La industria nuclear de Estados Unidos ganó una importante batalla, al lograr que la Cámara de Representantes renovara la vigencia de una ley que limita la responsabilidad de los empresarios en caso de accidentes en las centrales.
Aún falta la decisión del Senado para que la prórroga entre en vigencia.
La industria nuclear había asignado alta prioridad a esta batalla, con el argumento de que las primas de los seguros aumentarán en proporción geométrica si queda sin efecto esa norma, llamada Ley Price-Anderson, por sus redactores.
La decisión legislativa también es clave para que el presidente estadounidense, George W. Bush, logre su objetivo de aumentar la generación de energía nuclear para reducir la dependencia del país de otras fuentes energéticas importadas, como el petróleo.
El vicepresidente Dick Cheney había dicho en mayo que «nadie realizaría inversiones en plantas de energía nuclear» si no se renovaba la vigencia de la ley.
Esa norma fue aprobada en 1957 para apoyar el desarrollo incipiente de la industria nuclear, pero su vigencia ha sido extendida desde entonces cuatro veces.
Los críticos sostienen que estimula un tipo inseguro de desarrollo industrial, inviable sin masivo apoyo del gobierno.
La Ley Price-Anderson permite a las compañías productoras de energía nuclear mantener bajos sus costos de seguros, al limitar su eventual pago de indemnizaciones en caso de accidente a 200 millones de dólares por reactor y a 9.000 millones de dólares anuales para el conjunto de la industria.
Los grupos de presión vinculados con esas firmas arguyen que el costo de los seguros sería prohibitivo sin esas limitaciones.
El periodo de vigencia de la norma fue extendido por 15 años más por los representantes, mediante un procedimiento especial con voto secreto, que no permite introducir enmiendas al texto en discusión. Ese procedimiento suele emplearse para proyectos sobre los cuales no se prevé que existan discrepancias.
«La Ley Price-Anderson es un marco de trabajo cuya eficacia hemos comprobado durante casi 45 años», afirmó Marvin Fertel, vicepresidente del Instituto de Energía Nuclear, una institución industrial con sede en Washington.
Fertel ha sostenido que el Congreso debe renovar por tiempo indefinido la vigencia de esa norma.
El inicial estímulo transitorio se ha transformado en un subsidio permanente, señaló Jill Lancelot, directora de asuntos legislativos de la organización no gubernamental (ONG) Taxpayers for Commonsense (Pagadores de Impuestos Defensores del Sentido Común), que vigila los gastos del gobierno.
Ninguna otra industria del país ha sido aislada en forma tan consistente de los riesgos financieros, pese a que por lo general se piensa que las firmas cuyos negocios implican un alto grado de confianza de sus clientes deben hacerse responsables de sus acciones en términos económicos, alegó.
«Si las compañías privadas de seguros se rehusaran a cubrir los riesgos de una actividad industrial, o sólo estuvieran dispuestas a hacerlo con primas cuyo valor fuera prohibitivo para esa actividad, estaríamos ante un simple mecanismo de limitación por parte del mercado», añadió.
Los límites del pago de indemnizaciones fijados por la norma están muy por debajo del valor de los daños que puede causar un accidente nuclear, aseguró Wenonah Hauter, directora de campañas sobre energía y ambiente de la ONG Public Citizen, con sede en Washington y financiada por Ralph Nader, activista por los derechos de los consumidores.
Eso significa que el costo de miles de millones de dólares de un accidente grave o de un ataque terrorista contra un reactor nuclear debería ser pagado por la población mediante impuestos, agregó.
El costo de los daños causados por el desastre de la central nuclear de Chernobyl, ocurrido en abril de 1986 en la ex Unión Soviética, fue más de 300 mil millones de dólares.
El estadounidense Laboratorio Nacional Sandia, una institución gubernamental de investigación, calculó en 1982 que un accidente en una sola instalación nuclear del país también costaría cientos de miles de millones de dólares.
Los críticos destacan que el beneficio otorgado a la industria nuclear por la Ley Price-Anderson se suma a subsidios para investigación y desarrollo por valor de 66.000 millones de dólares, otorgados de 1948 a 1998 según datos del Servicio de Investigación del Congreso.
La industria asegura que el riesgo de un accidente nuclear es remoto, pero ambientalistas consideran grave que la renovación de los límites de la responsabilidad de las firmas se produzca mientras aumenta el temor a ataques terroristas en el país, tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Luego de esos atentados, la estatal Comisión Regulatoria Nuclear ordenó medidas de seguridad más estrictas en todas las plantas nucleares del país, y comenzó una revisión de sus normas y procedimientos para prevenir desatres.
Esa comisión admitió que los reactores nucleares estadounidenses no fueron diseñados para resistir ataques aéreos como los realizados el 11 de septiembre mediante aviones de pasajeros secuestrados.
También señaló que 27 de 57 plantas nucleares que inspeccionó en febrero de 1999 enían «significativas» deficiencias en materia de seguridad y eran vulnerables a atentados terroristas.
«Los requisitos vigentes en materia de seguridad nuclear no incluyen medidas adecuadas para evitar riesgos que consideramos posibles en la actualidad», afirmaron el mes pasado grupos de la sociedad civil, en una carta dirigida a los integrantes de la Cámara de Representantes.
Entre los firmantes de esa carta estuvieron las ONG ambientalistas Amigos de la Tierra, Greenpeace y Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
Los críticos también expresaron su alarma por la autorización de un nuevo diseño de reactores nucleares que, según afirman, reduce costos mediante la eliminación de medidas tradicionales de seguridad contra explosiones y otros disturbios.
«No hay excusa concebible para aceptar que una nueva generación de plantas nucleares se desarrolle con semejante desprecio de la seguridad», sostuvo Hauter. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/mp/en/01
