El edificio del Congreso y la Casa Rosada, sede de la presidencia, fueron este sábado en Argentina blanco de la ira de miles de manifestantes congregados de manera espontánea para exigir al nuevo gobierno cambios más profundos que los anunciados hasta ahora.
Los habitantes de la capital, tras seguir durante una semana la gestión del presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, signada por disputas políticas entre dirigentes y la incertidumbre acerca de vías de salida a la crisis económica, comenzaron a golpear de nuevo sus cacerolas y una multitud marchó hacia el centro sin convocatoria previa.
Familias con niños, ancianos y jóvenes, representantes en su mayoría de los sectores medios, habían protagonizado el viernes un «día de furia» en los bancos, que no pudieron responder a las demandas de dinero en efectivo ni entregar sus haberes a los jubilados. Muchos ancianos se desmayaron en la espera bajo una temperatura de 30 grados.
«El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de sus dirigentes», advirtió el viernes de noche un vecino frente a la Casa Rosada recordando una frase del ex presidente Juan Perón, fundador del Partido Justicialista, de Rodríguez Saá.
A su lado, una mujer gritaba: «Se creen que somos estúpidos, se siguen peleando por el poder y ninguno hace nada por la gente».
«Se pelean por el dinero, que es nuestro, nos hacen trabajar para llevárselo ellos, son unos sinverguenzas», lloraba una anciana. «No tengo trabajo, tengo un hijo discapacitado, no me dan los medicamentos para él, se tienen que ir todos», decía otra mujer.
Ocho días después de la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia, precipitada por una ola de saqueos y disturbios que dejaron un saldo de 28 muertos y centenares de heridos, las cacerolas tronaron otra vez en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
«No entendieron nada», repetían los manifestantes, refiriéndose a las protestas que obligaron a De la Rúa a dimitir.
«Nosotros pedimos gente nueva, honesta, y nos dieron más ladrones, esto es más de lo mismo», decían muchos, y cantaban en contra de los partidos políticos y de las centrales sindicales.
Otros grupos de vecinos fueron a la Plaza de los Dos Congresos, frente a la sede parlamentaria, y algunos manifestantes cortaron calles y avenidas para acompañar la protesta, que continuó hasta la mañana de este sábado, cuando decenas de personas irrumpieron en el Congreso.
Después de forzar las puertas, pusieron fuego a parte de las instalaciones, arrancaron cortinas, destrozaron vidrios y computadoras y arrojaron por las escalinatas principales de la sede parte del mobiliario, para hacer una hoguera en las calles.
En la calle, los cánticos aludían a los salarios de los legisladores, que perciben hasta 10.000 dólares mensuales y cuentan con partidas extra de 38.000 para contratar personal político. «Que se bajen el sueldo a la mitad y que trabajen!», gritaba una mujer.
La policía intervino con carros lanza agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los más enardecidos que, en su retirada, rompieron los cristales de dos restaurantes de comida rápida y de seis bancos. Hubo al menos 12 heridos y 30 detenidos.
El malestar y el nerviosismo habian quedado en evidencia horas antes, cuando una huelga de conductores de ferrocarriles que no recibieron sus salarios enfureció a los pasajeros a los que se negaba la devolución del dinero del pasaje. Nueve vagones fueron incendiados y varios cristales resultaron rotos.
Algunas personas presentes en la estación de trenes de cercanías explicaron que habían llegado al centro por trámites bancarios y debieron regresar sin cobrar sus remuneraciones. Al encontrarse sin trenes y con el pasaje de ida y vuelta ya comprado, no tenían dinero para regresar por otro medio.
En la noche, las consignas eran variadas, pero a medida en que los manifestantes llegaban a Plaza de Mayo se resumían en advertencias por la corrupción en el gobierno que, a juicio de muchos es un flagelo que persiste en la nueva administración.
Los congregados reclamaron la renuncia de varios colaboradores de Rodríguez Saá, como el ex alcalde de Buenos Aires Carlos Grosso, tenido por muchos como figura emblemática de la corrupción, que había sido designado jefe de gabinete de asesores y que debió dimitir en las primeras horas de este sábado.
Grosso había dicho hace una semana, al ser llamado a participar en el gobierno provisional, que Rodríguez Saá lo escogió «por su inteligencia» y no por su «prontuario», una frase que escandalizó a muchos vecinos de Buenos Aires, según lo manifestaron durante el «cacerolazo».
La población también protestó amargamente contra el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), que se entrevistó esta semana en la Casa Rosada con Rodríguez Saá, y contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, acusada de fallar siempre a favor de los gobiernos de turno.
«Queremos que se vayan, no representan a nadie!», gritaba este sábado otro grupo de manifestantes frente a la residencia presidencial de Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, donde Rodríguez Saá estaba reunido con sus ministros.
El Partido Justicialista, que volvió al poder al caer De la Rúa, de la Unión Cívica Radical, acordó votar a Rodríguez Saá en la asamblea legislativa (reunión de las dos cámaras del Congreso) como presidente interino y la convocatoria a elecciones para el 3 de marzo.
La administración interina, instalada el 23 de este mes, cederá paso a principios de abril al vencedor en las elecciones de marzo que, a su vez, gobernará hasta 2003, para completar el periodo de De la Rúa.
Pero el viernes, la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con carteles para pedir a Rodríguez Saá que continúe al frente del Poder Ejecutivo hasta 2003, y que se anule la decisión de realizar elecciones.
Mientras, economistas cercanos al presidente interino aseguran que la moneda paralela al peso, que fue anunciada en los primeros días de esta semana, no entrará en circulación. En su lugar, podría aumentarse la emisión de bonos que ya se manejan como medio de pago.
Rodríguez Saá también resolvió la suspensión del pago de la deuda externa, la pesada losa que causó sus mayores tribulaciones al gobierno de De la Rúa. La deuda pública de Argentina equivale a 45 por ciento del producto interno bruto, una carga que en otras circunstancias quizás se hubiera sobrellevado. Pero los altos intereses hicieron muy costoso su servicio.
Así mismo, el presidente interino afirmó que el peso no será devaluado, que continuará en la paridad uno a uno con el dólar que mantiene desde 1991.
La moneda paralela, el «argentino», flotante y sin respaldo en las reservas internacionales, fue pensada para asegurar la promesa de Rodríguez Saá. Su presencia permitiría incrementar el circulante, dado que no es posible aumentar la emisión de pesos sin un crecimiento en la misma medida de las divisas que almacena el Banco Central.
De momento, persiste el feriado cambiario decretado en coincidencia con la caída de De la Rúa. (FIN/IPS/mv/ff/ip/01
