Más de dos millones de armas livianas y de guerra circulan de manera ilegal en América Central, advirtieron autoridades y organizaciones de la sociedad civil en un foro iniciado este lunes en la capital costarricenses.
El gobierno de Costa Rica y la no gubernamental Fundación Arias para la Paz expresaron su preocupación por la gran cantidad de armas que todavía están en manos civiles, herencia de los conflictos armados de los años 70, 80 y parte de los 90 en el istmo.
La llegada de la paz dejó a la deriva miles de armas que fueron utilizadas por las guerrillas y los ejércitos, entre las que se cuentan incluso fusiles AK-47 y M16, cohetes RPG-7 y granadas de mano.
«Muchas armas quedaron en poder de ex combatientes y pasaron a manos de ciudadanos tras finalizar los conflictos», dijo a IPS la vicecanciller de Costa Rica, Elayne Whyte, en un alto en su participación en la «Conferencia de armas pequeñas y livianas en Centroamérica», que se realiza en San José hasta este miércoles.
La finalización de los procesos de paz y de desarme en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por ejemplo, hizo que muchos ex combatientes y ex miembros de las fuerzas de seguridad se hayan pasado a filas del crimen organizado, sostienen activistas humanitarios.
El proceso de desarme en Nicaragua se desarrolló entre 1990 y 1993, en El Salvador se inició en 1992 y en Guatemala comenzó en 1996, con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla.
Whyte entiende necesario que los gobiernos de América Central se pongan de acuerdo para tomar medidas conjuntas, penalizar la portación de armamento ilegal y encarar campañas para advertir a la población.
Al encuentro de San José asisten delegados gubernamentales y de la sociedad civil de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para discutir la puesta en marcha del llamado Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas sobre armamento, que fuera aprobado este año en Nueva York.
Lara Blanco, directora de la no gubernamental Fundación Arias para la Paz, manifestó a IPS que el problema de las armas en el istmo va más allá del tráfico ilegal en el mercado negro.
«Las armas se pueden obtener también de manera fácil y legal y se utilizan en muchos casos para matar familiares, vecinos, conocidos y para la comisión de suicidios», indicó.
La experta sostuvo que es sencillo evadir los requisitos para obtener los permisos de portación de armas, ya sea por la intervención de amistades o por soborno.
«En algunos países centroamericanos un solo permiso sirve para portar entre tres y cinco armas y, en particular en El Salvador, no existe límite», añadió Blanco.
La portavoz de la Fundación Arias para la Paz, fundada por el ex presidente costarricense Oscar Arias (1986-1990), ganador en 1987 del premio Nobel de la Paz, aseguró que el revólver es el arma más vendida en Honduras, Nicaragua y Panamá.
En países como Costa Rica y El Salvador, el arma favorita de los compradores es la pistola, mientras que en Guatemala los civiles se arman con pistolas, revólveres, rifles, escopetas y fusiles.
Las autoridades y activistas entienden que el gran número de armas en manos de civiles incide en el aumento de la violencia que se registra en América Central.
Un estudio realizado en Nicaragua durante tres meses de 1998 y 1999 reveló que 30 de cada 100 delitos dejó como saldo una persona muerta con arma de fuego.
«Necesitamos establecer una red regional para regular el tráfico de armas», manifestó a IPS el nicaragüense Roberto Cajina, consultor civil en seguridad y defensa.
Cajina añadió que los países de América Central deben buscar, como bloque, recursos ante las naciones cooperantes, pues será más difícil lograr resultados si cada uno combate contra el tráfico ilegal de armas por su cuenta.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que en América Latina y el Caribe la portación ilegal de armas afecta la economía de manera directa o inditecta.
«Estos costos se derivan, por ejemplo, de los heridos, los muertos o los daños materiales que provocan las armas», añadió Cajina.
El BID calcula que los costos causados por la violencia en América Latina y el Caribe ascienden entre 140.000 y 170.000 millones de dólares por año.
Aunque no hay datos estadísticos, los expertos coinciden en que en los últimos años el istmo se ha visto azotado por una ola creciente de robos, asaltos a bancos, secuestros y ataques de bandas juveniles.
Ante este fenómeno y la falta de respuesta de las autoridades, los analistas señalan que muchos sectores sociales han decidido comprar armas para defenderse por su cuenta.
Un estudio elaborado en conjunto por varios organismos, entre ellos el Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá, señala que en los últimos años han proliferado en América Central empresas privadas que brindan seguridad.
Según esta investigación, el gobierno guatemalteco reportó en 1999 la existencia de 116 empresas privadas de seguridad, que empleaban a 35.000 agentes, que representaba más del doble de funcionarios policiales.
En ese mismo año, en El Salvador sólo 8.118 de los 17.000 agentes privados de seguridad habían completado el curso de capacitación que exige la Academia Nacional de Seguridad Pública para ejercer ese trabajo.
«La transición del control militar al control civil de la policía en Honduras y de los tres países centroamericanos que vivieron períodos de posconflicto (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) ha dado lugar a un deficiente servicio de seguridad pública», agrega el estudio.
Algunas instituciones académicas de la región sostienen que el número de armas ilegales que circula en América Central podría ser muy superior a lo que se ha calculado hasta ahora.
«Calculamos que sólo en Guatemala hay dos millones de armas en manos de civiles y en El Salvador medio millón», indicó a IPS José Miguel Cruz, de la privada salvadoreña Universidad Centroamericana (UCA).
Cruz, director del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, sostuvo que en todo el istmo podrían haber más de tres millones de armas en manos de civiles, contando las legales y las ilegales.
«El impacto de esta cifra es muy grande para nuestras sociedades», indicó.
Estadísticas oficiales señalan que en Honduras se registran entre 45 y 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, en El Salvador entre 80 y 90, y en Guatemala la cifra se sitúa en 101 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Cruz destacó que actualmente los centroamericanos se sienten indefensos, sobre todo en los países del norte de la región, precisamente en Honduras, El Salvador y Guatemala.
«Es necesario que hagamos un esfuerzo para un mayor control y una legislación adecuada para la portación de armas», indicó el experto. (FIN/IPS/nms/dm/ip/01
