La crisis política, económica y social en Argentina puso este jueves al gobierno de Fernando de la Rúa contra las cuerdas, tras una jornada en la que 16 personas murieron en una ola de saqueos, miles de manifestantes se lanzaron a las calles y renunció el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Esta vez, De la Rúa no sólo deberá decidir el reemplazo de Cavallo, el tercer ministro de Economia este año, sino la política económica que seguirá quien resulte designado.
Empresarios, banqueros y analistas auguran un seguro cese de pagos y una eventual devaluación o dolarización de la economía, ante la falta de otras propuestas, mientras el país parece hundirse en la anarquía.
Los analistas interpretaron este jueves que el régimen de cambio fijo y paridad uno-uno con el dólar ideado por Cavallo hace 10 años, ya agonizaba desde hace tres semanas, cuando fue restringido el retiro de depósitos de los bancos, y sobrevive con respirador artificial.
«Se viven las vísperas de momentos trascendentes», advirtió este jueves el columnista político Eduardo Van der Kooy en el diario Clarín.
Acorralado por una crisis que parece devorarlo todo a su paso, De la Rúa, que tiene aún por delante dos años de gobierno, convocó de urgencia a los gobernadores de todas las provincias, del oficialismo y de la oposición, para definir los pasos a seguir, mientras los ministros ponían su renuncia a su disposición.
El senador Jorge Yoma, del opositor Partido Justicialista, había dicho pocas horas antes que si Caballo no renunciaba podría convocarse a una sesión plena del Poder Legislativo en la que su partido tendría mayoría.
La declaración de Yoma fue interpretada como una velada amenaza hacia De la Rúa, cuya dimisión podría pedirse en esa sesión plenaria de diputados y senadores.
Por su parte, el senador Eduado Duhalde, una de las principales figuras del justicialismo, advirtió que «si el presidente no cambia habra que cambiar al presidente». Duhalde fue derrotado por De la Rúa en las elecciones de 1999.
El conflicto se precipitó en la madrugada del miércoles, cuando miles de habitantes de localidades del interior del pais saquearon supermercados y otros comercios.
En pocas horas, los asaltos se repitieron en la capital y en 11 provincias. Todas las localidades que conforman el cinturón suburbano de Buenos Aires, un área en que habitan ocho millones de personas, registraron episodios de este tipo.
Los primeros episodios de reclamo pacífico de alimentos frente a los supermercados se tuvieron el viernes. Fueron reprimidos por la policía o respondidos con la promesa de entrega de ayuda alimentaria, que fue cumplica sólo en pocos casos.
Por eso, el martes recrudecieron las presiones y en la noche comenzaron los saqueos. La crisis económica que se arrastra hace 41 meses ha llevado a un tercio de la población argentina a la pobreza, mientras que el desempleo llega a 18 por ciento.
El entonces ministro Cavallo anunció un presupuesto para 2002 con un recorte de gastos de 15 por ciento respecto de lo previsto para este año, una medida de restricción que sólo prometía más ajuste.
Familias con niños, mujeres y ancianos irrumpieron en los comercios para llevarse bolsas con alimentos. Otros salían con bebidas, refrigeradores o ropa, y también fueron asaltados algunos camiones de alimentos.
Las grandes cadenas de supermercados del extrarradio de Buenos Aires cerraron sus puertas luego de algunos episodios de violencia en los que incluso empleados armados con palos intentaron repeler a los participantes en los saqueos.
De inmediato, comenzaron a cerrar los comercios de la capital, incluso los grandes centros comerciales, por temor al saqueo, que comenzó en vísperas de Navidad, la época del año de mayores ventas.
Este jueves, cuando aun subsistían saqueos en algunas provincias, se contaban 16 muertos, la mayoría por arma de fuego, y más de un centenar de heridos.
Al menos cuatro de víctimas fueron abatidas por comerciantes que decidieron resistir los asaltos con sus propias armas y dispararon a los atacantes.
En 1989, una hiperfinflación galopante condujo también a estallidos sociales y saqueos, con el resultado de 17 muertos. El recuento de víctimas se aproxima ahora a ese luctuoso registro.
El presidente anunció la distribución de alimentos por valor de siete millones de dólares. Pero el miércoles de noche decidió decretar el estado de sitio y en un mensaje a la población acusó a algunos manifestantes de «violentos» que «aprovechan para sembrar discordia y crear el caos».
La alocución de De la Rua provocó el rechazo de la población, sobre todo de sectores de clase media. El movimiento de reacción comenzó con golpes de cacerolas en ventanas y balcones, pero luego, manifestantes salieron a la calle y comenzaron a agruparse.
La marcha más numerosa llegó a la Plaza de Mayo, el paseo público situado frente a la sede del gobierno nacional. Ignorando la declaración de estado de sitio, los argentinos, sin banderas políticas, se reunieron para reclamar la renuncia de Cavallo, que se concretó pocas horas después.
Otros manifestantes se concentraron frente al edificio de apartamentos en que vive Cavallo y un grupo se encaminó hacia la residencia presidencial, en la localidad de Olivos, vecina a la capital.
En el interior, en ciudades populosas como Rosario o Mar del Plata, también se produjeron marchas espontáneas hacia monumentos y edificios emblemáticos.
Los ciudadanos movilizados permanecieron en la Plaza de Mayo hasta la madrugada, cuando fueron dispersados por la policia con bombas de gas lacrimógeno que causaron vómitos y ahogos entre la multitud. Pero algunos permanecieron allí hasta la mañana de este jueves, enfrentándose a la represión policial.
Los manifestantes no distinguieron entre funcionarios, ex funcionarios y opositores. Las críticas alcanzaron a toda la clase política y los frentes de algunos edificios fueron atacados con piedras y disparos.
En medio de una política de profundo ajuste en el sector público, con despidos de empleados, recorte de salarios y de jubilaciones, los sueldos de gobernantes y legisladores están en boca de toda la población.
Cavallo solicitó garantías para su seguridad personal y la de su familia. Incluso trascendió que su intención es abandonar el país, pero el juez en lo penal economico Julio Speroni, que lleva la causa por contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia en la primera mitad de la década pasada, se lo prohibió.
Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), Argentina violó la prohibición internacional de venta de armas a Croacia, que participaba de las guerras de Yugoslavia. También hubo un embarque a Ecuador, que se enfrentaba con Perú en una guerra de baja intensidad tras impugnar un tratado de límites del que Argentina era garante. (FIN/IPS/ip/01
