluye contratos en Birmania. «No tenemos gente en Birmania y no participamos en discusiones ni decisiones sobre ese país», aseguró.
De todos modos, Amerada Hess tienen interés en mantener su imagen y reputación, y estudia acciones en relación con Premier Oil, añadió.
Hasta el mes pasado, la inversión de la firma estadounidene en la británica estuvo sujeta a un acuerdo que impedía a Amerada Hess vender sus acciones, pero «ahora estamos en libertad para revisar todas nuestras inversiones», dijo Tursi.
La coalición de activistas organizó la semana pasada protestas frente a instalaciones de Amerada Hess, desde el nororiental estado estadounidense de Connecticut hasta el sudoriental de Florida.
La coordinadora de la organización no gubernamental (ONG) Proyecto Birmania, Heidi Quante, dijo que Amerada Hess debe seguir el ejemplo de otras firmas estadounidenses que se retiraron de Birmania, entre ellas Texaco, ARCO y Amoco.
«La vinculación de Hess con la junta militar de Birmania la suma a otras corporaciones parias que aún negocian con ese régimen», agregó.
Las relaciones entre Birmania y Estados Unidos son tensas desde que el gobierno militar de Rangún desconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 1990, ganadas por la Liga Nacional para la Democracia, liderada Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi, hija del héroe anticolonialista Aung San y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991, permanece detenida en su domicilio, al igual que otros dirigentes opositores.
La secretaria general de la Liga Nacional ha exhortado a los países del mundo a sancionar a Birmania, para obligar a la junta militar a negociar una transición a la democracia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó el mes pasado un llamado sin precedentes a todos sus Estados miembros para que «revisen sus relaciones» con Rangún, tras la divulgación de informes sobre trabajos forzados en Birmania.
Estados Unidos acusó a la junta y a altos militares birmanos de no cooperar en la lucha contra la producción de opio y heroína, proteger a narcotraficantes conocidos y compartir las ganancias del comercio ilegal de drogas.
Bajo presión de activistas, el ex presidente estadounidense Bill Clinton prohibió nuevas inversiones en Birmania a partir de 1997, pero esa medida no incluyó a contratos previos como el realizado para construir un gasoducto por la firma Unocal, con sede en la sudoccidental ciudad estadounidense de San Francisco.
Tampoco incluyó a operaciones de empresas que venden vestimenta proveniente de fábricas birmanas.
Las participación de Amerada Hess en Premier Oil no fue afectada por la decisión de Clinton, por no ser considerada una inversión directa en Birmania, explicó Marco Simon, de la ONG Derechos de la Tierra Internacional, con sede en Washington.
Más de 50 empresas han dejado de operar en Birmania debido a presión internacional, pero aún permanecen allí varias compañías asiáticas, entre ellas la malasia Petronas, y algunas europeas, entre ellas la petrolera francesa TotalFinaElf.
Activistas británicos han presionado a Premier Oil para que retire sus inversiones en proyectos como el del gasoducto Yetagun, que realiza junto con el gobierno birmano y le aporta altas ganancias.
Activistas por los derechos humanos acusaron a fuerzas de seguridad birmanas que protegen las obras de ese gasoducto por acciones contra civiles que incluyen trabajos forzados, reubicación forzosa, violaciones, torturas y asesinatos.
Las violaciones de los derechos humanos continúan mientras Rangún niega su existencia, y durante el último año hubo «casos graves de trabajos forzados y golpizas» en la región donde se construye el gasoducto, afirmó Quante.
El gasoducto también es criticado por organizaciones ambientalistas, debido a que cruza la selva Tenasserim, uno de los bosques tropicales vírgenes del sudeste de Asia, habitado por numerosas especies en peligro de extinción, entre ellas elefantes y rinocerontes.
Suu Kyi se ha sumado al reclamo contra la actividad de Premier Oil en Birmania. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/lp-mp/hd lb en/01
