Cuando Beijing anunció su respaldo a la «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos, los activistas de derechos humanos supieron que se acercaban tiempos duros para los uigures, minoría musulmana del oeste de China, y para otros grupos étnicos y políticos de Asia oriental y meridional.
A mediados de octubre, Beijing hizo realidad esos temores al lanzar una campaña de represión en la occidental provincia de Xinjiang, donde viven unos ocho millones de uigures y opera un movimiento separatista.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, opinaron que el ataque a las libertades civiles y políticas en Xinjiang fue apenas la última acción dentro de la táctica que Beijing siempre ha empleado contra separatistas uigures, reales o supuestos.
«Las autoridades chinas no distinguen entre el disenso pacífico y el violento», declaró Human Rights Watch.
«El gobierno emplea la lucha contra el 'separatismo' y el 'extremismo religioso' para justificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los uigures, aun contra los que participan pacíficamente de actividades políticas, religiosas o culturales», agregó.
El de China es apenas uno de varios gobiernos asiáticos que adoptaron la misma postura autoritaria de Washington en su lucha contra el terrorismo.
Esto preocupa a activistas de la región, quienes temen nuevas medidas represivas el año próximo por gobiernos ansiosos de sofocar conflictos internos, movimientos separatistas o incluso opositores políticos.
El miedo causado por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington creó un ambiente propicio para esas medidas.
Las organizaciones de derechos humanos temen que la doctrina de la seguridad nacional vuelva a dominar el paisaje político de Asia como durante la guerra fría.
«Es una gran preocupación», dijo a IPS Hina Jilani, experta en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Ya puede observarse el surgimiento de una doctrina de la seguridad nacional en detrimento de las normas humanitarias internacionales», observó.
«Existe una preocupante tendencia a recurrir a métodos militares, incluso la adopción de leyes que crean estados de excepción», señaló Jilani, una abogada pakistaní que actúa como representante especial del secretario general de la ONU en cuestiones de derechos humanos.
Agregó que «bajo el manto de leyes de emergencia y de seguridad, se suspenden derechos y libertades fundamentales».
Los promotores de esa doctrina se basan en las medidas antiterroristas de Estados Unidos, afirmó Basil Fernando, director ejecutivo de la Comisión Asiática de Derechos Humanos, de Hong Kong.
«Observemos cómo lo hace Estados Unidos e imitémoslo» es la consigna, dijo.
Desde que el gobierno de George W. Bush lanzó su guerra contra el terrorismo luego del 11 de septiembre, impulsó medidas legales extraordinarias para detener a sospechosos vinculados con los atentados.
Las medidas incluyen el mantenimiento de sospechosos bajo custodia por periodos prolongados, sin acusación formal ni derecho a abogado, y una propuesta para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo en tribunales militares secretos.
«La frase cínica de que 'éstos son tiempos extraordinarios y requieren medidas extraordinarias' está volviéndose común. Lo que implica es que en estos tiempos las leyes pueden ignorarse», dijo Fernando.
«Esa actitud, una vez aceptada, amenaza la seguridad en todas sus formas, aunque se basa en la promesa de restaurar la seguridad», advirtió.
Particularmente preocupante para los activistas de Asia son las políticas emergentes en Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, India y Uzbekistán, además de China.
Pakistán y Sri Lanka, que ya aplican la doctrina de la seguridad nacional, no muestran señales de abandonarla en el actual clima político.
En Malasia, las autoridades han empleado la guerra contra el terrorismo para justificar arrestos basados en su draconiana Ley de Seguridad Interna, una norma de la época colonial que permite detenciones sin juicio y es usada para reprimir opositores políticos.
En la vecina Indonesia, el gobierno aprovechó el momento para reprimir movimientos separatistas en las provincias de Aceh e Irian Jaya.
Mientras, en la isla filipina de Mindanao, donde hay un movimiento separatista musulmán, el ejército tiene nuevas facultades que antes correspondían a la policía, y se han legalizado los arrestos sin acusación.
En India, el gobierno quiere hacer aprobar en el parlamento una ley antiterrorista criticada por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho.
Los gobiernos de Asia emplean la «retórica del terrorismo» para preparar psicológicamente a su ciudadanía para fuertes medidas represivas.
«Esos regímenes quieren controlar el crecimiento de la sociedad civil organizada», acusó James Gómez, director de una organización asiática de promoción de la democracia por Internet.
Jilani prevé que la doctrina de la seguridad nacional «se utilizará para reprimir la libertad de opinión y expresión y el derecho de protesta pacífica, de una manera más flagrante que hasta ahora».
Pero no todos comparten ese pronóstico pesimista.
«Dudo que las medidas ahora aplicadas creen regímenes opresivos como los de la era comunista», expresó Chayachoke Chulasiriwongs, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Chulalongkorn, de Bangkok.
Desde el fin de la guerra fría, observó, Asia sufrió grandes cambios, entre ellos el surgimiento de ideas liberales, mayor conciencia pública sobre la democracia y los derechos humanos, y la noción de la «transparencia».
«La transparencia y los derechos humanos son palabras muy en voga actualmente. Los gobiernos no pueden ignorarlo», dijo Chayachoke. (FIN/IPS/tra-en/mmm/js/mlm/ip hd/01
