La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA deploró la degradación en que ha caído el conflicto armado interno de Colombia, con el consecuente deterioro de los derechos básicos.
La comisión de la OEA (Organización de Estados Americanos), al finalizar su visita al país, expresó su especial preocupación por el aumento de las masacres, los secuestros y las amenazas contra la libertad de expresión, además de alertar sobre la situación de miles de personas desplazadas de sus hogares por la guerra civil.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Claudio Grossman, señaló que «es sumamente preocupante la información recibida sobre asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas», que afectan de manera directa la libertad de expresión.
Grossman dijo haber recibido información «sobre la existencia de una estrategia por parte de los grupos armados, en particular de los paramilitares derechistas, para silenciar a periodistas de investigación por medio del asesinato, la intimidación o el desplazamiento forzado» de su lugar de actividad.
La comisión, integrada pos siete miembros, dijo que recibió en la ciudad de Barrancabermeja, principal puerto petrolero del nordeste colombiano, sobre los niveles de tolerancia que se dan por parte de miembros de las Fuerzas Armadas para con paramilitares de derecha que operan en la zona.
Por su parte, el vicepresidente de la CIDH, Juan Méndez, se manifestó preocupado por la promulgación de la ley de Seguridad, que da facultades de policía judicial a las Fuerzas Armadas.
La ley fue cuestionada por el defensor del Pueblo (Ombudsman), Eduardo Cifuentes, quien consideró que viola la Constitución, «pues no se puede entregar a los militares funciones judiciales que van en detrimento de las garantías constitucionales».
Méndez añadió que es preocupante «la posibilidad de desplazamiento de ciertas autoridades civiles, que deben responder ante jefes militares en ciertas zonas», amparados en la nueva ley.
La CIDH se reunió el martes con las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de diputados y del Senado, varios de cuyos miembros criticaron con dureza al gobierno de Andrés Pastrana.
Los legisladores acusan al gobierno de no actuar en las zonas de influencia de los paramilitares nucleados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o controladas por las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El senador indígena Jesús Piñacué presentó en la reunión una lista de líderes de esas comunidades que han sido víctimas de la violencia que ejercen los grupos armados.
Piñacué utilizó datos del Primer Congreso Indígena, finalizado el 29 de noviembre en la localidad de Cota, ubicada en una zona rural de la periferia de Bogotá, los cuales indican que al manos 300 nativos han sido asesinados por guerrilleros o paramilitares en lo que va del año.
Según los congresistas, los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes para contrarrestar las acciones de los grupos armados, pues el desplazamiento, las masacres y el secuestro siguen en aumento.
Jorge Rojas, coordinador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo a IPS que la visita de la comisión de la OEA ha puesto una vez más en evidencia que el Estado no puede garantizar la protección de sus ciudadanos.
Añadió que 2001 ha sido uno de los años «más críticos» de las últimas dos décadas en materia de violación a los derechos humanos en el país.
Estadísticas de Codhes señalan que entre enero y octubre debieron abandonar sus hogares de manera forzada unas 277.000 personas, lo cual marca un promedio de 1.025 desplazados cada día.
«Con los datos que tenemos de noviembre podemos afirmar que se superó la cifra de 360.000 personas, lo cual resulta muy grave», puntualizó Rojas, quien precisó que el año pasado abandonaron sus hogares 270.000 colombianos.
Rojas pronosticó que se va hacia «mayores niveles de confrontación, en medio del desprecio por la población civil de parte de todas los actores comprometidos en el conflicto».
Otras organizaciones no gubernamentales denunciaron el lunes, en ocasión de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que al menos 20 personas son asesinadas diariamente en el marco del conflicto armado interno.
De esas víctimas, 15 mueren en sus casas, en la calle o en el sitio de trabajo y cinco directamente en enfrentamientos armados. Así mismo, dos personas son desaparecidas diariamente por razones políticas y en lo que va del año se han registrado 250 masacres. (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
