Los medios de comunicación chilenos están subordinados al poder económico y no se constituyen como canales de expresión de la ciudadanía, según una investigación del Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile.
Según el estudio «Concentración económica de los medios de comunicación», a cargo de los investigadores Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy, «la libertad de expresión y el pluralismo se encuentran comprometidos, lo cual pone en cuestión uno de los pilares de la democracia».
La prensa escrita, la radio y la televisión están en manos de grandes consorcios económicos, en algunos casos vinculados con los sectores más conservadores del país, concentración que atenta contra la existencia del pluralismo y de la diversidad, señalaron Sunkel y Geoffroy.
Este proceso también tiene como consecuencia, a juicio de los autores, una ciudadanía que percibe que en los medios «sólo están representados quienes tienen dinero y poder».
El control oligopólico de las empresas de comunicación, profundas desigualdades en el acceso al financiamiento publicitario y un debilitamiento creciente de la capacidad de producción local afectan el desarrollo de un sistema de medios capaz de expresar diversidad sociocultural, según el estudio .
Paradójicamente, la restauración de la democracia en los años 90 trajo consigo la desaparición de la prensa independiente, que no resistió la discriminación de las empresas y de las agencias publicitarias comprometidas desde el punto de vista ideológico con los medios ligados a la derecha política, agrega.
Si bien la concentración económica de los medios no es un fenómeno típicamente chileno, sí lo es su marcado monopolio ideológico, sostuvieron Sunkel y Geoffroy.
Este monopolio, advierte el estudio, se debe a «un empresariado ideológicamente homogéneo, educado en una matriz económica neoliberal y en un conservadurismo (…) donde quienes se salen de este esquema constituyen una excepción».
«Se trata de un empresariado que no se la va a jugar por la diversidad sociocultural», añade.
Martín Abregú, de la Fundación Ford, organización estadounidense que apoyó la investigación, afirmó que «no puede haber independencia de los medios con la concentración a que este trabajo se refiere».
En la presentación de este estudio, el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, dijo que «la concentración económica tiene un efecto distorsionador», pues «no hay nada más destructivo de la democracia que medios de comunicación que informen segregadamente».
Esta ausencia de medios independientes también se relaciona con factores políticos. La Concertación de Partidos por la Democracia, alianza de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990, no ha regulado el excesivo control de la propiedad ni ha incentivado la creación de nuevos medios.
«La política asumida por los gobiernos de transición ha operado bajo el supuesto de que el desarrollo mismo de la industria garantizaría la libertad de expresión y el pluralismo», explicaron Sunkel y Geoffroy.
El ejemplo más visible de que el mercado no ha garantizado la libertad de expresión es la reducida oferta de prensa escrita, pues dos grandes empresas de carácter nacional detentan una posición dominante que se ha mantenido inalterada en las últimas décadas, según el estudio.
Es el caso de los diarios El Mercurio, La Segunda y Las Ultimas Noticias, en manos de sociedades que pertenecen al empresario Agustín Edwards Eastman, quien, además de ser presidente y accionista de 14 diarios regionales, tiene intereses en múltiples rubros de la economía.
El otro conglomerado es Copesa, en que participan directa o indirectamente ex funcionarios de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que posee tres diarios de cobertura nacional y una revista.
«La actual estructura de la prensa escrita aparece fuertemente condicionada por medidas administrativas dictadas por el gobierno militar», que clausuró «todos los diarios, con excepción de aquellos pertenecientes a las empresas El Mercurio y Copesa», explicaron los investigadores.
«Ciertamente, el mercado también ha jugado un importante papel en la desaparición de otros medios de prensa que habían surgido en el marco de la lucha política contra el régimen de Pinochet en los años 80», agregaron.
Respecto de la inversión publicitaria, alrededor de 70 por ciento se realiza en los tres diarios de cobertura nacional de la empresa El Mercurio, equivalente en 1998 a 312.132 millones de dólares.
A diferencia de la prensa escrita, la situación de las radios se modificó a partir de mediados de los años 90 por el ingreso de consorcios extranjeros, que han obtenido una posición dominante en la audiencia de Santiago.
«Los grupos que han liderado esta incursión en el mercado nacional son Ibero American Radio Chile, formado con capitales estadounidenses y venezolanos, y el Consorcio Radial de Chile, fundado con la cadena colombiana Caracol que pertenece al grupo económico Santo Domingo», indica el estudio.
Pero los autores también ponen en duda el papel de estos grupos económicos en cuanto a la libertad de expresión y el pluralismo, pues al introducir el concepto de radio como «industria de la entretención» (entretenimiento) se perjudicó a otras emisoras que cumplían funciones sociales.
La televisión abierta, en tanto, ha tenido un giro en su estructura de propiedad a partir de 1990 con el acceso del sector privado a las emisoras, a la que luego sucedió el ingreso de capitales extranjeros.
Sin embargo, y a diferencia de otros países latinoamericanos, es el canal estatal TVN el que lidera el mercado.
El estudio también toma como referencia el informe Günther, publicado en Alemania, que calcula el riesgo que corre la libertad de expresión según el porcentaje de participación de las empresas en el mercado.
«En el caso de Chile, hay una situación perjudicial (una empresa controla más de 40 por ciento de las audiencias) para la libertad de prensa en el caso de los diarios tanto en regiones (del interior) como en Santiago y en la televisión abierta en regiones», indicaron Sunkel y Geoffroy.
«En las radios (en Santiago y regiones) y la televisión abierta (en Santiago), la situación es peligrosa, porque una empresa controla más de 20 por ciento de las audiencias», concluyeron los investigadores. (FIN/IPS/as/mj/cr/01
