El gobierno de transición de Argentina, que encabezará Adolfo Rodríguez Saá hasta las elecciones previstas para marzo, mantendrá la convertibilidad monetaria y la restricción al retiro de efectivo de los bancos, aunque declararía el cese de pagos de la deuda pública.
«El sistema de convertibilidad se mantiene», dijo Rodríguez Saá este sábado, pocas horas antes de ser designado presidente interino por la Asamblea Legislativa tras la renuncia el jueves del presidente Fernando de la Rúa en medio de protestas populares y saqueos que dejaron un saldo de 26 muertes.
Rodríguez Saá, un dirigente cuestionado cuya gestión será vigilado de cerca por una ciudadanía que desconfía de los políticos, anunció la continuidad del régimen monetario que rige desde 1991 para aventar rumores que daban por descontado su final abrupto y una devaluación.
Gobernador de la occidental provincia de San Luis desde 1983 — fue reelegido cinco veces consecutivas— e integrante del Partido Justicialista, Rodríguez Saá había competido para ser candidato a presidente en tres oportunidades.
Esta vez, los gobernadores provinciales y los legisladores del justicialismo consideraron, al elegir a Rodríguez Saá como presidente de transición, que el desarrollo de San Luis podía ser un modelo a destacar en esta coyuntura.
Con un desempleo de apenas siete por ciento, frente al 18,3 por ciento a nivel nacional, y con un superávit fiscal, San Luis mejoró con Rodríguez Saá el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la minería, la industria y la infraestructura.
Pero el presidente designado también es acusado de utilizar el poder para enriquecerse, de manipular la justicia provincial y de autoritarismo.
Según versiones periodísticas, dirigentes del justicialismo consideraron en los últimos días que se debía devaluar la moneda y eliminar la convertibilidad, que establece la paridad del dólar con el peso, la moneda nacional.
Pero Rodríguez Saá advirtió que «no se inmolaría» con una medida de ese tipo al menos en los dos meses que durará su presidencia, según estas versiones.
«No se puede tocar el tipo de cambio fijo sin un plan de crecimiento y con un Banco Central debilitado y sin reservas», advirtió el justicialista Oscar Lamberto, ministro interino de Finanzas e Ingresos Públicos hasta que Rodríguez Saá designe a quien se hará cargo de la cartera durante los próximos dos meses.
El sistema de convertibilidad, creado por el gobierno del justicialista Carlos Menem (1989-1999) y mantenido por De la Rúa, de la Unión Cívica Radical, creó una caja de conversión que contiene un dólar por cada peso circulante para asegurar la cotización de la divisa estadounidense a la par de la moneda argentina.
Lamberto anticipó, además, que las nuevas autoridades deberán ser muy cautas en relación con las restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos que rigen hace tres semanas.
«El gobierno provisional no va a hacer ningun exabrupto», aseguró el funcionario, quien alertó sobre el riesgo de permitir que los depositantes puedan extraer dinero de los bancos porque «no hay con qué pagar» esos retiros. «Si autorizamos a retirar todo es como gritar fuego dentro de un teatro», comparó.
En cambio, hubo menos menciones concretas al pago de los intereses de la deuda pública, que suma 132.000 millones de dólares. Dirigentes justicialistas advirtieron al diario La Nación que se declararía el cese de pagos y una reestructuración con quita de capital y gracia para los intereses.
También se considera la emisión de bonos para financiar el déficit fiscal, la creación de un seguro de desempleo solventado con impuestos ya existentes y un plan de distribución de alimentos, que ya comenzó con el envío a las provincias de siete de los 18 millones de dólares prometidos con ese fin.
Las reacciones de la población ante los últimos anuncios políticos oscilaron entre una cauta expectativa y la desconfianza absoluta. No hubo más que festejos aislados por la caída de De la Rúa.
Numerosos mensajes a emisoras de radios o que circulan por correo electrónico advierten que los cambios anunciados son más tibios de lo esperado, y algunos llamaron a rodear este sábado la sede del Congreso legislativo, cuando sea designado Rodríguez Saá.
«La gente estaba harta, harta, harta», aseguró el gobernador de Chaco, Angel Rozas, presidente de la Unión Cívica Radical, quien aseguró haberle advertido en reiteradas ocasiones a De la Rúa, en vano, la necesidad de cambios.
«Que no crean los justicialistas que ellos ganaron, porque fue el pueblo (el) que ganó», advirtió una mujer por teléfono a Radio Mitre el viernes, ofuscada por la actitud triunfalista del partido que hasta el jueves dominaba la oposición.
La diputada opositora Elisa Carrió, líder del partido Acción para una República de Iguales, advirtió que la población se pronunció contra el modelo económico en las manifestaciones de esta semana.
También recordó que los legisladores justicialistas que ahora consagran a Rodríguez Saá otorgaron en marzo poderes especiales al ahora ex ministro de Economía Domingo Cavallo, principal blanco de las protestas.
A pesar de su imagen de administrador prolijo, Rodríguez Saá es blanco de numerosos cuestionamientos en su provincia por supuestos vínculos con actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, control indebido del Poder Judicial provincial y autoritarismo.
El gobernador «sembró un sistema de corrupción eficaz y autoritario», pero logró sucesivas reelecciones porque la ciudadanía valoró que «roba pero hace», afirmó el diputado provincial opositor Jorge Fernando Daffra.
Rodríguez Saá tiene «múltiples enemigos que lo acusan de enriquecimiento multimillonario en el poder y (de utilizar una) justicia (provincial) adepta» en su provecho, sostuvo este sábado el periodista Luis Sartori, del diario Clarín.
«Sus opositores le achacan todo defecto imaginable. Su ex secretario de Gobernación, Arturo Petrino, recordó que en 1983 el todavía no gobernador tendría dos autos y una propiedad hipotecada y ahora (posee) decenas de bienes. Se le adjudicaron mansiones millonarias», indicó Gabriel Pasquini, de La Nación.
El ex senador Alberto Rodríguez Saá, hermano del presidente designado y ambos pertenecientes al mismo sector político, es objeto de una denuncia judicial por enriquecimiento ilícito, iniciada en octubre de 2000 por un diputado del opositor Frente País Solidario, Juan Laborde, de San Luis.
Laborde aseguró que Alberto Rodríguez Saá posee 22 millones de dólares y decenas de propiedades que no podría justificar por sus ingresos.
En respuesta adelantada a eventuales cuestionamientos, el senador justicialista y presidente provisorio hasta este sábado, Ramón Puerta, dijo el viernes que la salud fiscal de la provincia de San Luis es «demasiado importante como para que estemos mirando otros detalles».
Carrió anunció su candidatura a la presidencia en marzo, en lo que se constituyó como el primer lanzamiento de campaña. Mientras, los justicialistas planifican presentar varios candidatos, en caso de que este sábado se apruebe una reforma de la ley electoral que permita esa posibilidad.
El régimen conocido como «ley de lemas», que rige en cinco provincias, permitiría la presentación de múltiples candidaturas por cada partido. El ganador de las elecciones sería el candidato más votado del partido mayoritario.
Esta fórmula permitiría que llegue al gobierno un candidato que no sea el que haya recibido más votos, lo cual, advierten constitucionalistas, debilitaría la ya muy golpeada institucionalidad.
La designación del presidente interino se realiza mediante la mayoría simple de la asamblea legislativa, pero para reformar la ley electoral se necesitará de la mayoría absoluta.
De la Rúa fue derribado por una prolongada crisis que se manifiesta en la continuada caída de la actividad económica durante 41 meses, un desempleo superior a 18 por ciento, una creciente deuda pública y el estallido social.
Como candidato, De la Rúa se había compometió en 1999, al formar gobierno, a superar el proceso de deterioro gestado en la etapa final de la gestión de Menem. (FIN/IPS/mv/mj/ip if/01
