Las Fuerzas Armadas de Perú son sometidas a una cautelosa, pero decidida reforma, en el marco del tránsito de un gobierno autoritario, que recibió respaldo militar para someter al parlamento y a la justicia, a una democracia.
La reforma, que incluye la renovación de la cúpula militar, fue iniciada por el gobierno provisional de Valentín Paniagua, que asumió en noviembre de 2000 tras la destitución del presidente Alberto Fujimori, y el de Alejandro Toledo, investido el 28 de julio.
No sólo debe modificarse la estructura de las Fuerzas Armadas sino los programas de formación de sus oficiales, recomendó el experto uruguayo Juan Rial.
«Debe suprimirse en los militares y, sobre todo, en la opinión pública, el concepto de que las Fuerzas Armadas son una institución tutelar, pues eso los coloca por encima de la ciudadanía y del Estado y alimenta su vocación intervencionista», dijo Rial.
«Tal vez convenga convertirlos en ciudadanos comunes, otorgándoles derecho al voto (que la Constitución no les reconoce), y considerarlos como parte de la burocracia estatal», añadió el experto, ex asesor del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti.
Por su parte, el analista político y profesor universitario César Arias Quincot sostuvo que «el respaldo popular que algunos regímenes antidemocráticos suelen tener es hijo del miedo al caos y a la inestabilidad».
Este temor «se asienta sobre la base de culturas autoritarias que se remontan a nuestro pasado andino, con sus dosis de patriarcalismo, y al colonialismo con sus castas raciales», dijo Arias Quincot.
Mientras, Renzo Chiri, investigador de la organización internacional de carácter privado Comisión Andina de Juristas, sostuvo que «el militarismo ha sido una constante en la historia de Perú».
«Los militares han sido actores políticos decisivos y se han autoasignado, además del papel represivo que le demandan los sectores conservadores, la función de supuestos agentes modernizadores», comentó Chiri.
«El final del fujimorato, con la consecuente resubordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, ofrece la oportunidad para hacer efectivas las reformas pertinentes para incorporar definitivamente al mundo militar en un proyecto político y constitucional democrático», agregó.
El ministro de Defensa, David Waisman, primer civil que ocupa el cargo en los 180 años de vida republicana independiente de Perú, informó el 9 de este mes que este año comenzó un proceso de reducción del numero de oficiales del ejército en los grados de general de División y de Brigada, así como de coroneles.
Waisman precisó que serán pasados a retiro cuatro generales de división, 36 generales de brigada y 279 coroneles, que serán sustituidos por un número menor de oficiales, y que en la marina de guerra y en la fuerza aérea se producirán reducciones semejantes. Perú tiene 9.910 oficiales en actividad.
El ministro añadió que, al mismo tiempo que se reformarán las estructuras castrenses, el gobierno se propone despolitizar los institutos militares.
En Perú está en curso la transición del autoritarismo del régimen del depuesto Fujimori, cuyo principal respaldo eran las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y que hoy está prófugo en Japón, hacia la estabilización del gobierno de Toledo, surgido de las elecciones de junio.
En ese proceso, la desactivación de la capacidad de presión política que ejercen las Fuerzas Armadas es uno de los objetivos fundamentales.
El intervencionismo militar en el gobierno es un fenómeno tradicional en Perú, y se ha manifestado desde que se independizó de España, en 1821. La mayor parte de su historia republicana transcurrió bajo gobiernos castrenses.
El militarismo fue modificándose a lo largo del siglo XX. A partir de 1956, cuando concluyó el último gobierno castrense puro y duro, encabezado por el general Manuel Odria, la naturaleza de la intervención de los jefes militares en relación con el poder político varió en sus formas y procedimientos.
Hasta entonces, el asalto al gobierno era prácticamente el último escalón de la ambición de los caudillos militares, y no era necesaria más explicación ni pretexto que la necesidad de recuperar el orden amenazado por un supuesto caos atribuido a la acción de los políticos civiles.
En 1962, los militares tomaron el poder para impedir la investidura del presidente electo Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del socialdemócrata Partido Aprista, pero sólo para entregar el poder un año después, luego de convocar a nuevas elecciones, a Fernando Belaunde Terry, líder del centrista partido Acción Popular.
En 1968, los militares, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, depusieron a Belaunde Terry e impusieron un modelo izquierdista por el que se implementó una reforma agraria y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
En 1980 concluyó el gobierno militar, pero los uniformados volvierno a intervenir en 1992, esta vez convocados por Fujimori, el presidente democráticamente elegido en 1990, quien los requirió para disolver el parlamento, en el que su partido estaba en minoría.
Ese episodio, denominado en Perú el «autogolpe», dio origen a un régimen autoritario, con un Congreso legislativo y un Poder Judicial sometidos a un Poder Ejecutivo virtualmente colegiado.
Según los analistas, si bien el Presidente civil era la cabeza visible del gobierno, entre 1992 y 1998 Perú se encontraba bajo un gobierno tripartito, ejercido por Fujimori, por el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Nicolas Hermoza, y por Vladimiro Montesinos, jefe del SIN.
Esta sociedad tripartita duró seis años, hasta agosto de 1998, cuando Fujimori y Montesinos pasaron al retiro al general Hermoza con el respaldo de otros generales del ejército.
La salida del general Hermoza no favoreció a Fujimori, pues Montesinos, que controlaba la mecánica de ascensos castrenses, ganó preeminencia en la estructura de poder, sometiendo progresivamente al presidente.
Según se supo meses después, desde 1998 ambos libraron una sorda lucha, en la que Fujimori perdía terreno progresivamente en tanto que Montesinos, mientras parecía apoyar la ilegal reelección de su socio en los comicios de 2000, preparaba planes alternativos que incluían un golpe militar contra su aliado.
En agosto del 2000, luego de ganar en cuestionados comicios la segunda reelección consecutiva, Fujimori trató de sacarse de encima a Montesinos y presentó al Congreso un proyecto de ley para desactivar al SIN, pero la iniciativa se enredó en el marasmo de las comisiones.
En septiembre, aprovechando la difusión de un video que mostraba a Montesinos sobornando a un parlamentario opositor para engrosar las filas del oficialismo, Fujimori anunció la desactivación del SIN y ofreció convocar a elecciones en 2001 para entregar el mando a quien resultara electo.
Montesinos frustró esta iniciativa, que hubiera permitido una retirada airosa de Fujimori, y ordenó a los parlamentarios bajo su influencia, muchos de ellos sobornados, que se sumaran a la oposición y votaran la destitución del mandatario.
Dos meses después, en noviembre de 2000, Fujimori aprovechó una conferencia internacional en Panamá para huir a Japón, donde se refugia aprovechando su doble nacionalidad peruano-japonesa y se rehusó a retornar a su país natal.
La rápida descomposición del régimen permitió descubrir documentos y vídeos que revelan que Montesinos había corrompido a los generales de mayor peso institucional, cada uno de los cuales poseían cuentas bancarias en el extranjero por alrededor de 10 millones de dólares.
Por primera vez en la historia peruana, los jefes de las Fuerzas Armadas no pudieron manejar su retiro del poder político en forma controlada. Unos 80 generales, coroneles, comandantes, vicealmirantes y contralmirantes están presos en cárceles comunes, y otros 160 fueron pasados a retiro (FIN/IPS/al/mj/ip hd/01
