El gobierno de Brasil decidió empezar por sus propios empleados y por los de las empresas que le prestan servicios la asignación a negros de 20 por ciento de los puestos de trabajo.
La medida, adoptada experimentalmente hace tres meses en el Ministerio de Desarrollo Agrario a iniciativa de su titular, Raúl Jungmann, será oficializada el 19 de diciembre por el presidente Fernando Henrique Cardoso. Primero se extenderá al Ministerio de Justicia y luego, gradualmente, a todo el gobierno.
El proyecto, en elaboración por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, hará obligatoria la asignación a descendientes de africanos de al menos 20 por ciento de los puestos de trabajo en el gobierno y en las empresas contratadas por el Poder Ejecutivo nacional.
Las futuras licitaciones del gobierno ya incluirán esa exigencia. En Brasil, cerca de mitad de los servicios públicos son tercerizados, es decir prestados por empresas privadas, bajo contratos licitados.
«El gran reto no es tanto cumplir la cuota, sino hacer que los negros asciendan a cargos de jefatura», dijo a IPS el escritor Joel Rufino dos Santos, subsecretario de Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro.
En muchos organismos del gobierno se nota la presencia de negros, pero solo en tareas sencillas, subordinadas, aunque parte de ellos sean «tan o más capaces que sus jefes», observó Rufino, también profesor de literatura en la Universidad Federal de Río de Janeiro, uno de los pocos negros que alcanza tal posición.
El ministro Jungmann dijo haber decidido la aplicación del sistema de cuotas tras comprobar que en su ministerio, tal como en el mercado de trabajo en general, solo cinco por ciento de las funciones importantes, sean técnicas o de dirección, son ocupadas por negros.
«Solo la discriminación explica esa participación, porque no es posible que haya tanta diferencia de capacidades», observó, señalando que los negros y mulatos constituyen la mayoría de la población.
En realidad, las estadísticas oficiales, acogidas incluso por el movimiento negro, apuntan que los afrodescendientes representan cerca de 45 por ciento del total de brasileños. El problema es que 39 por ciento se idenfican como «pardos» (mestizos), y solo cinco a seis por ciento como negros.
El sistema de cuotas, una «acción afirmativa» (o medida de discriminación positiva) que fue importante en la lucha de los negros estadounidenses por sus derechos desde los años 60, afronta aún fuerte rechazo en Brasil y su implantación tiende a intensificar la polémica.
Su adopción fue parte del informe presentado por Brasil en la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica, en septiembre. No era una posición gubernamental, sino aprobada en asambleas con participación de representantes dle gobierno y de representantes de la sociedad civil.
Pero el presidente Fernando Henrique Cardoso manifestó su apoyo a ese mecanismo, considerado una forma de corregir los desequilibrios heredados del pasado, desde la esclavitud de africanos e indígenas.
La polémica, sin embargo, se concentraba en la aplicación de cuotas en las universidades, teniendo en cuenta que pocos negros y mestizos tienen acceso a la enseñanza superior, un factor de perpetuación de las desigualdades.
El ministro de Educación, Paulo Renato Souza, se opone a las cuotas en la enseñanza. Su propuesta, ya puesta en marcha, es crear una red de cursos especiales de preparación dirigidos a negros y estudiantes muy pobres para los exámenes de ingreso a la universidad.
El problema es que los pobres, alumnos de la enseñanza pública, no logram competir con sus pares de las capas medias y ricas, preparados en escuelas privadas de mayor calidad. Pero «podrán ingresar a la universidad por sus propios méritos», si son mejor preparados, argumentó el ministro.
También en el Poder Judicial las cuotas enfrentan resistencias. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Paulo Costa Leite, rechazó la medida, argumentando que el ascenso de los negros debe ocurrir naturalmente, a través de un mayor esfuerzo en educación.
Las cuotas, según Costa Leite, agravan los prejuicios y son inconstitucionales tal como se están adoptando, por acto administrativo y no mediante la aprobación de una ley.
Pero una autoridad judicial superior, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio de Mello, decidió extender a su jurisdicción la medida del Poder Ejecutivo, sosteniendo que es respaldada en la Constitución, ya que esta asegura condiciones de igualdad a todos los brasileños.
El sistema es «positivo», aunque genere la sospecha de que un negro fue contratado o promovido sólo por su color de piel, opinó Rufino. Su adopción por el gobierno «genera un nuevo proceso» e impulsa la lucha por reducir las desigualdades étnicas y sociales en Brasil, concluyó. (FIN/IPS/mo/mj/hd/01
