El presidente provisional de Argentina, Adolfo Rodrígez Saá, anunció este domingo, al recibir un mandato de tres meses del Congreso, la suspensión del pago de la deuda externa y medidas para recuperar el empleo y enfrentar la crítica situación social.
«Vamos a tomar el toro por las astas», dijo Rodríguez Saá, de 54 años, ante la asamblea legislativa (reunión conjunta de las dos cámaras parlamentarias), que también programó elecciones presidenciales para el 3 de marzo.
«Vamos a suspender el pago de la deuda externa y todo el dinero previsto en el presupuesto para esos pagos (…) será utilizado en planes de creación de trabajo y en progreso social», agregó el presidente interino, que se desempeñaba como gobernador de la provincia de San Luis, en el centro-oeste del país.
Los senadores y diputados presentes en la asamblea legislativa, que sesionó desde la noche del sábado hasta pasadas las 10 hora local (13 GMT) aplaudieron de pie a Rodríguez Saá, del Partido Justicialista (peronista).
Rodríguez Saa será reemplazado a fines de marzo por quien sea elegido el 3 de ese mes para completar el actual periodo de gobierno, hasta diciembre de 2003.
El plan de gobierno que presentó para su breve interinato supone un cambio radical frente a la gestión de Fernando de la Rúa, que renunció el jueves, acorralado por el caos social y económico y el aislamiento político.
«Más peligroso que no pagar la deuda externa es que sigan muriendo argentinos en las calles por el hambre, la miseria y la exclusión», señaló el presidente interino a los periodistas después de finalizar su discurso.
El presidente interino puntualizó que su decisión no significa «el repudio» de la deuda externa, sino que se trata de una medida obligada por la extrema gravedad de la crisis argentina. También aseguró que pondrá en conocimiento al Congreso de toda la información relativa al endeudamiento.
En lo inmediato, la suspensión de pagos afectará vencimientos por 1.400 millones de dólares correspondientes a diciembre y enero.
El viernes vencieron bonos gubernamentales para cuyo rescate se había acordado la fecha del 26 de este mes como último plazo, según informó el presidente del Senado, Ramón Puerta, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo hasta este domingo.
Rodríguez Saá, cuya designación supera el vacío de poder dejado por De la Rúa, anunció que no modificará el régimen de cambio fijo que sujeta hace 10 años el peso argentino a la paridad uno-uno con el dólar y que muchos analistas consideraban acabado.
Pero también dijo que, junto al peso y el dólar, habrá una tercera moneda, destinada a reactivar el consumo. Marcelo Bonelli, columnista del diario Clarín, sugirió que la emisión de la tercera moneda llegará a los 4.000 millones de dólares, que se sumará al circulante actual en pesos de 15.000 millones.
Habrá un plan especial para la creación de un millón de empleos, programas de distribución de alimentos y los propietarios de los comercios saqueados en la semana trágica que causó la renuncia de De la Rúa serán indemnizados.
Rodríguez Saá impondrá drásticas medidas de austeridad en la administración. Según aseguró, una iniciativa que se propone enviar de inmediato al Congreso limitará a 3.000 dólares el salario máximo en el Poder Ejecutivo. Y todos los automóviles y aviones pertenecientes a ese poder del Estado serán vendidos.
La remuneración del presidente es hasta ahora de 4.280 dólares por mes, pero los ministros ganaban mas de 10.000. En julio de este año se anunció que ningún funcionario podría tener una paga superior a 6.800 dólares mensuales por todo concepto, esa disposición era eludida con el pago de beneficios extraordinarios..
Resta saber si los parlamentarios se sumarán a esta política de austeridad. Los senadores nacionales obtienen por mes unos 10.000 dólares, entre salario y viáticos.
«A partir de hoy, nada será igual», afirmó el presidente interino, quien agregó que el capitalismo por sí solo «no puede dar respuesta al desempleo, el hambre y la exclusión» social.
La anarquía que se apoderó esta semana de Argentina, con el saldo de 27 muertos en episodios de saqueo o a causa de la represión policial de manifestaciones callejeras, marcaron un punto de inflexión en la historia argentina.
En efecto, la caída del gobierno de De la Rúa y del «súperministro» de Economía Domingo Cavallo, que renunció el miércoles, marcó el fin de políticas orientadas a atender las exigencias del mercado financiero internacional, como lo confirma el plan de emergencia del nuevo presidente.
El senador Rodolfo Terragno, de la centrista Unión Cívica Radical (UCR), que fue desplazada del poder al renunciar De la Rúa, declaró su apoyo a la suspensión de pagos que, a su juicio, es sólo el reconocimiento de un situación de hecho.
Terragno aseguró que él había recomendado a De la Rúa el cese y la reprogramación de pagos y lo mismo había sugerido el senador Raúl Alfonsín, también de la UCR y presidente del país entre 1983 y 1989.
Los miembos de la asamblea legislativa aprobaron por 169 votos contra 138 la propuesta del Partido Justicialista de designar a Rodríguez Saá como presidente interino y realizar elecciones el 3 de marzo para elegir un nuevo mandatario, que deberá completar el periodo de gobierno de De la Rúa, hasta diciembre de 2003.
El Partido Justicialista, que controla el Senado y tiene mayoría relativa en la Cámara de Diputados desde las elecciones parlamentarias de octubre, obtuvo el apoyo de partidos pequeños.
La oposición, representada por la UCR y fuerzas de centroizquierda, se pronunció en contra. Su argumento fue que, según la ley de acefalía, el presidente designado por la asamblea legislativa debería completar el periodo de gobierno que expira en 2003.
También se opusieron al sistema de ley de lemas previsto para las elecciones de marzo. La ley de lemas faculta a los partidos a presentar varios candidatos a la presidencia, que suman sus votos. El vencedor en marzo será el candidato más votado del partido mayoritario, y el justicialismo optó por ese sistema para evitar comicios internos que podrían dividirlo.
La determinación de realizar nuevas elecciones es apoyada por la mayoría de las personas consultadas por empresas encuestadoras. El Centro de Estudios de Opinión Pública difundió este domigno un estudio según el cual, 75,5 por ciento de los consultados creen «correcto» votar al futuro presidente.
Pero la oposición cree que, dada la magnitud de la crisis en curso, sería peligroso utilizar la ley de lemas, pues la dispersión del voto entre varios aspirantes del partido vencedor podría traducirse en un gobierno débil.
Cuatro gobernadores y un senador afiliados al Partido Justicialista ya declararon informalmente su intención de competir en las elecciones de marzo.
La encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública puso a la diputada Elisa Carrió, disidente de la UCR, al frente de la intención de voto.
Pero el justicialismo logra el mayor respaldo tratándose de la votación por partidos. Carrió, del movimiento Argentina para una República de Iguales (ARI), es contraria a la ley de lemas, por considerarla «anticonstitucional».
Es partidaria de la celebración de elecciones, aunque sin el doble voto simultáneo que entraña la propuesta del justicialismo aprobada por la asamblea legislativa.
Carrió, que ya lanzó su candidatura a la presidencia, pronunció el sábado de noche uno de los más encendidos discursos en la asamblea legislativa.
Rodríguez Saá descartó expresamente la devaluación del peso. Analistas económicos señalaron este domingo que empresas privatizadas y banqueros presionaron en los últimos días para impedir la devaluación, una medida que consideraba un equipo técnico designado por el Partido Justicialista tras la renuncia de De la Rúa.
La ruptura del régimen de cambio fijo era también promovida por la Unión Industrial Argentina y por numerosos economistas, que la creían necesaria para superar una crisis económica que se arrastra hace 41 meses.
También el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, había aconsejado el tipo de cambio flotante para Argentina, como modo de convergencia con la política cambiaria brasileña. La grave situación de Argentina determinó la suspensión de la cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur) del viernes en Montevideo.
Cardoso y los presidentes Luis González Macchi, de Paraguay, y Jorge Batlle, de Uruguay, anunciaron en Montevideo que viajarán en breve a Buenos Aires a otorgar personalmente el respaldo del Mercosur a las nuevas autoridades argentinas.
Rodríguez Saá gobernó ininterrumpidamente desde 1983 San Luis, de 77.000 kilómetros cuadrados y 355.000 habitantes, donde logró resultados que identifican a esa provincia como una de las pocas excepciones en un marco general de administraciones regionales saturadas de problemas.
El desempleo se ubica en San Luis en siete por ciento de la población económicamente activa, frente a más de 18 por ciento a escala nacional. Las cuentas de su administración arrojan superávit y no tiene deudas, sino reservas millonarias.
Rodríguez Saá, de quien los comentaristas destacaron su dimamismo e iniciativas, en contrapartida con De la Rúa, a quien se reprochaba pasividad y demora en la toma de decisiones, fomentó en San Luis las obras públicas, asegurando el empleo y la actividad económica.
El presidente interino tendrá un gabinete reducido. Desaparecen ministerios del área social, como el de Educación y el de Desarrollo Social, cuyas atribuciones serán cedidas a las gobernaciones provinciales.
La prolongada crisis llevó a la pobreza a un tercio de los 26 millones de habitantes de Argentina. (FIN/IPS/mv/ff/ip/01
