La tensión entre Cuba y Estados Unidos volvió a salir a flote esta semana, en una reunión que pasó revista a los acuerdos migratorios bilaterales vigentes desde mediados de los años 90.
Menos de un mes después del naufragio de una embarcación que causó la muerte de unos 30 cubanos en el estrecho de la Florida rumbo a Estados Unidos, La Habana reclamó una vez más la suspensión de la política de Washington que «estimula» el éxodo ilegal.
El gobierno de George W. Bush, por su parte, reiteró su negativa a atribuir a la Ley de Ajuste Cubano, sancionada en 1966, las salidas ilegales y la muerte de numerosas personas que pretenden emigrar a Estados Unidos.
La salida ilegal de cubanos responde a su intención de residir en un país «libre» donde se respeten los derechos humanos y en el «fracaso de la economía» del gobierno de Fidel Castro, dijo James Carragher, coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, James Carragher.
Mientras, el presidente del parlamento cubano y principal responsable del diálogo con Washington, Ricardo Alarcón, reconoció que la suspensión de esa ley no pondría fin de manera automática a la emigración ilegal, pero sí a los estímulos desde Estados Unidos para abandonar Cuba.
Las rondas de negociaciones migratorias son el único intercambio formal existente entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, pero, según observadores, habrían caído en un círculo vicioso en el cual es muy difícil avanzar.
«No puedo decir que hayamos avanzado. Estamos en el mismo lugar que hace seis meses», reconoció Alarcón.
La Ley de Ajuste Cubano brinda amparo automático y derecho a trabajar a toda persona procedente de Cuba que llegue a territorio estadounidense, aunque se trate de ciudadanos que normalmente no recibirían una visa para ingresar a ese país.
Si esa ley no es un incentivo a la salida ilegal, pues que «le den visa a cualquier cubano» que la solicite en la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, representación estadounidense en este país, sin exigirle examen médico ni antecedentes penales, propuso Alarcón.
Cálculos de la prensa estadounidense indican que en ese país residen dos millones de cubanos. La población de la isla es de 11 millones de habitantes.
El delito de «salida ilegal del territorio nacional», establecido en el artículo 216 del Código Penal cubano, prevé una pena de uno a tres años de prisión, y de tres a ocho años en caso de intimidación o violencia.
Mientras, los organizadores, promotores e incitadores de este delito pueden recibir condenas de dos a cinco años de prisión, según el código.
La Ley de Ajuste Cubano ha estado en el centro de las 17 rondas de negociaciones bilaterales sobre migración, según el parlamentario, porque «contradice el espíritu de los acuerdos» suscriptos en septiembre de 1994 y mayo de 1995.
Con el fin común de regular la inmigración cubana a Estados Unidos, Washington se comprometió a entregar al menos 20.000 visas anuales y a repatriar a aquellas personas interceptadas en medio de un intento de ingreso clandestino en su territorio.
La Habana, por su parte, no tomaría represalias de ningún tipo contra aquellas personas repatriadas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Pero el primer párrafo del acuerdo de 1994 obliga a Estados Unidos a poner fin a su práctica de admitir de forma provisional a todos los cubanos que lleguen a ese país por vías irregulares.
«Si hubo acuerdo fue porque, en su primer párrafo, Estados Unidos se comprometía a no admitir a todo el que llegase», afirmó Alarcón, quien leyó el texto en español e inglés durante una conferencia de prensa este lunes.
Así y todo, el parlamentario reconoció que los acuerdos son positivos y que su mantenimiento le «conviene a mucha gente». «Parte sustancial de la emigración cubana pudo hacerse de forma civilizada gracias a estos acuerdos», afirmó.
Según Carragher, más de 150.000 cubanos han emigrado de forma legal y segura desde septiembre de 1994. El funcionario, sin embargo, no brindó cifras de la cantidad de personas que fueron interceptadas y lograro ingresar en territorio estadounidense en ese periodo.
El funcionario estadounidense asistió a las conversaciones con un equipo de 17 funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera y de la Oficina de Intereses.
Entre las inquietudes presentadas por la parte estadounidense figuró la necesidad de cambiar el puerto cubano de repatriación de ilegales y una mayor exigencia en los exámenes médicos que deben presentar los aspirantes a visa de inmigrante.
Carragher reconoció que el control de Estados Unidos sobre el destino de las personas repatriadas indica que en la mayoría «no fueron objeto de represalias» por parte de las autoridades cubanas. De todos modos, añadió, en los términos del acuerdo «un solo caso» de represalia «es demasiado».
Sobre la posibilidad de propiciar una mayor cooperación entre ambos países para evitar el tráfico de personas, Carragher aseguró que «el Departamento (ministerio) de Justicia (estadounidense) está comprometido a emprender acciones contra los traficantes».
Alarcón, sin embargo, destacó que Estados Unidos está rezagada en esta materia pues «ha habido muy pocos casos» de enjuiciamiento a contrabandistas de personas, y con «decisiones judiciales que no han sido aquellas que hubieran contribuido a desestimular este tipo de delito».
Unos 110 traficantes han sido detenidos en Cuba, según cifras oficiales, mientras los casos reportados en Estados Unidos se pueden contar con los dedos de la mano, según fuentes de La Habana.
De acuerdo con el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos, entre el 1 de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001, lograron pisar territorio estadounidense 2.352 indocumentados procedentes de Cuba, mientras que sólo 777 fueron interceptados y devueltos a la isla.
Se estima que entre 80 y 90 por ciento de las personas que logran entrar a Estados Unidos son llevadas a ese país por contrabandistas que cobran unos 8.000 dólares por el viaje. Por cada persona que llega, podría morir una en el intento, según distintos cálculos. (FIN/IPS/da/mj/pr ip/01
