ARGENTINA: Presidente por dos días para un país en llamas

El nuevo presidente de Argentina, Ramón Puerta, del Partido Justicialista, gobernará sólo por 48 horas, hasta que el Congreso designe un mandatario que deberá convocar a elecciones o completar el periodo del renunciante Fernando de la Rúa.

Senadores y diputados se reunieron pocos minutos este viernes y, tras aceptar formalmente la dimisión de De la Rúa, dispusieron que Puerta, en su calidad de presidente del Senado, se haga cargo del Poder Ejecutivo hasta la designación de un reemplazante este mismo fin de semana.

A quien sea designado presidente podría asignársele la tarea de organizar la transición y convocar a elecciones que, según comentaron dirigentes del Partido Justicialista, que estuvo en la oposición hasta el viernes, se realizarían el 31 de marzo.

En esta posición coinciden los gobernadores provinciales del justicialismo, que son los que tienen más posibilidades de postularse como candidatos.

En cambio, senadores vinculados con el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), también del Partido Justicialista, preferirían que el mandatario que sea designado este fin de semana sea el mismo que complete el mandato de De la Rúa, al que le restaban dos años, sin convocar a comicios generales.

Abogados constitucionalistas rechazan esa posibilidad, por tratarse de un lapso muy largo, y especulaban que con esa estrategia Menem quedaría habilitado para postularse en 2003, ya que se habría cumplido un periodo completo de gobierno desde su última gestión, tal como requiere la carta política.

En cualquier caso, se descontaba que en caso de elecciones adelantadas se debería utilizar la fórmula conocida como ley de lemas —múltiples candidatos presidenciales por cada partido que suman sus votos—, lo cual evitaría la realización de comicios internos para dirimir las candidaturas.

Mientras se discutía la salida institucional a la crisis y se analizaban las diversas opciones económicas, el estallido social iniciado el miércoles con saqueos y manifestaciones espontáneas, con un saldo de al menos 26 muertos, parecía restringirse este viernes a asaltos aislados y fuertes rumores.

En la noche del jueves se vivieron momentos dramáticos en el empobrecido barrio San Pablo de la localidad de Pacheco, en la central provincia de Buenos Aires, donde numerosos vecinos decidieron defenderse de posibles asaltos mediante guardias y fogatas, dijo a IPS la enfermera y trabajadora social Nancy González.

«Había como una psicosis de que vendrían a asaltar las casas. Se decía que había extraños en camiones gritando 'viva la revolución' y cosas asi, y yo no me podía dormir porque acá es tan común que los chicos tengan armas… En los últimos 14 meses vi morir a 18 jóvenes por las armas», explicó González.

«Acá se vive todo como si fuera común, pero yo me doy cuenta que no es asi. Hay demasiados niños deambulando todo el día, demasiada gente sin trabajo, así que esto se veía venir. Pero yo nunca habia visto algo asi. La gente salió corriendo para los saqueos y volvieron cargados de bolsas» el miércoles, agregó.

El temor de la enfermera por el clima de terror y amenazas se repetía en las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires ubicadas en la periferia de la capital.

«Mi hermana dice que en La Matanza están igual y mi hija que vive en El Palomar, lo mismo. A la noche se organizan para hacer guardias y queman cosas para evitar que se acerquen a atacar. Parece como si estuvieramos en guerra», dijo, aunque no sabe contra quién.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, admitió que circulan intensamente rumores acerca de bandas que asaltan viviendas y, si bien aseguró que la situación está más calmada que el jueves, recomendó a la población permanecer en su casa a la noche y llamar a la policía si es necesario.

El centro de la ciudad de Buenos Aires amaneció este viernes como si hubiera sido arrasado. En la última jornada del gobierno de De la Rúa se vivieron episodios dramáticos de protesta social espontánea y de brutal represión policial.

La huelga general este viernes y el temor por la violencia sustrajeron a la gente de las calles. Los vehículos incendiados aún humeantes, los cristales rotos de oficinas y negocios y una gran cantidad de comercios saqueados constituían un paisaje desolador, aunque ya sin la agitación del día anterior.

En ese clima más calmo, la justicia federal pidió cuentas a las autoridades salientes por la brutal represión policial y la muerte de manifestantes en la Plaza de Mayo, cerca de la Casa Rosada, sede de la Presidencia.

Dos fiscales federales denunciaron a De la Rúa como responsable de homicidios reiterados y lesiones graves cometidos por policías, que dispararon contra los manifestantes, los atropellaron con caballos y arrastraron a algunos varios metros por los cabellos.

El ex presidente De la Rúa, que se presentó repentinamente en la Casa Rosada este viernes, eludió sus responsabilidades sobre la represión, dijo que las autoridades actuaron en el marco de la ley y del estado de sitio e hizo, además, una confesión insólita.

«No tenía noticias de que aquí (en Plaza de Mayo) hayan ocurrido hechos trágicos. Mi información era otra, no tengo noticias de lo que me dice», respondió a un periodista que lo interrogó sobre las acciones policiales, cuyas imágenes transmitió en directo la televisión.

Al menos seis personas murieron en los alrededores de la casa de gobierno y uno más en las escalinatas del Congreso.

El resto de las muertes se registraron en los saqueos en el interior y en la periferia de la capital. Algunas personas murieron a causa de disparos policiales, otras al ser repelidos por comerciantes que se defendían de los asaltos con sus propias armas.

La mayoría de los víctimas tenían menos de 40 años y muchos eran adolescentes. Una niña de 11 años recibió un balazo en la cabeza cuando estaba a 150 metros de un supermercado al que se dirigía con su familia en procura de alimentos, en la provincia de Entre Ríos, según un periodista local.

A modo de epílogo, y lejos de una autocrítica, el ex presidente acudió este viernes a la Casa Rosada porque, dijo, quería derogar personalmente el decreto de estado de sitio que había firmado 48 horas antes y que provocó un estallido de protestas callejeras espontáneas.

De la Rúa aprovechó esa repentina aparición para acusar al Partido Justicialista de «precipitar los tiempos» y de «negar el apoyo» necesario para la continuidad institucional. «Creo haber obrado con lealtad, honestidad y con la profunda convicción de que hice lo necesario, lo debido para el país», aseguró.

El ex mandatario insistió en que Argentina precisaba una administración racional, sana y equilibrada como la que él estaba procurando, y sostuvo que, a su juicio, no fue la movilización popular lo que determinó el fin de su mandato.

«La ciudadanía se queja por la falta de resultados pero no por las políticas que estábamos aplicando», interpretó. Admitió que la medida de restringir el retiro de efectivo depositado en los bancos causó molestias, pero dijo que fue «un deber inexcusable».

Finalmente, De la Rúa dijo que concluía una etapa de su vida en la que había entregado «lo mejor» de sí mismo al país. «La gente comprenderá después, que hice lo que se debía y que tuve que afrontar muchas dificultades», manifestó. (FIN/IPS/mv/mj/ip/01

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