El gobierno de México labró este año, sobre las cenizas del desacreditado Partido Revolucionario Institucional (PRI), una imagen internacional de respeto y promoción de los derechos humanos, pero a los ojos de activistas poco ha cambiado.
Evaluaciones contrastantes sobre la gestión en la materia del presidente Vicente Fox, el primero ajeno al PRI en siete décadas, se hicieron presentes el lunes pasado, al celebrarse el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Mientras el gobierno destacó sus supuestos logros, las organizaciones de derechos humanos afirmaron que el único cambio al respecto fue de discurso.
«Es extremo decir que todo sigue igual, pues sí hay evidencias de cambios en derechos humanos. Quizá no tantos, pero existen», dijo a IPS Arturo Provenzal, profesor universitario de Ciencias Políticas.
La organización Amnistía Internacional dio a conocer un informe en que apunta que «las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad siguen siendo generalizadas», a pesar de las promesas de cambio de Fox.
En el informe, la organización radicada en Londres hace hincapié en la supuesta persecución de activistas de derechos humanos, a quienes «las autoridades tratan como si su labor de defender y promover estos derechos fuera una actividad delictiva o subversiva».
Amnistía, al igual que la organización Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, la semana pasada, señaló como una mancha de la gestión del gobierno el caso de la abogada Digna Ochoa, asesinada en octubre luego de recibir una serie de amenazas de muerte.
Amnistía Internacional afirmó que tiene registrados 35 casos de hostigamiento a activistas de derechos humanos en los últimos cinco años en México.
«Existe un nuevo discurso» oficial «sobre los derechos humanos que no había en los gobiernos del PRI, pero se carece de estrategia» en la materia, opinó Edgar Cortez, director del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Para Juan Antonio Vega, portavoz de la red nacional Todos los Derechos para Todos, el cambio en el área de los derechos humanos es más una imagen proyectada al exterior que un asunto real.
En contraste con las políticas adoptadas por los gobiernos del PRI, Fox abrió las puertas al ingreso sin restricciones activistas extranjeros para que realicen tareas de observación, incluso aquellos que en el pasado fueron expulsados.
Además, estableció una mesa de análisis e intercambio de información con organizaciones no gubernamentales y, tras el asesinato de Ochoa, les ofreció protección especial a los activistas.
En un hecho histórico, anunció en noviembre que nombrará un fiscal especial para investigar y sancionar los responsables de la guerra sucia de los años 70 y 80, cuando desaparecieron más de 500 opositores al PRI.
En otro frente, excarceló por razones humanitarias a dos campesinos ambientalistas detenidos en 1999 por posesión de marihuana, a quienes organizaciones humanitarias defendían y pedían liberar por considerarlos víctimas inocentes de abusos de militares.
«Los activistas deben reconocer que hay cambios. Faltan quizá hacer muchos, pero hay que ser equilibrados y aceptar que ya no se vive la era PRI», opinó Provenzal.
En los gobiernos del PRI, en especial durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000), las organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras tuvieron continuos enfrentamientos con las autoridades, que incluso llegaron a acusar a los activistas de inventar y exagerar ciertos hechos.
En el último año visitaron México y se entrevistaron con Fox el secretario general de Amnistía, Pierre Sané, la presidenta de la Fundación Francé Libertés, Danielle Mitterand, y varios portavoces de otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno logró que se apruebe su propuesta para elaborar una convención internacional para proteger los derechos de los discapacitados.
También logró la creación de la Relatoría Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, cuya presidencia quedó a cargo del antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen.
Otro de los hechos destacados fue la detención y extradición a España al ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de genocidio. El ex militar sigue detenido en México a la espera de una revisión judicial de su caso.
Además, en su primer año de gestión Fox pidió a los legisladores ratificar 11 tratados internacionales sobre desaparición forzada de personas, derechos de los niños, eliminación de la discriminación contra la mujer y protección a víctimas de conflictos armados, entre otras materias.
El presidente de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, sostiene que el último año fue muy importante para México en la promoción de derechos humanos.
Soberanes destacó la aprobación de una reforma constitucional por la cual quedó prohibida toda forma de discriminación por origen étnico, género, condición social y estado civil, y la investigación que se hará para castigar a los responsables de la guerra sucia.
Pero para los activistas eso significa poco. «La situación sobre derechos humanos en México es aún grave. No hubo cambios con Fox. Sólo se trata de palabras», expresó Rosario Ibarra, portavoz de Eureka, grupo que demanda la aclaración del destino de los desaparecidos en los años 70 y 80. (FIN/IPS/dc/mj/hd/01
